Francia vuelve a estallar: de Mayo del 68 a Macron, la crisis se repite

Francia vuelve a enfrentarse a una pregunta que ha marcado buena parte de su historia contemporánea: ¿por qué un país con una sólida tradición democrática, instituciones consolidadas y un Estado social desarrollado termina convirtiendo periódicamente sus calles en el escenario de profundas crisis políticas? Las movilizaciones de octubre de 2026, acompañadas de disturbios, daños materiales y un amplio despliegue policial, no constituyen un fenómeno aislado. Son el episodio más reciente de una relación conflictiva entre la ciudadanía y el poder, en la que las protestas funcionan como una forma de presión política cuando los mecanismos institucionales parecen insuficientes para canalizar el descontento.

La respuesta del Gobierno de Emmanuel Macron, que ha movilizado a unos 70.000 policías y gendarmes para prevenir nuevos episodios de violencia, refleja la gravedad del momento. Pero también pone de manifiesto una contradicción que Francia conoce bien: el Estado necesita garantizar el orden público sin convertir la seguridad en un sustituto del diálogo político. Los saqueos y ataques contra edificios no pueden confundirse con el ejercicio legítimo del derecho de manifestación. Sin embargo, tampoco sería acertado reducir el conjunto de las movilizaciones a sus expresiones más violentas. Detrás de las protestas confluyen demandas sobre poder adquisitivo, educación, servicios públicos y representación política que requieren respuestas distintas de las estrictamente policiales.

Mayo del 68: cuando una protesta estudiantil cuestionó todo un modelo de sociedad

La comparación con Mayo de 1968 resulta especialmente reveladora. Aquel movimiento comenzó con reivindicaciones universitarias, pero rápidamente se extendió a fábricas y centros de trabajo hasta desembocar en una huelga general de dimensiones históricas. La crisis puso contra las cuerdas al Gobierno del general Charles de Gaulle y cuestionó las estructuras de autoridad, las relaciones laborales y los valores sociales de la Francia de posguerra. Sin embargo, las circunstancias económicas eran muy diferentes de las actuales: el país atravesaba una etapa de crecimiento y modernización. En 1968, buena parte de la contestación surgía de una sociedad que aspiraba a transformar sus libertades y sus relaciones de poder; en 2026, el malestar descrito en las movilizaciones aparece más vinculado a la incertidumbre económica y al deterioro percibido de las condiciones de vida.

La historia también demuestra que una movilización masiva no conduce necesariamente a una victoria electoral de quienes protestan. Después de Mayo del 68, De Gaulle disolvió la Asamblea Nacional y los gaullistas obtuvieron una amplia mayoría en las elecciones legislativas de junio. El Gobierno sobrevivió a aquella crisis inmediata, aunque el episodio dejó transformaciones sociales profundas y debilitó políticamente al presidente, que abandonaría el poder en 1969. La enseñanza es relevante para la Francia actual: el impacto cultural de una protesta y sus consecuencias electorales pueden avanzar en direcciones diferentes. La indignación en las calles no se traduce automáticamente en un proyecto político compartido.

De los chalecos amarillos de 2018 a las protestas de 2026

Medio siglo después de Mayo del 68, Francia volvió a vivir una movilización que desbordó los canales tradicionales de representación. Los chalecos amarillos surgieron en noviembre de 2018 como respuesta al aumento previsto de los impuestos sobre los combustibles. Lo que inicialmente parecía una protesta fiscal se transformó en un cuestionamiento más amplio de las desigualdades territoriales, el costo de vida y la distancia entre las élites políticas y una parte de la población. Su fuerza procedía precisamente de una característica que también complicaba cualquier negociación: la ausencia de una dirección única capaz de representar a todos los participantes.

El regreso de los chalecos amarillos al escenario de octubre de 2026 permite identificar continuidades, pero también diferencias. En 2018, Macron se encontraba en la primera etapa de su presidencia y todavía disponía de años para intentar reconstruir su relación con los sectores descontentos. Ahora se aproxima el final de su segundo mandato, sin posibilidad de presentarse a una tercera presidencia consecutiva. Además, las protestas reúnen reivindicaciones estudiantiles, laborales y sociales que no necesariamente comparten una misma agenda. El riesgo para el Ejecutivo no reside únicamente en la magnitud de las movilizaciones, sino en que distintos sectores terminen identificando al Gobierno como el símbolo de problemas acumulados durante años.

