Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han dado un nuevo impulso a la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea. El objetivo es establecer acuerdos con países terceros que permitan trasladar allí a personas cuya expulsión haya sido ordenada por un Estado miembro.
La reunión celebrada en Copenhague pretende convertir esta idea en un mecanismo operativo. Los cinco gobiernos han pactado un modelo de trabajo y una hoja de ruta para intensificar las negociaciones con posibles países colaboradores.
Dinamarca quiere acelerar el calendario. Su Gobierno confía en cerrar un primer acuerdo alrededor de finales de 2026 o comienzos de 2027 y aspira a que las primeras expulsiones puedan realizarse antes de que termine ese mismo año.
El planteamiento supone un cambio relevante en la política migratoria europea: en lugar de limitar las devoluciones al territorio de origen o a los países de tránsito, Bruselas y varios gobiernos nacionales exploran la posibilidad de mantener a los deportados en centros situados fuera del espacio comunitario mientras se ejecuta su retorno.
De Albania a Ruanda: los precedentes que pesan
El proyecto llega después de varios intentos que han demostrado las dificultades de externalizar las políticas migratorias. El acuerdo impulsado por Italia con Albania se ha convertido en uno de los principales precedentes. La infraestructura levantada para gestionar a migrantes fuera del territorio italiano ha afrontado problemas judiciales, costes elevados y un funcionamiento muy por debajo de las expectativas iniciales.
Dinamarca también intentó avanzar por esta vía con Ruanda, aunque aquellas conversaciones no terminaron dando lugar al mecanismo que Copenhague pretendía.
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Pese a estos obstáculos, los gobiernos partidarios de los llamados return hubs consideran que ahora existe una oportunidad diferente. Cerca de una veintena de Estados miembros han mostrado interés en esta fórmula y varios de ellos han reclamado apoyo económico de la Comisión Europea.
El nuevo reglamento europeo de retornos proporciona además el marco jurídico para estudiar estos centros. Una de las cuestiones más sensibles es que el sistema podría afectar también a familias con menores, una posibilidad que ha provocado fuertes críticas.
El gran debate: expulsiones, control y derechos humanos
La apuesta por estos centros responde a una preocupación política cada vez mayor: la dificultad de ejecutar las órdenes de retorno. Para los gobiernos que defienden el modelo, una política de expulsiones resulta poco efectiva si las decisiones administrativas no pueden llevarse a la práctica.
La crisis migratoria registrada recientemente en Ceuta ha reforzado, además, la posición de los países que reclaman controles más estrictos y una reducción drástica de la inmigración irregular.
Pero el proyecto también abre un complejo frente jurídico y humanitario. Organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales temen que trasladar a personas fuera de la UE pueda dificultar la supervisión de sus condiciones y la protección efectiva de sus derechos.
El Consejo de Europa ha advertido incluso del riesgo de crear un “agujero negro de derechos humanos” si estos centros carecen de garantías suficientes.
Los gobiernos implicados rechazan esa interpretación y sostienen que cualquier acuerdo deberá incluir controles legales y mecanismos de supervisión. También defienden la participación de organismos internacionales para vigilar el funcionamiento de las instalaciones.
La cuestión decisiva será ahora encontrar un país dispuesto a asumir el acuerdo y establecer unas condiciones aceptables para todas las partes. Si las negociaciones avanzan según el calendario previsto, 2027 podría convertirse en el año en que los centros de deportación fuera de la UE pasen de la planificación a la práctica. @mundiario
