La guerra entre Estados Unidos e Irán ha dejado de ser únicamente una cuestión de objetivos alcanzados, misiles interceptados o instalaciones iraníes destruidas. El primer informe del inspector general del Departamento de Defensa sobre la operación Epic Fury introduce ahora una dimensión menos visible pero potencialmente más importante: la capacidad de Estados Unidos para mantener durante un periodo prolongado una campaña de alta intensidad.
El documento remitido al Congreso confirma que entre el 28 de febrero y el 30 de junio la operación había supuesto unos 33.400 millones de dólares. De esa cantidad, 22.300 millones correspondían a municiones utilizadas, 7.400 millones a obligaciones acumuladas de la operación y otros 3.700 millones a pérdidas de equipos. La cifra, además, no incluye todavía el coste de reparar las infraestructuras dañadas por los ataques iraníes.
La palabra que cambia la lectura del conflicto es escasez. El informe señala que el consumo de munición ha provocado «strategic inventory shortfalls» —carencias estratégicas de inventario— y ha revelado cuellos de botella en la industria encargada de reponer las reservas. No se trata, por tanto, de que Estados Unidos haya quedado sin capacidad militar, sino de que una campaña sostenida ha reducido determinados stocks a un nivel que obliga a acelerar producción, reorganizar suministros y asumir que recuperar las reservas anteriores a la guerra llevará tiempo.
Ahí aparece la principal contradicción política de las últimas semanas. Mientras los informes periodísticos advertían de dificultades con algunos misiles e interceptores, la Administración Trump había rechazado que existiera un problema significativo. El propio presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos disponía de «cantidades prácticamente ilimitadas de municiones» y, en su plataforma Truth Social, sostuvo que el país estaba produciendo «armas más sofisticadas y de élite que en cualquier otro momento de nuestra historia». El informe del inspector general no afirma que las Fuerzas Armadas carezcan de armas para combatir, pero sí documenta que la utilización masiva durante Epic Fury ha generado déficits y problemas de reposición.
El balance material permite reconstruir el verdadero impacto de los ataques iraníes sobre las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. En informe oficial del Inspector General del Departamento de Defensa de EE UU, publicado el 15 de septiembre, registra más de 50 aeronaves afectadas entre destruidas y dañadas. El documento detalla la pérdida de cuatro cazas de combate F-15E Strike Eagle (tres de ellos por fuego amigo), un caza furtivo de quinta generación F-35A Joint Strike Fighter dañado por fuego enemigo, un avión de ataque A-10 Thunderbolt II, seiete aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker (cinco de ellos impactados en tierra en Arabia Saudí) y cuatro helicópteros de ataque AH-6 Little Bird que debieron ser destruidos por las propias fuerzas ante la imposibilidad de ser rescatados.
La cifra más contundente del reporte corresponde a los drones de reconocimiento y ataque MQ-9 Reaper, con un total de 30 unidades destruidas durante los cuatro meses evaluados del conflicto, lo que representa una pérdida cercana a los 900 millones de dólares solo en esta flota.
Los KC-135 tienen una importancia particular porque no son simplemente aviones más dentro del inventario. Su función consiste en ampliar el radio de acción y la permanencia en vuelo de los cazas y bombarderos. Cinco de ellos fueron alcanzados mientras estaban en tierra en Arabia Saudí, según el balance difundido a partir del informe. También resultaron afectados aviones de vigilancia, helicópteros y otras plataformas esenciales para mantener una operación aérea prolongada.
El coste de los equipos perdidos alcanza los 3.700 millones de dólares, según la contabilidad oficial hasta finales de junio. Pero esa cifra no representa todo el daño físico causado durante la guerra: el Pentágono reconoce que cientos de edificios y estructuras militares fueron dañados o destruidos en Kuwait, Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak, Omán y Jordania.
El mapa muestra así una característica esencial de esta guerra: Irán no necesitó neutralizar completamente las instalaciones estadounidenses para elevar el coste de mantenerlas operativas. Los ataques obligaron a modificar despliegues, reparar instalaciones y alterar determinadas rutas logísticas. El informe incluso señala dificultades para utilizar puertos y bases regionales y recoge los problemas derivados de trasladar parte del apoyo logístico hasta Diego García, con ciclos de transporte marítimo de entre 14 y 18 días.
La factura continúa creciendo
La dimensión diplomática añade otra capa al balance. Las instalaciones estadounidenses en Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos acumularon unos 184 millones de dólares en daños. Irak concentra más de 157 millones, muy por encima de Kuwait, con más de 14 millones; Arabia Saudí registra unos 11,5 millones y Emiratos alrededor de 125.000 dólares. La misión estadounidense en Irak sufrió además más de 600 ataques durante el periodo analizado.
El dato resulta significativo porque muestra que el coste de la guerra no se limita al Departamento de Defensa. Las consecuencias alcanzan también al aparato diplomático estadounidense y a las instalaciones que sostienen su presencia regional. Y todavía queda una incógnita: Washington no ha determinado si todas las infraestructuras militares dañadas serán reconstruidas ni quién asumirá finalmente el coste.
El informe del inspector general tiene una limitación temporal importante: llega hasta el 30 de junio. Por ello, los 33.400 millones de dólares no representan el coste definitivo de la guerra. De hecho, una estimación difundida este 15 de septiembre por la Oficina Presupuestaria del Congreso sitúa el coste acumulado en unos 38.000 millones y calcula que podría aumentar en alrededor de 3.000 millones mensuales si continúan las operaciones. Ese mismo análisis advierte de que reponer determinados misiles de largo alcance podría requerir hasta cinco años.
La diferencia entre tres y cinco años no es menor, aunque procede de evaluaciones distintas. El informe del inspector general pone el foco en los cuellos de botella y en la necesidad de recuperar las reservas; la estimación posterior del Congreso incorpora la evolución del conflicto y ofrece un horizonte más amplio para determinados sistemas. En ambos casos aparece el mismo problema: fabricar munición sofisticada no equivale a disponer inmediatamente de ella. @mundiario
