Chile y la gran reforma de Kast: entre el impulso económico y el choque político

En su primera cadena nacional como presidente de Chile, José Antonio Kast ha presentado un amplio paquete de medidas económicas y fiscales bajo el nombre de Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. El plan, compuesto por más de 40 iniciativas, busca reactivar una economía marcada por años de crecimiento débil y reordenar las cuentas públicas con objetivos ambiciosos a 2030: reducir el desempleo al 6,5 por ciento, alcanzar un crecimiento cercano al 4 por ciento anual y lograr equilibrio fiscal estructural. En el centro del debate aparece la rebaja del impuesto de sociedades del 27 al 23 por ciento, una medida que el Ejecutivo considera clave para estimular la inversión y que la oposición interpreta como un riesgo de mayor desigualdad en la distribución de la riqueza.

El Gobierno sostiene que el país necesita un cambio de ritmo tras lo que describe como una década de bajo dinamismo. Para ello plantea una combinación de incentivos a la inversión, simplificación de permisos regulatorios y ajustes al gasto público, con una reducción del 3 por ciento en presupuestos ministeriales. También incluye medidas como la repatriación de capitales con una tasa reducida temporal, incentivos fiscales a grandes proyectos y cambios en el sistema de contribuciones para determinados grupos. El mensaje de fondo es claro: sin crecimiento sostenido, el margen de acción del Estado se estrecha como un cauce seco que impide avanzar al río económico.

Un debate político que tensiona el Congreso

El anuncio ha abierto un escenario de fuerte confrontación política. La oposición ha criticado que el paquete se presente como una sola ley, lo que consideran una estrategia para forzar la aprobación de medidas tributarias de gran impacto sin discusión separada. Algunos sectores incluso han advertido la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si no se modifica el formato legislativo.

Las críticas se concentran especialmente en la rebaja del impuesto corporativo, vista por partidos de izquierda como una medida que beneficia en mayor proporción a las grandes empresas. Desde el Ejecutivo se responde que la creación de empleo depende del dinamismo general del tejido productivo, desde pequeños negocios hasta grandes industrias. En paralelo, una encuesta reciente refleja que una mayoría de la ciudadanía considera que las grandes empresas deberían contribuir más, lo que añade presión al debate parlamentario. El Congreso se convierte así en un tablero donde cada pieza política intenta influir en el rumbo de una reforma que no solo redefine impuestos, sino también prioridades de país.

Impacto social, incertidumbre y modelo de desarrollo

Más allá del choque político, el paquete abre interrogantes sobre su impacto social. Entre las medidas se incluyen la eliminación del IVA a viviendas nuevas, cambios en la gratuidad de la educación superior y la reducción de plazos en permisos ambientales para acelerar inversiones. También se contemplan expulsiones de migrantes en situación irregular, aunque el eje central del debate sigue siendo económico.

El Gobierno defiende que estas decisiones buscan liberar energía productiva y reducir trabas que frenan la inversión. Sin embargo, la oposición advierte del riesgo de profundizar brechas sociales si el crecimiento no se traduce en mejoras concretas para los hogares. En este escenario, la economía se comporta como un termómetro político que marca tensiones acumuladas: lo que para unos es modernización necesaria, para otros puede ser una reconfiguración del modelo que deja atrás a parte de la ciudadanía.

La discusión recién comienza en el Congreso, pero ya perfila una disputa de fondo sobre qué tipo de desarrollo quiere Chile en los próximos años. El resultado de este pulso marcará no solo cifras macroeconómicas, sino también la forma en que se reparte el peso del crecimiento y quiénes se benefician de él. Un equilibrio delicado que definirá el rumbo del país en la próxima década. @mundiario