El Gobierno de Bolivia ha dado un giro decisivo en su estrategia para contener la crisis interna con la promulgación de la Ley de Estados de Excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa y ratificada este lunes por el presidente Rodrigo Paz. La norma permite la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de desbloqueo de carreteras, en un país donde las protestas y cortes de vía se han convertido en el principal factor de presión política durante las últimas semanas.
La decisión llega tras casi seis semanas de bloqueos que han paralizado corredores estratégicos en regiones como La Paz, El Alto y Cochabamba, provocando problemas de abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles. El Ejecutivo sostiene que la situación ha derivado en un escenario de “emergencia nacional” en el que la seguridad y la estabilidad económica están comprometidas.
“Son dos misiones: no sólo que la economía crezca y se desarrolle, sino que los bolivianos puedan vivir bien y con seguridad, que hoy en día está en peligro por el narcoterrorismo”, ha dicho el presidente, el democristiano Rodrigo Paz, que todavía no cumple un año en el poder tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. “La seguridad se ve en peligro cuando el narcoterrorismo, las prioridades de ciertos sectores que no son favorables a nuestra democracia, nuestra Constitución y el desarrollo libre de la patria, priorizan sus intereses por encima de la sociedad boliviana”, denunció el mandatario de centroderecha.
El origen de la crisis se encuentra en un movimiento de protesta impulsado por sectores sindicales y aliados del expresidente de izquierda radical Evo Morales, que rechazan el rumbo del actual Gobierno y exigen cambios políticos profundos. Lo que comenzó como un conjunto de demandas sociales ha derivado en una confrontación crítica, con bloqueos sostenidos que han afectado la circulación y el suministro en amplias zonas del país.
El papel del Ejército y el debate sobre la militarización
Las autoridades denuncian que algunos de estos cortes han incluido episodios de violencia, como ataques a ambulancias y restricciones al paso de vehículos de emergencia, lo que ha intensificado la presión sobre el Ejecutivo para actuar. En este contexto, el Gobierno ha difundido imágenes de desplazamientos de personas desde puntos de bloqueo hacia La Paz, a quienes vincula con sectores afines a Morales y a la ampliación de las protestas en la capital. El Ministerio de Obras Públicas ha advertido de que la continuidad de los bloqueos agrava el desabastecimiento y compromete la atención sanitaria en varias regiones.
La nueva ley otorga un papel central a las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden en las vías bloqueadas. El Ejecutivo defiende que se trata de una herramienta excepcional para garantizar la libre circulación y proteger infraestructuras críticas en un contexto de crisis prolongada.
-
Bolivia se convierte en el nuevo frente de disputa regional mientras la tensión escala dentro
-
Paz convoca al diálogo mientras Bolivia se acerca a un punto crítico por las protestas y bloqueos
-
Bolivia entra en la cuarta semana de protestas sin acuerdo y con una creciente presión sobre Paz
Sin embargo, la medida ha generado preocupación en sectores afines al exmandatario fundador del Movimiento al Socialismo (MAS), que alertan sobre el riesgo de militarización de la gestión de las protestas. Para el expresidente Evo Morales, la norma “debilita las garantías democráticas” y reduce los mecanismos de control institucional sobre la actuación del Estado. Morales ha advertido además de que podría incrementar la tensión en un país ya marcado por la confrontación política, aunque él mismo se rehúsa a aceptar una mesa de diálogo y reclama la dimisión de Paz. Morales también está evadido de la Justicia tras la emisión de una orden de captura en su contra por trata de menores.
El exmandatario, que mantiene una influencia relevante en el ámbito sindical, campesino y cocalero, acusa al Gobierno de criminalizar la protesta social, mientras el Ejecutivo lo señala como impulsor de una estrategia de desestabilización para forzar un cambio de poder tras su derrota electoral, la crisis de fraude generada en 2019 y el barrido que sufrió el MAS también después de su pugna interna en las presidenciales del año pasado, donde su candidato no pasó de la primera vuelta y solo se quedaron con dos diputados en la Cámara Baja. En las regionales de este año, el movimiento de izquierdas otrora hegemónico solo conservó la gobernación de Cochabamba, el bastión de Evo. @mundiario
