La relación entre Canadá y la Unión Europea está entrando en una fase que hasta hace poco habría parecido difícil de imaginar. El primer ministro Mark Carney quiere estrechar los vínculos con Bruselas hasta construir una alianza capaz de reducir la dependencia económica y estratégica de Estados Unidos, precisamente cuando la guerra comercial con Washington ha convertido esa dependencia en uno de los principales riesgos para Ottawa. La fórmula que aparece sobre la mesa es la de un eventual “miembro asociado” de la UE, aunque existe una precisión fundamental: esa categoría no existe actualmente en el ordenamiento comunitario y Carney ha aclarado que Canadá no pretende convertirse en miembro de la Unión.
La propuesta, por tanto, no consiste en que Canadá pase a ser el hipotético vigésimo octavo Estado de la Unión Europea. Se trata de explorar una relación intermedia, todavía sin diseño jurídico definitivo, que permita a Canadá integrarse mucho más profundamente en determinadas áreas del proyecto europeo sin asumir todas las obligaciones de un Estado miembro. Carney lo ha definido como una “alianza única” basada en valores compartidos, prioridades coincidentes y capacidades complementarias.
Ahí está la verdadera importancia de la iniciativa. Ottawa no busca solamente nuevos mercados para sustituir parcialmente al estadounidense. Está intentando construir una red de relaciones que haga menos vulnerable al país ante decisiones comerciales, industriales o estratégicas adoptadas en Washington. La escalada arancelaria entre Canadá y Estados Unidos ha dado urgencia a una estrategia de diversificación que ya existía, pero que ahora adquiere una dimensión geopolítica.
La primera dificultad es precisamente terminológica. No existe actualmente un estatus de “miembro asociado” de la Unión Europea comparable al de un país miembro, por lo que cualquier fórmula para Canadá tendría que construirse mediante nuevos acuerdos y mecanismos jurídicos específicos. Reuters confirmó que Ottawa busca una relación más estrecha, mientras que la información publicada por The Wall Street Journal apuntó a la posibilidad de explorar esa denominación.
Eso significa que no habría, al menos de entrada, representación canadiense en las instituciones comunitarias ni participación plena en la toma de decisiones de la UE. Tampoco supondría automáticamente la libre circulación completa de personas, el acceso integral al mercado único o la adopción de todas las políticas comunitarias.
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Lo que se negocia es algo mucho más selectivo: acercar determinadas partes de la economía canadiense al espacio europeo. Entre las conversaciones aparecen energía, minerales críticos, inteligencia artificial, defensa, investigación, comercio digital, cadenas de suministro y movilidad profesional. También se estudian proyectos de infraestructura como cables submarinos, centros de datos, almacenamiento en la nube y redes de satélites, además de mecanismos para facilitar la llegada de energía canadiense a Europa.
La movilidad de trabajadores constituye otro de los elementos potencialmente más ambiciosos. Según las informaciones publicadas, Ottawa y algunos gobiernos europeos estudian fórmulas que podrían facilitar que ciudadanos canadienses vivan y trabajen temporalmente en países de la UE. También se contempla una mayor participación canadiense en programas europeos de investigación y educación.
En otras palabras, el objetivo sería acercar progresivamente determinadas fronteras económicas, tecnológicas y profesionales sin borrar la frontera política entre Canadá y la Unión Europea.
El factor Trump explica buena parte de la aceleración
La estrategia económica de Canadá no puede entenderse sin la histórica y asimétrica relación comercial que mantiene con Estados Unidos. El país norteamericano arrastra una extraordinaria dependencia estructural de su vecino del sur, hacia donde dirige el 75 % de sus exportaciones (lo que representa cerca del 20 % de todo el PIB canadiense). No obstante, tras el colapso definitivo de las negociaciones bilaterales el pasado 21 de agosto, la administración de Carney ordenó aplicar de urgencia aranceles de represalia por valor de 20.000 millones de dólares contra bienes estadounidenses, respondiendo «dólar por dólar» a los gravámenes del 50 % que el presidente Donald Trump impuso de forma previa.
La cuestión no es únicamente cuánto comercio puede trasladarse de Estados Unidos a Europa. También está en juego quién suministra tecnología, minerales estratégicos, energía, componentes industriales y capacidades de defensa. En un escenario de rivalidad creciente entre Washington y Pekín, disponer de socios alternativos se ha convertido para Canadá en una cuestión de seguridad económica.
