El Reino Unido ha endurecido su posición frente a Irán tras el presunto complot detectado el 27 de septiembre en la base aérea de RAF Fairford, en Gloucestershire, al oeste de Inglaterra. El primer ministro, Andy Burnham, aseguró ante la Cámara de los Comunes que los indicios apuntan a una operación coordinada desde territorio iraní y dirigida, «casi con toda certeza», por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una estructura militar y de seguridad central en el sistema político de la República Islámica.
La declaración representa un salto respecto a las primeras valoraciones oficiales, cuando el Gobierno británico hablaba de «indicios sólidos» sobre una posible implicación iraní. Ahora, Londres atribuye públicamente la presunta operación a una institución concreta del Estado iraní y anuncia que está dispuesto a imponer nuevas sanciones. La acusación, además, ha recibido un respaldo diplomático considerable: cerca de una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá y España, condenaron en una declaración conjunta las actividades hostiles que atribuyen a Teherán y reconocieron la evaluación británica sobre el incidente de Fairford.
Aunque Londres presenta la atribución como altamente probable, la investigación policial continúa abierta y, según la información disponible, los siete detenidos han sido puestos en libertad bajo fianza sin que se hayan presentado cargos. La dimensión internacional de la acusación es, por tanto, mucho mayor que el resultado procesal conocido hasta ahora.
La madrugada del 27 de septiembre, cinco hombres procedentes de Londres llegaron a Whelford, una localidad próxima a la instalación militar, en tres furgonetas blancas. La intervención policial movilizó a agentes armados y especialistas militares en desactivación de explosivos. Decenas de residentes fueron evacuados temporalmente mientras se examinaba la zona y se comprobaban los posibles riesgos.
La policía informó posteriormente del hallazgo de una cantidad de gasolina, considerada un acelerante, en tres vehículos vinculados a los primeros sospechosos. No se encontraron explosivos. Las autoridades detuvieron finalmente a siete hombres de veintitantos años, seis de ellos ciudadanos británicos y uno con doble nacionalidad británica e iraní. Todos quedaron en libertad bajo fianza mientras prosiguen las pesquisas.
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La ausencia de explosivos no elimina automáticamente la posibilidad de que existiera una intención de cometer un delito, pero sí impide describir el episodio como un atentado consumado o dar por probado que los detenidos estaban preparados para ejecutar un ataque con bombas. Tampoco permite establecer por sí sola quién habría organizado la operación, cuál era su objetivo preciso o qué pruebas concretas vinculan a los sospechosos con la Guardia Revolucionaria.
La importancia de Fairford explica la preocupación de Londres y Washington. La base, operada por la Real Fuerza Aérea británica y utilizada por las fuerzas estadounidenses, ha servido como plataforma para bombarderos norteamericanos en operaciones contra Irán. El Gobierno británico autorizó el uso estadounidense de instalaciones militares para lo que describió como ataques defensivos contra misiles iraníes y sus lanzadores, después de ataques de Teherán contra intereses británicos y aliados en el Golfo.
Casi una treintena de países respalda la acusación contra Teherán
Para Irán, esa utilización convierte a Fairford en una instalación vinculada a las operaciones militares estadounidenses contra su territorio. Para el Reino Unido, sin embargo, cualquier amenaza o acción clandestina contra una base situada en suelo británico constituye un problema directo de seguridad nacional, independientemente de las justificaciones estratégicas que pueda invocar Teherán.
La preocupación estadounidense aumentó después del incidente. Washington retiró de Fairford doce bombarderos B-1, según las informaciones difundidas, en medio de inquietudes sobre posibles amenazas contra la instalación, incluido el riesgo de un ataque con drones. El traslado no demuestra por sí mismo que existiera una operación iraní confirmada, pero revela que el episodio tuvo consecuencias prácticas para la protección de los medios militares desplegados en Europa.
