El régimen de sanciones amplía los criterios de inclusión, de forma que la Unión Europea podrá sancionar a «personas y entidades que organicen o contribuyan» a las actividades del régimen de Alexander Lukashenko «que faciliten el cruce ilegal de las fronteras exteriores de la UE».
La decisión del Consejo obedece a las conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021, en las que los dirigentes de la UE declararon que «no aceptarían ningún intento de terceros países de instrumentalizar a los migrantes con fines políticos», condenaron «todos los ataques híbridos en las fronteras de la UE» y avanzaron que «responderían en consecuencia».
El 10 de noviembre, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, emitió una declaración en nombre de la UE condenando enérgicamente al régimen de Lukashenko «por poner deliberadamente en peligro la vida y el bienestar de las personas» y agitar la crisis en las fronteras exteriores de la UE, en un intento de distraer la atención de la situación en Bielorrusia, «donde la represión brutal y las violaciones de los derechos humanos continúan e incluso empeoran».
Elecciones fraudulentas
Desde octubre de 2020, la UE ha ampliado progresivamente sus medidas restrictivas a la luz de la situación en Bielorrusia. Las sanciones se pusieron en marcha en respuesta «a la naturaleza fraudulenta de las elecciones presidenciales de agosto de 2020 en Bielorrusia», y a la «intimidación y la represión violenta de manifestantes pacíficos, miembros de la oposición y periodistas». La UE no reconoce los resultados de las elecciones bielorrusas, por no ser «ni libres ni justas».
Un total de 166 personas y 15 entidades están afectadas por el régimen de sanciones contra Bielorrusia, entre ellas el presidente Alexandr Lukashenko y su hijo y asesor de seguridad nacional, Viktor Lukashenko, así como otras figuras clave en el liderazgo político y el gobierno, miembros de alto nivel del sistema judicial y varios actores económicos prominentes. Las medidas contra las personas designadas incluyen prohibiciones de viaje y la congelación de sus activos.
El Consejo ya decidió en junio reforzar las medidas restrictivas existentes en vista de la situación en Bielorrusia con la introducción de la prohibición a las compañías aéreas bielorrusas de todo tipo de sobrevolar el espacio aéreo de la UE y el acceso a los aeropuertos de los 27, e imponiendo sanciones económicas específicas.
