El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado un nuevo giro al conflicto sobre la comprobación de la ciudadanía de los votantes. La Corte ha suspendido el bloqueo judicial que impedía utilizar la versión modificada del sistema SAVE, una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ahora puede cruzar información de ciudadanía con registros de electores.
La decisión, adoptada el 25 de septiembre, no resuelve definitivamente el litigio. El Supremo ha permitido que el programa vuelva a utilizarse mientras continúa el proceso judicial y mientras se estudia una posible revisión del caso por parte de la propia Corte.
El cambio llega antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y supone que los Estados pueden volver a recurrir a esta herramienta para realizar determinadas comprobaciones individuales sobre la ciudadanía de los votantes.
SAVE ya no funciona como antes
El programa SAVE existe desde 1986 y fue creado para que las administraciones pudieran comprobar el estatus migratorio y la ciudadanía de personas que solicitaban determinadas prestaciones públicas. La Administración de Donald Trump amplió sus funciones en 2025 para utilizarlo también en procesos relacionados con los registros electorales.
La modificación introdujo dos cambios relevantes. Por un lado, incorporó información procedente de la Administración de la Seguridad Social, incluidos números de la Seguridad Social. Por otro, permitió realizar búsquedas de varias personas al mismo tiempo.
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El Gobierno sostiene que la legislación federal le permite compartir y recibir información sobre ciudadanía a través de DHS. El Supremo considera, de forma provisional, que existen argumentos suficientes para pensar que la Administración puede terminar imponiéndose en el fondo del litigio.
Sin embargo, la sentencia no determina que todos los datos utilizados por SAVE sean correctos ni autoriza automáticamente a los Estados a eliminar votantes de sus registros.
El principal riesgo está en los errores de identificación
Precisamente ahí se encuentra una de las mayores controversias. Organizaciones que demandaron al Gobierno sostienen que los registros de la Seguridad Social pueden estar desactualizados y que una falta de coincidencia no significa necesariamente que una persona no sea ciudadana estadounidense.
La propia resolución del Supremo recoge el caso de una votante naturalizada cuyos registros de la Seguridad Social no reflejaban correctamente su ciudadanía. Con el sistema modificado, podría haber tenido que aportar documentación adicional para demostrar que tenía derecho a votar.
En Texas también se detectaron problemas durante anteriores comprobaciones. Las autoridades del condado de Travis revisaron 97 personas señaladas por SAVE como posibles no ciudadanas y confirmaron posteriormente que al menos 11 eran ciudadanos estadounidenses.
La decisión del Supremo vuelve a colocar, por tanto, la precisión de los registros y la protección de los datos personales en el centro del debate. Además, la Corte deja pendiente otra cuestión relevante: la legislación federal limita determinadas operaciones sistemáticas de limpieza de los padrones durante los 90 días anteriores a una elección federal. @mundiario
