La instrucción judicial del caso Negreira ha entrado en su recta definitiva tras completarse la ronda de declaraciones prevista en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. El exentrenador del filial azulgrana Gerard López y el exdelegado Antonio Alonso han comparecido este viernes ante la magistrada Alejandra Gil en la que supone la última prueba testifical programada dentro de una causa que investiga si el FC Barcelona y varios miembros de sus antiguas cúpulas directivas cometieron presuntos delitos de administración desleal y corrupción en el deporte.
De acuerdo al diario El País, el procedimiento judicial trata de esclarecer el trasfondo de los 7,3 millones de euros abonados por la entidad catalana entre los años 2011 y 2018 a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, y a su hijo Javier Enríquez, supuestamente a cambio de la elaboración de informes sobre colegiados. Durante su intervención en sede judicial, tanto López como Alonso han corroborado la existencia física de dichos documentos técnicos y han defendido que resultaban útiles para su labor profesional diaria.
Más allá del contenido concreto de sus testimonios, la trascendencia procesal de estas dos comparecencias radica en que cierran definitivamente el capítulo de declaraciones de la investigación. Con las testificales ya agotadas, la jueza instructora dispone de prácticamente todos los elementos de juicio necesarios para determinar en breve si ordena la apertura de juicio oral, contra qué personas físicas o jurídicas dirige el procedimiento y bajo qué calificaciones penales concretas.
En el horizonte inmediato de la instrucción únicamente resta por cumplimentar un trámite documental pendiente por parte de la actual junta directiva del Barcelona. El club debe depositar en el juzgado determinada documentación económica reclamada por el Real Madrid —personado como acusación particular—, una entrega a la que obligó la Audiencia Provincial de Barcelona después de que la propia jueza considerase inicialmente que dichos archivos resultaban inservibles para esclarecer los hechos investigados.
Esa documentación requerida consiste en una serie de auditorías e informes elaborados entre 2010 y 2021 por las firmas Kpmg, PWC, Deloitte y Kroll sobre la gestión interna de la entidad. Dichos análisis fueron encargados por las sucesivas directivas barcelonistas con el propósito de detectar eventuales irregularidades cometidas por sus predecesores en el cargo, en el contexto de la abierta guerra interna que protagonizaron Sandro Rosell y Joan Laporta.
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El pulso documental con el Real Madrid y el futuro de los investigados
Mientras el conjunto madridista sostiene que en esos informes internos puede existir rastro de los pagos efectuados por el club catalán a las sociedades Dasnil 95 y Nilsad —empresas propiedad de Negreira a través de las cuales facturaba sus servicios—, el Barcelona ha argumentado reiteradamente que los documentos contienen información confidencial crítica sobre su negocio deportivo que no debe llegar a manos de su máximo rival. No obstante, fuentes jurídicas consultadas estiman que si la jueza ya restó relevancia probatoria a ese material en su día, difícilmente alterará su criterio pese a la rectificación impuesta por la Audiencia de Barcelona.
En relación con el contenido específico de los informes analizados este viernes, tanto Gerard López como Antonio Alonso precisaron que fueron redactados por Javier Enríquez. El exdelegado subrayó que esos dosieres sobre el perfil y la forma de arbitrar de cada colegiado constituían un servicio más de los que ofrecía el club, destacando que se trataba de evaluaciones recientes elaboradas pocos días antes de cada jornada y valiosas en una época en la que no existía la facilidad actual para acceder a material audiovisual, dejando a criterio de cada entrenador su uso, en consonancia con lo declarado previamente por Ernesto Valverde.
Concluida así una fase de instrucción que arrancó en 2022 a raíz de una investigación de la Fiscalía, la magistrada deberá perfilar ahora la lista definitiva de acusados que se sentarán en el banquillo si finalmente decreta la apertura de juicio. Uno de los principales candidatos a quedar fuera del proceso es precisamente el exdirigente arbitral que da nombre al caso, ya que un informe médico forense acreditó que su estado de salud le impide seguir las sesiones de una vista oral, circunstancia que podría conducir a su exoneración procesal.
En la relación actual de investigados figuran los expresidentes azulgranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu —quien canceló los pagos coincidiendo con la implantación del videoarbitraje y un plan de recorte de gastos—, junto a los exdirectivos Òscar Grau y Albert Soler y el propio club como persona jurídica, que afronta el riesgo de una segunda condena penal tras la sufrida por delito fiscal en el caso Neymar. Por su parte, los también expresidentes Joan Gaspart y Joan Laporta declararon únicamente en calidad de testigos al haber prescrito los hechos correspondientes a sus respectivos mandatos.
El origen de todo este entramado judicial se remonta a una inspección de la Agencia Tributaria que detectó facturas de la sociedad Dasnil dirigidas al Barcelona sin una justificación aparente. Aunque la entidad catalana nunca ha negado la existencia de unos pagos que declaraba ante el fisco, siempre ha defendido que respondían exclusivamente a servicios legítimos de asesoramiento arbitral sin incidencia en la limpieza de la competición, mientras el Real Madrid presidido por Florentino Pérez ha mantenido una intensa presión institucional elevando incluso el asunto ante la UEFA, organismo que mantiene abierto un expediente propio desde 2023. @mundiario
