A Zelenski le explota otra bomba: cesa al fiscal general de Ucrania en plena crisis de corrupción

La guerra con Rusia no es el único frente que obliga a Volodímir Zelenski a apagar incendios. Ucrania afronta ahora una nueva crisis institucional alrededor de la Fiscalía General, la agencia anticorrupción y el propio funcionamiento del Estado de derecho. El protagonista es Ruslan Kravchenko, fiscal general que presentó su dimisión la semana pasada después de que una investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) alcanzara a su oficina y que, apenas unos días después, lanzó acusaciones contra el director del NABU, Semen Kryvonos.

El movimiento convirtió un escándalo de corrupción en una batalla abierta entre organismos encargados de combatirla. Zelenski intervino este lunes 14 de septiembre y ordenó suspender a Kravchenko, al tiempo que pidió al Parlamento que aprobara su destitución. «Este fiscal general solo tiene un camino por delante: el cese», afirmó el presidente, reclamando a los diputados que actuaran sin demora. La votación parlamentaria estaba prevista para este 15 de septiembre.

El trasfondo de esta crisis institucional radica en la Operación «Cartago», una exhaustiva investigación liderada por la NABU y la SAPO. Ambas agencias sostienen que una red de corrupción incrustada en la cúpula de la Fiscalía General de Ucrania brindaba protección e impunidad a mafias de call centers fraudulentos, las cuales se dedicaban a estafar a ciudadanos europeos a cambio de millonarios sobornos y al blanqueo de activos ilícitos.

La gravedad del caso provocó un terremoto político que se desencadenó durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, cuando agentes anticorrupción realizaron un registro sorpresa en los despachos de la Fiscalía General e identificaron formalmente a un estrecho colaborador del fiscal general como uno de los presuntos cabecillas del esquema de lavado de dinero. Como consecuencia directa de este escándalo, el fiscal general presentó su renuncia irrevocable el 7 de septiembre, alegando en su carta de dimisión que dejaba el cargo para evitar que la institución fuera utilizada como una «herramienta de confrontación política».

Aunque Kravchenko ha negado tajantemente cualquier implicación personal en la trama y su salida busca blindar la credibilidad de la fiscalía mientras avanza el proceso, hasta el momento el exfiscal no ha sido acusado penalmente ni figura formalmente como sospechoso en los archivos judiciales del caso.

Ese matiz es esencial para entender la dimensión real del escándalo. La caída política de Kravchenko no equivale a una condena judicial. Su responsabilidad penal tendrá que determinarse mediante una investigación y, en su caso, ante los tribunales. Lo que sí resulta evidente es que la investigación alcanzó directamente al organismo que él dirigía y que su continuidad se volvió políticamente insostenible.

La situación dio un giro mucho más extraño cuando Kravchenko, después de anunciar su salida, aseguró haber firmado una notificación de sospecha contra Kryvonos, director del NABU. Lo acusó de falsificar documentos oficiales para obtener un beneficio ilícito y de haber utilizado irregularmente documentación relacionada con una adopción para eludir responsabilidades judiciales. Kryvonos rechazó las acusaciones y afirmó que ni siquiera había recibido formalmente esa notificación. NABU y SAPO denunciaron lo ocurrido como una nueva fase de lo que calificaron de «ataque sistemático» contra las instituciones anticorrupción independientes.

Ya sin Kravchenko al mando, la propia Fiscalía General terminó afirmando que las acusaciones contra Kryvonos carecían de base legal. El dato añade una capa especialmente delicada al conflicto: un fiscal general que acaba de abandonar su puesto, mientras su propia oficina está bajo investigación, acusa precisamente al responsable de la institución que investiga su entorno. No significa que cualquier denuncia contra Kryvonos sea necesariamente falsa, pero sí explica por qué el episodio ha sido interpretado como una posible represalia y por qué la controversia amenaza con desbordar el caso original.