La respuesta diplomática ha sido uno de los elementos más significativos de la crisis. La declaración conjunta publicada el 12 de octubre por los ministros de Exteriores de cerca de treinta países condena los ataques violentos, los incendios provocados, el sabotaje, los ciberataques y otras actividades híbridas que atribuyen a Irán contra sus territorios y aliados. El documento reconoce expresamente la atribución británica sobre Fairford y considera que el incidente refleja la disposición de la Guardia Revolucionaria a proyectar actividades hostiles fuera de las fronteras iraníes mediante redes clandestinas y actores intermediarios.
La declaración incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Canadá y Países Bajos, entre otros Estados. Su relevancia no reside únicamente en el número de firmantes, sino en la voluntad de coordinar respuestas frente a posibles operaciones encubiertas. Los gobiernos firmantes advierten de que investigarán, interrumpirán y perseguirán judicialmente las actividades hostiles que puedan atribuirse a agentes estatales o intermediarios.
Londres también ha convocado al embajador iraní y anunciado sanciones contra dos personas a las que acusa de participar en actividades de espionaje y operaciones hostiles en nombre de Teherán. Entre los sancionados figura Ruhollah Bazghandi, identificado por las autoridades británicas como responsable de operaciones de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria. Estas medidas buscan dificultar la actividad de las redes sospechosas y elevar el coste diplomático de las actuaciones que el Gobierno atribuye a Irán.
El supuesto complot y el patrón de amenazas atribuidas a Irán
El respaldo internacional, no obstante, no equivale a que cada país haya presentado pruebas independientes sobre el caso concreto. La declaración reconoce la evaluación del Reino Unido, pero la investigación y la acreditación judicial de responsabilidades siguen siendo cuestiones distintas. La coordinación política puede reforzar la presión sobre Teherán; no sustituye la necesidad de esclarecer qué ocurrió en Fairford.
El Gobierno británico sitúa el incidente dentro de un contexto más amplio de presuntas operaciones vinculadas a Irán en Europa. La declaración internacional menciona ataques recientes contra comunidades judías, periodistas iraníes y objetivos estadounidenses, algunos reivindicados por Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), un grupo considerado proiraní. Las autoridades occidentales investigan si estas acciones responden a redes coordinadas, aunque la reivindicación de un ataque o la afinidad ideológica de un grupo no demuestran automáticamente que exista una orden directa del Gobierno iraní.
Otro caso ha aumentado la inquietud británica. Dos ciudadanos iraníes fueron acusados de delitos de terrorismo por un supuesto plan contra la comunidad judía de Manchester. Según la acusación expuesta ante el tribunal, habrían mantenido contacto con una tercera persona, presuntamente situada en Irán, que les habría facilitado instrucciones para preparar un artefacto. El caso deberá seguir su curso judicial y no debe confundirse con la investigación de Fairford: son expedientes diferentes, aunque el Gobierno los presenta como parte de un mismo problema de seguridad.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, sostuvo que el episodio de Fairford «habla de una tendencia más amplia» y acusó a Estados como Irán de recurrir a intermediarios y delincuentes locales para realizar actividades hostiles sin asumir públicamente su responsabilidad. La hipótesis preocupa a los servicios de seguridad porque una operación ejecutada por personas reclutadas localmente puede resultar más difícil de detectar que una acción organizada abiertamente por agentes extranjeros.
Teherán niega su participación en el presunto complot y ha reclamado a Londres pruebas que respalden las acusaciones. Esa negativa no resuelve la investigación, pero forma parte de una disputa en la que las dos partes mantienen posiciones enfrentadas y en la que las pruebas disponibles públicamente todavía son limitadas.
Al señalar directamente a la Guardia Revolucionaria y coordinar su respuesta con aliados, el Gobierno británico busca advertir de que cualquier operación atribuida al Estado iraní tendrá consecuencias diplomáticas y económicas. Teherán, por su parte, sostiene que no ha participado en el incidente y recuerda su oposición a las bases utilizadas para atacar su territorio. Esa confrontación hace más difícil separar la investigación policial de la escalada geopolítica que la rodea. @mundiario
