La crisis política de Nicaragua ha vuelto al centro de la agenda interamericana. La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes en Washington una resolución que reclama al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo la creación de condiciones para celebrar “elecciones libres, justas e inclusivas”, la liberación incondicional de los presos políticos y la recuperación de las garantías democráticas.
La respuesta de Managua llegó en paralelo. El Gobierno nicaragüense rechazó el nombramiento de Natasha Franceschi como nueva embajadora de Estados Unidos, apenas un día después de que el Senado estadounidense ratificara su designación.
El acuerdo, adoptado por consenso en la reunión de consulta de ministros de Exteriores, establece además la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, abierto a los Estados miembros que quieran participar, con el objetivo de mantener un diálogo con las autoridades y distintos sectores de la sociedad nicaragüense, incluida la oposición y el exilio. La OEA quiere que este mecanismo permita evaluar la evolución de la situación y formular nuevas recomendaciones y posibles acciones diplomáticas y jurídicas.
La resolución reclama a Managua mucho más que la convocatoria de elecciones. Entre sus exigencias figuran el restablecimiento de la separación de poderes, la recuperación del espacio cívico, el esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas, la restitución de la nacionalidad a quienes fueron privados de ella y la devolución de bienes confiscados. El secretario general de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, defendió que el objetivo es crear las condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos políticos y decidir su futuro mediante instituciones democráticas.
El movimiento diplomático se produce después de que Ortega anunciara en julio que no habrá más elecciones en Nicaragua, una declaración que elevó la preocupación regional y precipitó la convocatoria de la reunión extraordinaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua habían advertido un día antes de la reunión de que continúan documentándose detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, confiscaciones, privaciones de nacionalidad y represión transnacional.
La Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la #OEA aprobó por aclamación la resolución “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua” https://t.co/ZJbvKDHopR https://t.co/WuMEypGNg7
— OEA (@OEA_oficial) October 2, 2026
Washington y Managua elevan la tensión
La sesión de la OEA estuvo marcada también por el enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y Nicaragua. El subsecretario de Estado Christopher Landau denunció que Managua había rechazado a Franceschi, diplomática de carrera nominada por el presidente Donald Trump y ratificada por el Senado estadounidense el 30 de septiembre. Estados Unidos llevaba desde 2023 sin embajador en Managua.
“Murillo y Ortega han cerrado constantemente la puerta al diálogo productivo”, afirmó Landau durante la reunión, al denunciar el rechazo de la diplomática. Posteriormente, el Departamento de Estado señaló que Washington mantiene “todas las opciones sobre la mesa” en su respuesta a Managua.
El rechazo del beneplácito para Franceschi se produce, por tanto, en un momento de creciente presión internacional sobre el Gobierno nicaragüense. La decisión de Managua, no obstante, evidencia la distancia entre la estrategia diplomática planteada por el organismo y la disposición del Ejecutivo de Ortega a aceptar ese proceso de interlocución.
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Un consenso continental, con la excepción de Brasil
La resolución fue adoptada por consenso, aunque la reunión puso de manifiesto las diferencias existentes dentro del continente sobre hasta dónde debe llegar la presión contra Managua. Solo siete de los 34 Estados miembros —Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití— enviaron a sus ministros de Exteriores; el resto estuvo representado por funcionarios de menor rango.
Brasil había mostrado reservas sobre la convocatoria y defendió durante las negociaciones que no se presentara a Nicaragua como una amenaza para la paz y la seguridad regionales. El texto final, no obstante, mantuvo las principales demandas democráticas y abrió la puerta a nuevas actuaciones mediante el Grupo Ministerial de Seguimiento.
Presentación de la Relatora para #Nicaragua de la @CIDH, @RosaMariaPaya, sobre “la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas, de conformidad con la Carta de la OEA” en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA https://t.co/TvXjoZE2ip
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La resolución no impone sanciones concretas contra Ortega y Murillo. Ramdin sí planteó la posibilidad de que los Estados recurran a instrumentos como restricciones financieras, medidas de viaje o sanciones económicas dirigidas a las autoridades, procurando evitar efectos sobre la población. El mecanismo aprobado apuesta inicialmente por la presión diplomática y la interlocución, con la posibilidad de evaluar nuevos pasos posteriormente.
Nicaragua, entretanto, ya no participa formalmente en la OEA. El país abandonó el organismo en 2023 por decisión del Gobierno de Ortega. Pese a ello, la organización mantiene la situación nicaragüense dentro de su agenda y ha utilizado la reunión de consulta como mecanismo para articular una respuesta colectiva de los Estados americanos. @mundiario