La reforma de las pensiones de 2023: otro precedente que Macron no logró superar

La crisis por la reforma de las pensiones de 2023 ofrece una tercera comparación. Entonces, el Gobierno impulsó el aumento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y recurrió al mecanismo constitucional del artículo 49.3 para sacar adelante la reforma sin una votación final ordinaria en la Asamblea Nacional. La decisión desencadenó manifestaciones multitudinarias y profundizó las críticas sobre la forma de ejercer el poder. A diferencia de los chalecos amarillos, aquellas protestas contaban con una importante coordinación sindical y una reivindicación concreta, pero tampoco consiguieron impedir la entrada en vigor de la medida.

Los tres antecedentes muestran una constante: las instituciones francesas poseen una considerable capacidad para resistir la presión de la calle, aunque esa fortaleza no garantiza la recuperación de la confianza ciudadana. La Quinta República, diseñada en 1958 para dotar al Ejecutivo de estabilidad, concentra importantes atribuciones en la Presidencia. Esa arquitectura puede facilitar la continuidad del Estado durante las crisis, pero también personaliza el conflicto político. Cuando las decisiones impopulares se asocian directamente con el presidente, la protesta deja de dirigirse exclusivamente contra una política pública y comienza a cuestionar su manera de gobernar.

La oportunidad de Le Pen y los límites de capitalizar el descontento

En este contexto, el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella busca convertir la preocupación por la seguridad y el deterioro de la confianza institucional en una ventaja de cara a las presidenciales de 2027. La coincidencia entre las movilizaciones y la actividad política del partido permite a la derecha radical reforzar su discurso sobre autoridad y orden público. Sin embargo, sería una simplificación atribuirle automáticamente el respaldo de quienes protestan. La movilización francesa es ideológicamente heterogénea: en ella participan sindicatos, estudiantes y ciudadanos con demandas económicas y sociales que pueden estar muy alejadas de las propuestas del RN. El malestar con Macron no equivale necesariamente a una adhesión a Le Pen, del mismo modo que la protesta de 1968 no produjo una victoria inmediata de la izquierda.

El verdadero desafío de Francia es más profundo que el desenlace de una jornada de disturbios o el resultado de las próximas elecciones. La deuda pública, las restricciones presupuestarias y las dificultades para sostener las expectativas sobre los servicios públicos limitan la capacidad de cualquier Gobierno para ofrecer soluciones inmediatas. Al mismo tiempo, una respuesta centrada exclusivamente en el control policial puede contener episodios violentos sin resolver las causas del descontento. La historia francesa demuestra que el orden puede restablecerse mucho antes de que desaparezcan las fracturas sociales. Mayo del 68 cambió la sociedad sin derribar inmediatamente al Gobierno; los chalecos amarillos obligaron a Macron a modificar su respuesta política sin acabar con su presidencia; y las protestas por las pensiones evidenciaron que una reforma puede aprobarse sin alcanzar un consenso social duradero.

Francia no está condenada a repetir su historia, pero sí necesita comprenderla. Las movilizaciones de 2026 se producen en un contexto diferente al de 1968, 2018 y 2023, aunque comparten con aquellos episodios una dificultad esencial: la distancia entre la capacidad de las instituciones para tomar decisiones y su capacidad para conseguir que una parte significativa de la sociedad las considere legítimas. El desafío que heredará el próximo presidente no será únicamente recuperar la tranquilidad en las calles, sino reconstruir una relación de confianza que permita tramitar los desacuerdos sin que cada conflicto social termine convirtiéndose en una crisis nacional. Porque una democracia no demuestra su fortaleza solo cuando consigue restablecer el orden, sino cuando logra escuchar el descontento sin renunciar al Estado de derecho. @mundiario