Rusia no quiere, por ahora, a representantes europeos en la mesa de negociación sobre Ucrania. El Kremlin ha rechazado que exista un acuerdo para ampliar el formato de las conversaciones, después de que negociadores estadounidenses aseguraran que Europa participaría en la siguiente ronda. La discrepancia no es un simple problema de protocolo diplomático: refleja el choque entre dos visiones sobre el futuro de la seguridad europea y sobre quién tiene capacidad para decidir las condiciones de una eventual paz.
Mientras Moscú pretende mantener las conversaciones en un formato trilateral con Estados Unidos y Ucrania, la Unión Europea reclama participar en las decisiones que afectarán directamente a su seguridad. Bruselas, además, acusa al Gobierno de Vladímir Putin de utilizar las negociaciones para ganar tiempo, mientras continúa intensificando los ataques contra infraestructuras energéticas y civiles ucranianas.
La posición rusa quedó expuesta este lunes por Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Vladímir Putin. Según explicó, Moscú contempla celebrar otra ronda de conversaciones en formato trilateral, después del encuentro mantenido recientemente en Abu Dabi entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses. «Ahora estamos hablando de celebrar otra ronda en un formato trilateral», afirmó Ushakov, quien añadió que la posible ampliación de las negociaciones «no se ha pactado con nosotros». El asesor del Kremlin insistió en que todavía sería necesario celebrar una o varias reuniones adicionales antes de considerar la incorporación de otros participantes.
Ushakov condicionó la presencia europea a que Moscú reciba una señal clara sobre las propuestas que los países del continente estarían dispuestos a presentar, señalando que Rusia necesita conocer qué contribución «constructiva y significativa» pueden ofrecer para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania. Por su parte, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, reforzó ese argumento al cuestionar la disposición de Bruselas a facilitar una solución, pues afirmó que las declaraciones europeas sobre mantener el apoyo a Kiev y aumentar la presión sobre Rusia reflejan una actitud que, desde la perspectiva del Kremlin, dificulta el proceso negociador.
La respuesta rusa contradice las declaraciones de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes, tras reunirse con Putin en Moscú, habían señalado que Europa estaría presente en la siguiente fase. La diferencia entre ambas versiones evidencia que ni siquiera existe todavía un entendimiento común sobre el formato de las conversaciones.
Europa prepara su propio equipo negociador
La Unión Europea ha decidido organizar una representación para participar en las discusiones sobre el futuro de Ucrania. El equipo incluiría a responsables de seguridad de las instituciones comunitarias y representantes de Alemania, Francia, Italia y Polonia, junto al Reino Unido, que ya no pertenece a la UE, pero sigue siendo una de las principales potencias militares europeas.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, confirmó que los líderes comunitarios habían acordado esa fórmula con la intención de que Europa intervenga especialmente en las cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad, la reconstrucción y el futuro político y estratégico de Ucrania. Bruselas sostiene que no puede quedar al margen de un acuerdo cuyas consecuencias afectarían directamente a sus fronteras, sus compromisos militares y su arquitectura de defensa, sobre todo teniendo en cuenta que los gobiernos europeos son los principales respaldos financieros y militares de Kiev.
La UE insiste también en que corresponde exclusivamente a Ucrania decidir sobre su soberanía y su futuro territorial. Esa posición choca con las exigencias rusas, que pretenden condicionar tanto la orientación internacional de Kiev como el despliegue militar occidental en Europa oriental.
La discusión sobre la presencia europea es solo una parte de un conflicto diplomático más profundo, ya que Moscú intenta introducir en las negociaciones sus demandas sobre una nueva arquitectura de seguridad continental, con especial atención al papel de la OTAN en el este de Europa. Entre las exigencias rusas figura que la Alianza Atlántica retire efectivos, instalaciones y sistemas militares de los países que se incorporaron después de los acuerdos fundacionales de cooperación entre Rusia y la OTAN, lo que en la práctica supondría replegar hacia posiciones más occidentales las capacidades desplegadas en Polonia, Rumanía y los países bálticos, entre otros territorios amenazados por el Kremlin.
Rusia ya había planteado exigencias similares en 2021, antes de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania, mediante una propuesta que pretendía limitar la expansión y la actividad militar de la Alianza cerca de sus fronteras. Ahora, el Kremlin busca que esas demandas formen parte de las conversaciones sobre el final de la guerra, aunque para los gobiernos europeos aceptar ese planteamiento significaría cuestionar la libertad de los Estados soberanos para decidir sus alianzas y sus políticas de defensa, a lo que se suma la preocupación de los países del este del continente, que consideran que una retirada de las capacidades de la OTAN aumentaría su vulnerabilidad frente a Rusia.
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, calificó de «realmente absurda» la exigencia rusa de modificar el despliegue de la Alianza. «Si miramos la historia, ninguno de estos países ha atacado jamás a Rusia», sostuvo. También reclamó un alto el fuego como primer paso, al considerar que Moscú está intensificando la guerra en lugar de reducirla.
El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, defendió que Europa no necesita una arquitectura de seguridad completamente nueva, sino que se respeten los acuerdos y principios existentes. Su homólogo lituano, Kęstutis Budrys, fue más directo: «El problema es que Rusia las está incumpliendo», afirmó en referencia a las reglas internacionales.
Bruselas acusa a Moscú de ganar tiempo mientras continúa la guerra
La desconfianza europea se alimenta también de la evolución militar sobre el terreno, pues los ministros de Exteriores de la UE denunciaron que Rusia continúa bombardeando centrales eléctricas y otras infraestructuras ucranianas, agravando las condiciones de vida de la población mientras se aproxima el invierno. Ante este escenario, Kallas resumió la prioridad europea con una declaración contundente: «Lo que necesitamos ver es un alto el fuego», ya que considera que las conversaciones no pueden convertirse en un mecanismo para aplazar decisiones mientras continúan los ataques.
La UE también aprobó nuevas sanciones contra casi medio centenar de bancos e instituciones financieras rusas, además de medidas contra empresarios vinculados al sector energético y al comercio de petróleo. Se añadieron congelaciones de activos y prohibiciones de viaje para personas acusadas de difundir propaganda y desinformación favorable a Moscú.
El balance de las negociaciones lideradas por Washington sigue siendo limitado, pues aunque los encuentros entre representantes estadounidenses, rusos y ucranianos han permitido algunos avances puntuales, especialmente intercambios de prisioneros, todavía no han producido un alto el fuego duradero ni un entendimiento sobre las cuestiones fundamentales. Así, continúan abiertas las diferencias sobre el control territorial, las garantías de seguridad para Ucrania, su posible relación futura con la OTAN y la presencia de fuerzas europeas en su territorio, dado que Moscú rechaza tanto la adhesión ucraniana a la Alianza como las propuestas occidentales de ofrecer garantías similares a las contempladas en el artículo 5 del tratado atlántico.
El rechazo ruso a incorporar representantes europeos revela una contradicción central del proceso: Washington intenta impulsar un acuerdo entre las partes directamente enfrentadas, pero las consecuencias de ese pacto afectarían a países que no participan en la mesa. Para Moscú, limitar el formato le permite negociar directamente con Estados Unidos y evitar que los gobiernos europeos condicionen las conversaciones. Para Bruselas, esa exclusión supondría aceptar que el futuro de la seguridad continental se decida sin quienes tendrán que asumir buena parte de sus consecuencias. @mundiario