Europa también tiene incentivos. La UE necesita diversificar proveedores de materias primas críticas, reforzar determinadas cadenas industriales y reducir vulnerabilidades tecnológicas. Canadá posee recursos naturales, capacidad energética, instituciones financieras desarrolladas y una economía complementaria con la europea. De ahí que la relación tenga una lógica que va mucho más allá de la reacción coyuntural a Trump.
Canadá y la Unión Europea ya disponen de un marco preferencial sólido: el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), firmado en octubre de 2016 y aplicado de forma provisional desde el 21 de septiembre de 2017. El tratado comercial ha permitido expandir el intercambio bilateral de bienes y servicios hasta rozar los 130.000 millones de euros, eliminando el 98 % de las líneas arancelarias mutuas desde el primer día de su puesta en marcha preliminar. No obstante, el tortuoso recorrido institucional del CETA en el viejo continente demuestra cómo los acuerdos de libre comercio de la UE —incluso entre socios con profundas afinidades democráticas— encallan de forma crónica en largos y complejos laberintos políticos de ratificación.
Ese precedente explica la cautela de algunos Estados miembros ante la idea de crear una arquitectura especial para Canadá. Si Bruselas diseña un modelo de asociación extraordinariamente profundo, otros países podrían reclamar fórmulas semejantes. Noruega, Suiza, Islandia o el Reino Unido constituyen ejemplos de socios europeos que mantienen relaciones particularmente estrechas con la UE sin pertenecer al bloque.
Por eso la discusión no consiste simplemente en decidir si Canadá “entra” o “no entra” en Europa. La cuestión es hasta dónde puede llegar la integración con un país que no pertenece geográficamente al continente y que, además, no pretende convertirse formalmente en miembro.
Una alianza que también tiene dimensión estratégica
El acercamiento estratégico también se ve fuertemente respaldado por una mayor cooperación industrial de defensa y la firme postura de Ottawa en apoyo a Ucrania de cara al invierno. Tras una cumbre de alto nivel celebrada en Calgary el 10 de septiembre, el primer ministro canadiense y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sellaron un histórico acuerdo militar integral que supera los 1.240 millones de euros. Esta alianza, alineada con las prioridades de los socios europeos, incluye el desembolso inmediato de 218,1 millones de euros para misiles interceptores de defensa aérea y un ambicioso plan industrial para destinar un tercio de toda la producción de drones de Canadá a la defensa inmediata de Kiev.
La gira europea del primer ministro Mark Carney, que incluye un histórico discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo y su asistencia al debate sobre el Estado de la Unión, convertirá la aproximación geoeconómica con el bloque en una agenda política prioritaria. El eje estratégico de este viaje se consolidará el próximo domingo 20 de septiembre, fecha en la que Carney sostendrá una cumbre bilateral de alto nivel con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el archipiélago de San Pedro y Miquelón. El encuentro en este territorio de ultramar francés —situado a escasos 25 kilómetros de las costas de Terranova— adquiere un profundo simbolismo soberanista y servirá para sentar las bases de una «alianza única» integral que blinde los sectores clave de ambas potencias.
El simbolismo es evidente, pero el proyecto tendrá que superar obstáculos concretos. Canadá está al otro lado del Atlántico, sus intereses comerciales siguen estando fuertemente vinculados a Estados Unidos y cualquier ampliación de los mecanismos europeos exige acuerdos entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias.
Por eso el concepto de “Estado asociado a la UE” debe manejarse todavía como una hipótesis política, no como una figura jurídica consolidada. Carney busca una relación extraordinariamente estrecha con Europa, pero ha dejado claro que no persigue la membresía. El objetivo es crear una tercera vía: suficiente integración para reducir vulnerabilidades, pero suficiente autonomía para que Canadá conserve su propia política comercial, exterior e institucional.
En el fondo, la apuesta canadiense representa una redefinición de su posición internacional. Durante décadas, la proximidad con Estados Unidos fue una ventaja económica estructural. Ahora Ottawa intenta que esa misma proximidad no se convierta en una dependencia estratégica. Europa aparece como el socio con el que Canadá puede diversificar comercio, tecnología, energía, defensa y cadenas de suministro sin abandonar su identidad norteamericana. @mundiario
