Andy Burnham ha elegido el congreso del Partido Laborista en Liverpool para dejar claro que no pretende limitarse a administrar el Reino Unido con pequeños ajustes. Su primer gran discurso como primer ministro ha planteado una ruptura con buena parte de las políticas que, según su diagnóstico, han dominado el país durante cuatro décadas.
La palabra clave de su intervención ha sido transformación. Burnham ha presentado lo que denomina un nuevo contrato social para el siglo XXI y ha situado en el mismo mapa asuntos que habitualmente se abordan por separado: la vivienda, los servicios públicos, el sistema electoral, la relación con Europa, los cuidados, las pensiones, el agua y la energía.
No se trata todavía de una revolución legislativa. Muchas de las propuestas requieren leyes, acuerdos parlamentarios, financiación y, en algunos casos, una nueva mayoría laborista después de las elecciones previstas para 2029. Pero el mensaje político sí es inequívoco: Burnham quiere cambiar el marco en el que se ha desarrollado la política británica.
Uno de los anuncios con mayor alcance institucional es la creación de una comisión nacional sobre reforma electoral, con participación de diferentes partidos, para estudiar alternativas al actual sistema mayoritario de circunscripciones uninominales, conocido como first past the post.
Burnham ha confirmado que el Partido Laborista acudirá a las próximas elecciones con el compromiso de reformar el sistema electoral y ha defendido la búsqueda de una fórmula más proporcional. El objetivo declarado es que los resultados parlamentarios reflejen mejor el reparto de votos y reducir la posibilidad de que un Gobierno obtenga una amplia mayoría de escaños con una proporción relativamente limitada del voto nacional.
Es una modificación que afectaría al funcionamiento de Westminster mucho más allá de una legislatura concreta. El actual sistema favorece tradicionalmente a los partidos con voto territorialmente concentrado y dificulta la representación parlamentaria de formaciones cuyos apoyos están dispersos.
El debate, sin embargo, tiene dos caras. Sus defensores consideran que la proporcionalidad puede hacer que más votos se traduzcan en representación parlamentaria. Sus críticos advierten de que podría aumentar la fragmentación y hacer más habituales los gobiernos de coalición. Burnham tendrá que convertir ahora una declaración política en una propuesta concreta y conseguir un consenso que trascienda al propio Labour.
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El Brexit vuelve al centro de la política británica
Todavía más sensible es el reset de la relación entre Reino Unido y Unión Europea. Burnham ha afirmado que “el Brexit ha causado más daño que beneficio” y que el país necesita decidir cuál será su relación a largo plazo con su principal mercado. El primer ministro ha anunciado que expondrá diferentes opciones en el próximo proceso de diálogo con Bruselas y buscará un consenso nacional.
Eso no equivale, al menos por ahora, a anunciar el regreso del Reino Unido a la UE. La propuesta se sitúa en un terreno más amplio: mejorar la cooperación económica y comercial, reducir barreras y definir una relación estable para las próximas décadas. Algunas alternativas debatidas en el entorno laborista incluyen aproximaciones al mercado único, la unión aduanera e incluso, como posibilidad a largo plazo, una eventual reconsideración de la salida, aunque Burnham no ha presentado ninguna de ellas como decisión adoptada.
El movimiento tiene, además, una dimensión política: diez años después del referéndum de 2016, el debate británico sobre Europa está cambiando, pero continúa siendo divisivo. En este contexto, reabrir el tema puede modificar el espacio político entre el Partido Laborista, los conservadores y Reform UK. Por lo tanto, la cuestión fundamental será si Burnham consigue presentar este acercamiento a Europa como una política económica y estratégica de futuro, y no simplemente como una revisión del resultado de 2016.
Además, la crisis de la vivienda constituye otro de los pilares del programa, en el cual Burnham ha prometido construir hasta un millón de viviendas sociales en terrenos públicos sin utilizar y devolver la capacidad de construcción a los ayuntamientos. Asimismo, pretende reformar el Right to Buy: el derecho de compra se mantendría para quienes ya residen en determinadas viviendas, pero se limitaría para las nuevas casas sociales construidas durante su Gobierno, con el argumento de preservar ese parque inmobiliario para las generaciones futuras.
El plan alcanza, además, al mercado privado, otorgando a los ayuntamientos nuevas facultades para actuar sobre viviendas vacías o en malas condiciones, especialmente aquellas cuyos propietarios se encuentran ausentes. Precisamente aquí se encuentra uno de los cambios conceptuales más importantes de su discurso, ya que Burnham sostiene que la vivienda no puede analizarse únicamente como un activo financiero, sino también como una infraestructura social básica.
La cuestión será la ejecución. Construir vivienda pública requiere suelo, financiación, capacidad municipal y plazos largos. La intervención sobre propiedades privadas plantea además cuestiones jurídicas y económicas que tendrán que concretarse en legislación.
“Va a lo grande”, pero con una condición: el dinero
Burnham ha anunciado una ley del agua que derogaría la prohibición existente sobre la propiedad pública de compañías del sector, abriendo la puerta a futuras fórmulas de control estatal. También ha presentado GB Grid, una estructura respaldada por el Gobierno destinada a invertir en la red eléctrica y competir con operadores privados.
La intención es recuperar capacidad pública sobre infraestructuras consideradas estratégicas. Pero tampoco aquí existe una nacionalización inmediata de todas las compañías. El alcance dependerá de cómo se diseñen las nuevas leyes, de la financiación y de la situación de cada operador. Es, en cualquier caso, una señal clara de cambio respecto al modelo de privatización consolidado desde los años ochenta.
Quizá la propuesta con mayor carga social sea la creación de un Servicio Nacional de Cuidados, concebido bajo principios similares a los del NHS, donde todos contribuyen y todos están cubiertos. El propio Andy Burnham ha vinculado personalmente esta reforma a la experiencia de cuidar a su padre, colocando a los trabajadores del sector en el centro de su discurso; el objetivo final sería garantizar una atención personal gratuita en el punto de uso, aunque su implantación definitiva se plantea para la próxima legislatura.
La financiación constituye aquí el gran interrogante. Burnham ha confirmado que el actual triple lock de las pensiones se mantendrá durante esta legislatura, pero que será modificado a partir de abril de 2030 si Labour continúa gobernando. Los recursos liberados contribuirían a financiar el nuevo sistema de cuidados.
Es una decisión políticamente delicada porque afecta directamente a millones de pensionistas y modifica una de las garantías más conocidas del sistema británico. Por este motivo, el propio Burnham ha reconocido que no puede ejecutar inmediatamente todo lo anunciado, insistiendo en que respetará las reglas fiscales y en que la situación de las cuentas públicas limita la velocidad de las reformas.
Ese es probablemente el principal contraste de su programa: la dimensión de las ambiciones frente a la capacidad financiera del Estado. @mundiario
