El boicot de los colorados frena la dimisión de Santiago Peña y lo aboca a un juicio político en Paraguay

La dimisión de Santiago Peña no ha conseguido sacarlo de la Presidencia de Paraguay ni detener el terremoto político provocado por el colapso de Ueno Bank. La maniobra de los diputados del oficialista Partido Colorado, que abandonaron el Congreso para impedir que hubiera quórum en la sesión destinada a tratar su dimisión como establece la Constitución, ha dejado al mandatario en una situación todavía más comprometida porque continúa siendo jefe del Estado y afronta ahora un juicio político que el Senado ha convocado de urgencia en horas de la noche.

El bloqueo parlamentario frustró la posibilidad de cerrar la crisis a través de una salida voluntaria. La Cámara de Diputados no pudo completar la votación sobre la renuncia después de que los legisladores oficialistas abandonaran el hemiciclo, una decisión que la oposición y los sectores disidentes del coloradismo interpretaron como un intento de evitar la derrota. Con la dimisión sin validar, la continuidad institucional de Peña quedó en manos del procedimiento de destitución.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, convocó de urgencia a la Cámara Alta para constituirla en tribunal juzgador y dar comienzo formal al proceso. Los fiscales acusadores de Diputados comparecieron para presentar el libelo acusatorio aprobado horas antes y por unanimidad, centrado en la responsabilidad política del Ejecutivo colorado en la crisis financiera de Ueno Bank y en el impacto que ha tenido sobre casi tres millones de clientes que no pueden acceder a su dinero.

La sesión bicameral convocada para tratar la renuncia terminó bloqueada por la retirada de los diputados oficialistas. Según la oposición, la corriente colorada que dirige el expresidente Horacio Cartes, padrino político de Peña y al que ha aceptado sacrificar en esta crisis, comprobó que no disponía de los votos necesarios para conseguir que la dimisión fuera aceptada y optó por vaciar la sesión.

El senador opositor Rubén Velázquez, del centrista Yo Creo, criticó duramente la maniobra y sostuvo que los legisladores que abandonaron el hemiciclo habían contribuido a proteger a los responsables del colapso financiero. Otros sectores opositores y disidentes del Partido Colorado reclamaron explicaciones sobre la hoja de ruta parlamentaria para evitar que el país quedase atrapado en una parálisis institucional.

 

Peña anuncia que se defenderá ante el Senado

En la práctica, Peña continúa siendo constitucionalmente presidente de la República. La renuncia que había anunciado horas antes no ha producido efectos y el juicio político sigue adelante. La Cámara Alta deberá decidir si lo declara culpable y lo aparta definitivamente del cargo, un asunto delicado ya que si se hubiera aceptado la dimisión, ya se hubiera convertido en senador vitalicio, por tanto, aforado ante posibles procesos penales.

Tras el fracaso de la sesión sobre su dimisión, el presidente rompió el silencio con un mensaje en redes sociales en el que confirmó que comparecerá ante el Congreso y ejercerá su derecho a la defensa. “Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, afirmó. Peña aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y que aportará la información que le sea requerida. También intentó separar su futuro político de la urgencia económica que afrontan los afectados por el banco. “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, subrayó.

El mandatario de derechas pidió calma y defendió que la investigación y la devolución de los depósitos avancen en paralelo. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, afirmó, en un mensaje con el que pretende presentar su comparecencia como asunción de responsabilidades políticas por el colapso, a pesar de la presión social que ha precipitado el fin a su mandato.

El calendario del procedimiento ya está fijado. Peña deberá comparecer este viernes 6 de noviembre, a partir de las 10.00, para responder a las acusaciones de mal desempeño de funciones recogidas en el libelo. El presidente ha anunciado que acudirá para defenderse pertrechado de pruebas y argumentos.

 

Caos en el Parlamento: Peña, ¿cesado o enjuiciado?

Al tiempo que Peña jugaba por adelantado al publicar un vídeo con su discurso de dimisión, la Cámara de Diputados comenzó a tramitar el libelo acusatorio para someterlo a un juicio político, que finalmente fue aprobado por unanimidad. La maniobra de los parlamentarios colorados dejó en suspenso la carta de renuncia presidencial, por lo que el pleno del Congreso se vio obligado a levantar la sesión por falta de quórum. Sin la dimisión formalmente aceptada por el Poder Legislativo, la maquinaria constitucional siguió su curso sin freno hacia la destitución.

El aislamiento político del mandatario quedó patente en el marcador de la Cámara Baja. De acuerdo con la votación de la Cámara de Diputados, la acusación contra Peña prosperó con 78 votos a favor y ninguno en contra, una unanimidad inusual en la polarizada política asuncena. Sin embargo, el hemiciclo trazó un cortafuegos en torno a la línea sucesoria.

En la misma jornada, los diputados rechazaron abrir un proceso paralelo contra el vicepresidente, Pedro Alliana, cuya acusación fue desestimada por 48 votos frente a 30. De prosperar la destitución de Peña este viernes, será su número quien asuma las riendas del país para completar el mandato constitucional, es decir, hasta agosto de 2028.

30 votos para destituir al presidente

Tras recibir el expediente de los diputados que ejercen como fiscales acusadores, la Cámara de Senadores constituyó de urgencia el tribunal de sentencia. El presidente del Senado decretó un cuarto intermedio y convocó al pleno para este viernes con el objetivo de dictar el fallo definitivo. Para consumar la destitución, la oposición y los sectores disidentes necesitarán reunir una mayoría cualificada de dos tercios, es decir, al menos 30 de los 45 escaños de la Cámara Alta.

Si vuelven a converger la oposición, los colorados disidentes y el aparato del partido, el presidente perderá el cargo y no podrá acogerse a la condición de senador vitalicio ni a los fueros asociados a ella, por lo que las eventuales responsabilidades penales podrán seguir su curso sin necesidad de tramitar previamente un desafuero por esa condición. La alternativa es que la Cámara Alta no reúna los votos necesarios para la destitución. En ese caso, el futuro institucional del mandatario dependerá de cómo se resuelva la renuncia que quedó bloqueada en Diputados y de las decisiones posteriores del Congreso.

 

El proceso tiene como telón de fondo la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, después de detectarse graves problemas financieros. La entidad dejó sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de clientes y puso bajo escrutinio los depósitos de organismos públicos. La investigación penal sobre las operaciones del banco y sus directivos avanza en paralelo a la crisis política. @mundiario