¿Cómo afecta el desmantelamiento del marco federal de emisiones por Trump al clima global?

El presidente Donald Trump ha decidido borrar de un plumazo uno de los pilares de la política climática estadounidense. La derogación de la llamada declaración de peligro, aprobada en 2009 durante el mandato de Barack Obama, elimina la base jurídica que permitía a la Agencia de Protección Ambiental regular seis gases de efecto invernadero bajo la histórica Clean Air Act. La medida no es un simple ajuste técnico, sino un giro ideológico que cuestiona la validez de décadas de investigación científica.

Para entender la dimensión del cambio conviene explicar qué era esa declaración. En 2009, la Agencia de Protección Ambiental concluyó que gases como el dióxido de carbono o el metano suponen un riesgo para la salud pública y el bienestar. Esa conclusión activaba la obligación legal de regular sus emisiones, especialmente en sectores como el transporte y la energía, responsables cada uno de alrededor de una cuarta parte de las emisiones del país. Sin esa base legal, el edificio regulatorio pierde su cimiento.

La ciencia frente a la desregulación

Trump ha defendido la decisión como la mayor acción de desregulación de la historia del país y sostiene que reducirá el precio de los vehículos nuevos en unos 3.000 dólares. El argumento es sencillo y atractivo para el consumidor medio, pero incompleto. Reducir exigencias ambientales puede abaratar costes a corto plazo, aunque traslada otros costes a largo plazo en forma de impactos sanitarios, desastres climáticos y pérdida de competitividad tecnológica.

Negar el consenso científico no elimina los fenómenos meteorológicos extremos ni la intensificación de huracanes o incendios. Es como romper el termómetro porque marca fiebre. Estados Unidos no solo se retira nuevamente del Acuerdo de París, sino que envía el mensaje de que la evidencia empírica es negociable. Esa señal debilita la arquitectura global construida en los últimos años.

Impacto en la industria y en la economía

Durante la presidencia de Joe Biden se impulsaron incentivos fiscales para acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico. Aquella estrategia buscaba no solo reducir emisiones, sino competir con China en un sector clave del siglo XXI. Ahora, con la desactivación de normas y subsidios, el país corre el riesgo de quedarse en tierra mientras otros avanzan.

La industria automovilística estadounidense queda atrapada entre dos fuerzas. Por un lado, fabricantes tradicionales que celebran el alivio regulatorio. Por otro, empresas que ya habían invertido miles de millones en electrificación y necesitan estabilidad normativa. La incertidumbre jurídica puede generar litigios y frenar inversiones. No es casual que algunos actores empresariales hayan apoyado la desregulación con cautela pública.

Consecuencias legales y liderazgo internacional

La eliminación de la declaración de peligro también reabre debates legales. En 2011, el Tribunal Supremo determinó que la regulación de estos gases correspondía a la Agencia de Protección Ambiental. Si la agencia renuncia a esa función, podrían proliferar demandas por daños ambientales en tribunales estatales, creando un mosaico regulatorio aún más complejo.

Más allá de las fronteras, la decisión erosiona la credibilidad de Estados Unidos como socio fiable en materia climática. El mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero opta por mirar hacia otro lado en un momento crítico. La transición energética no es solo una cuestión ambiental, es una apuesta estratégica por la innovación, el empleo y la seguridad.

La política puede cambiar leyes en cuestión de horas, pero no puede alterar las leyes de la física. Si Washington decide desmontar sus defensas climáticas, el coste no desaparecerá, simplemente se desplazará hacia el futuro. Gobernar implica elegir qué factura se paga y quién la asume. En este caso, la cuenta puede acabar en manos de las próximas generaciones. @mundiario