El Gobierno de Johnson reafirma la potestad de Guaidó sobre el oro venezolano en el Banco de Inglaterra

Treinta y uno toneladas de oro, con un valor aproximado de 900 millones de euros, son las que intenta recuperar el régimen de Nicolás Maduro desde el año 2018 de las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Pero la petición del presidente interino Juan Guaidó al gobierno británico (de Theresa May, en aquél entonces) de frenar la repatriación del dinero de los venezolano ha trastocado los planes de Caracas.

Antes de que el Tribunal Supremo del Reino Unido de inicio a cuatro días de audiencias para dilucidar a quién da la potestad de las reservas del oro venezolano, el Gobierno de Boris Johnson ha dado un espaldarazo al gobierno interino y reiteró que reconoce al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, tras no dar por válidas las elecciones (mayo 2018) en las que Maduro se reeligió en el cargo. El anuncio intenta anular la demanda del Banco Central de Venezuela (BCV) respaldado por el gobierno chavista para repatriar el oro guardado en Londres.

«El gobierno del Reino Unido tiene claro que Juan Guaidó ha sido reconocido por el gobierno de Su Majestad desde febrero de 2019 como el único presidente legítimo de Venezuela». Así reza el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, tras haber sido invitado por el Tribunal Supremo a aclarar su posición antes de celebrar las audiencias.

Los equipos legales de ambos bandos estarán presentes en el Tribunal Supremo, en lo que se supone será la última etapa de este largo litigio por las reservas que representan un 15% de las divisas del país sudamericano. En octubre de 2020, un tribunal de apelaciones de Londres anuló la decisión, que había tomado el Supremo en julio de ese mismo año, que rechazaba la entrega a Caracas de las reservas demandandas por Maduro, porque consideraba que el reconocimiento a Guaidó «podía ser en realidad una mera declaración política y que era posible que el Ejecutivo de Johnson siguiese reconociendo “de facto” a la Administración de Maduro».