Reino Unido da un paso inédito contra los asentamientos israelíes e irrita a Netanyahu

El Reino Unido ha abierto un nuevo frente de presión diplomática sobre Israel. Por primera vez, el Gobierno británico ha impuesto sanciones directamente contra empresas constructoras y promotoras inmobiliarias israelíes que operan en los asentamientos de la Cisjordania ocupada. La decisión busca limitar su acceso a financiación y dificultar nuevos proyectos urbanísticos, en un momento especialmente delicado por el avance del plan E1, una iniciativa que amenaza con dividir territorialmente Cisjordania y comprometer la continuidad de un futuro Estado palestino.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Exteriores británico, también incluye medidas contra Tsav 9, una organización israelí a la que Londres acusa de bloquear regularmente camiones con alimentos, agua y combustible destinados a la población de Gaza. La respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu no se ha hecho esperar: el ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha calificado las sanciones de acto hostil y ha anunciado que Israel estudia represalias.

El paquete afecta a ocho compañías constructoras, promotoras e inmobiliarias vinculadas a la actividad en los asentamientos israelíes de Cisjordania. Según la información difundida por el Gobierno británico, el objetivo es cortar sus fuentes de financiación y reducir su capacidad para continuar desarrollando proyectos en territorio ocupado. De este modo, la medida pretende actuar sobre la infraestructura económica que sostiene la expansión de los asentamientos y no limitarse a condenar políticamente las decisiones del Ejecutivo israelí. Sin embargo, existe una incógnita importante, ya que no está claro qué volumen de financiación de estas empresas procede del Reino Unido ni hasta qué punto las restricciones británicas tendrán consecuencias directas sobre sus operaciones.

El alcance práctico dependerá, entre otros factores, de sus relaciones financieras, comerciales y societarias con entidades británicas. Las sanciones pueden dificultar el acceso a determinados servicios y recursos vinculados al sistema financiero del Reino Unido, pero su eficacia será más limitada si las compañías mantienen alternativas suficientes en otros mercados.

Londres ha actuado esta vez de manera unilateral. En junio, Reino Unido había coordinado con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Francia una serie de medidas contra seis organizaciones y un particular relacionados, según esos gobiernos, con la expansión de los asentamientos y la violencia de colonos contra palestinos. La nueva decisión amplía la presión a empresas del sector inmobiliario y de la construcción.

Israel anuncia posibles contramedidas

El momento elegido para anunciar las sanciones no es casual, ya que la decisión coincide con el cierre del plazo para presentar ofertas en la licitación del proyecto E1, una de las iniciativas urbanísticas más controvertidas de Cisjordania. Este plan contempla la construcción de viviendas en una zona situada entre Jerusalén Este y el asentamiento de Ma’ale Adumim. En consecuencia, su desarrollo podría dificultar la conexión territorial entre el norte y el sur de Cisjordania, además de separar todavía más Jerusalén Este de las áreas palestinas circundantes.

La preocupación internacional se centra en sus consecuencias geográficas y políticas. Para que un futuro Estado palestino pueda funcionar, necesitaría una continuidad territorial suficiente para conectar sus principales núcleos de población. La construcción en E1 podría fragmentar ese espacio y hacer más compleja cualquier negociación sobre fronteras, movilidad y soberanía.

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, resumió la posición de Londres con un mensaje directo para quienes participan en el proyecto: «No pujen, no construyan y no saquen beneficio de la destrucción de esa solución de los dos Estados». Asimismo, añadió que proteger dicha fórmula constituye la «Estrella Polar» de la política del Gobierno británico hacia la región. Estas declaraciones reflejan un claro cambio de tono, pues Londres pretende utilizar instrumentos económicos para disuadir a empresas y entidades de involucrarse en iniciativas que considera incompatibles con la viabilidad de un acuerdo de paz.

La reacción israelí ha sido contundente. Gideon Saar denunció que las sanciones constituyen un «acto hostil dirigido contra empresas privadas y respetuosas de la ley». También advirtió de que el Gobierno estudiará nuevas medidas para reforzar los asentamientos de Cisjordania. En un mensaje publicado en X, el ministro afirmó: «Israel responderá a las acciones del Gobierno británico con contramedidas. Actualmente se está considerando una amplia gama de posibles respuestas. Nuestras decisiones se anunciarán a su debido tiempo».

La amenaza abre un nuevo episodio de tensión entre dos países que históricamente han mantenido estrechos vínculos diplomáticos y de seguridad. Saar continúa al frente de Exteriores en un Gobierno provisional encabezado por Netanyahu, cuya coalición perdió la mayoría parlamentaria tras las elecciones del 27 de octubre. Las negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo siguen abiertas, por lo que la respuesta israelí podría quedar condicionada también por la evolución política interna.

La Autoridad Palestina, por su parte, ha celebrado la decisión británica y ha pedido a otros países que adopten medidas similares. Para los dirigentes palestinos, las sanciones representan un reconocimiento de que la expansión de los asentamientos no es únicamente una cuestión urbanística, sino un obstáculo central para cualquier solución negociada.

Una relación bilateral cada vez más deteriorada

Las nuevas restricciones se suman a una cadena de desacuerdos que han debilitado las relaciones entre Londres y Tel Aviv durante los últimos años. Las diferencias sobre la conducción de la guerra contra Hamás en Gaza, la situación humanitaria y la expansión de los asentamientos han provocado un endurecimiento progresivo de la política británica.

En 2025, el Reino Unido se sumó a otros países que reconocieron el Estado palestino con el argumento de impulsar la solución de dos Estados. Durante ese mismo periodo, también sancionó a los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, a quienes acusó de incitar reiteradamente a la violencia contra la población palestina en Cisjordania. Más adelante, en septiembre de 2026, Londres anunció nuevas medidas para impedir la importación de productos procedentes de los asentamientos. Ante esto, Israel respondió amenazando con cerrar el consulado británico en Jerusalén Este, aunque la disputa finalmente se resolvió mediante un acuerdo diplomático de última hora que evitó el cierre.

El nuevo paquete va un paso más allá: ya no se dirige solamente contra responsables políticos, organizaciones o productos, sino también contra compañías privadas que participan en la construcción y promoción inmobiliaria en los asentamientos.

Junto a las ocho empresas, Reino Unido ha incluido en las sanciones a Tsav 9, un grupo israelí al que acusa de organizar bloqueos de los pasos fronterizos, puertos y carreteras utilizados por los convoyes humanitarios destinados a Gaza. Según Londres, sus integrantes han obstaculizado repetidamente la entrada de alimentos, agua y combustible en la Franja. La decisión pretende aumentar el coste de esas actuaciones y dificultar que la organización pueda continuar sus actividades mediante los mecanismos afectados por las restricciones.

La inclusión de Tsav 9 conecta dos cuestiones distintas, aunque relacionadas dentro de la política británica hacia Israel: la expansión territorial de los asentamientos en Cisjordania y los obstáculos a la asistencia humanitaria en Gaza. Miliband sostuvo que el Gobierno no permanecerá al margen ante quienes bloquean la ayuda y agravan el sufrimiento de la población civil. @mundiario