También ha generado interrogantes la salida de Kravchenko del país. Él sostuvo que se encontraba en un viaje oficial para reunirse con socios internacionales y explicar su visión sobre el funcionamiento del sistema anticorrupción. Sin embargo, el organizador del acto en París al que supuestamente acudiría confirmó al Kyiv Independent que Kravchenko no estaba previsto como participante. El medio informó además de que había un documento que autorizaba el viaje. Las circunstancias alimentaron las sospechas de que pretendía permanecer fuera de Ucrania mientras se agravaba su situación, aunque esa interpretación no equivale a una constatación judicial de que hubiera huido.

Para Zelenski, el problema es mayor que la suerte de un fiscal general. El presidente queda atrapado entre dos necesidades que deberían ser compatibles, pero que en la práctica han generado sucesivos choques: mantener bajo control su estructura de poder durante una guerra extraordinariamente exigente y, al mismo tiempo, demostrar que las instituciones anticorrupción pueden actuar sin interferencias políticas.

La relación entre NABU, SAPO y otras estructuras del Estado ya estaba deteriorada. En 2025 se produjo otro enfrentamiento cuando las autoridades intentaron reducir la independencia de ambas instituciones, una decisión que provocó protestas y presión internacional y que posteriormente fue revertida. Kravchenko estuvo vinculado políticamente a aquel episodio, aunque negó las acusaciones de haber participado en un intento de desmantelar la autonomía de los organismos anticorrupción.

Ukraine is facing a political dispute over corruption. President @ZelenskyyUa is calling for the swift removal of Prosecutor General Ruslan Kravchenko, whose resignation follows an investigation into an alleged embezzlement scheme linked to a senior official in his office.

Our… pic.twitter.com/XzU2f7OQHe

— TVP World (@TVPWorld_com) September 14, 2026

Por eso el episodio actual no puede analizarse únicamente como la destitución de un funcionario. Lo que está en juego es quién controla la investigación de la corrupción en Ucrania y hasta dónde llega la autonomía de las instituciones creadas precisamente para investigar a los funcionarios públicos. Si las acusaciones contra Kryvonos prosperaran con pruebas y garantías procesales, deberían investigarse. Si, por el contrario, se utilizan como mecanismo de presión contra NABU y SAPO, el conflicto adquiriría una dimensión institucional mucho más grave.

Y ahí aparece el principal coste para Zelenski. Ucrania necesita mantener la confianza de sus aliados mientras afronta una guerra prolongada, un enorme déficit presupuestario y la necesidad de financiación exterior. Al mismo tiempo, la lucha contra la corrupción es una de las condiciones centrales del proceso de integración europea. La Comisión Europea recordó tras la última crisis que las instituciones anticorrupción independientes deben estar protegidas y poder ejercer sus funciones, y también insistió en la necesidad de reformar la Fiscalía General y establecer un procedimiento competitivo para elegir al fiscal general.

La cuestión, por tanto, no es únicamente quién sustituirá a Kravchenko. La verdadera incógnita es si Zelenski consigue cerrar este episodio como una crisis limitada dentro del aparato estatal o si vuelve a abrirse el conflicto entre la Presidencia y las instituciones anticorrupción. La destitución del fiscal puede resolver una pieza inmediata del problema, pero deja sobre la mesa las preguntas que han provocado la crisis: qué ocurrió dentro de la Fiscalía, qué validez tienen las acusaciones contra Kryvonos, quién autorizó determinadas actuaciones y, sobre todo, si NABU y SAPO podrán continuar investigando sin interferencias.

En plena guerra, con los ataques rusos golpeando regularmente al país y con Kiev necesitando mantener el respaldo político y financiero de Europa, el nuevo incendio institucional llega en el peor momento. Para Zelenski, la salida de Kravchenko permite cortar una crisis concreta; lo difícil será impedir que el conflicto entre los organismos anticorrupción termine convirtiéndose en una crisis de confianza sobre el funcionamiento del Estado ucraniano. @mundiario