Demócratas y republicanos desafían a Trump: el Congreso vota limitar sus poderes de guerra en Irán

La aprobación en la Cámara de Representantes de una resolución para restringir la capacidad de Donald Trump de mantener la intervención militar estadounidense en Irán sin autorización expresa del Congreso asesta un duro varapalo al presidente de EE UU, que ahonda en las grietas que la guerra en Oriente Próximo ha abierto en el Partido Republicano.

La votación, respaldada por todos los demócratas y cuatro congresistas republicanos, refleja el creciente malestar institucional ante una guerra que ya supera los cuatro meses de duración y supone la primera fractura relevante en la disciplina de voto en temas sensibles que había caracterizado a los republicanos durante el segundo mandato del presidente.

La moción salió adelante por un estrecho margen de 215 votos frente a 208 y contó con el respaldo de cuatro congresistas republicanos: Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson.

Aunque las resoluciones concurrentes como la que se ha aprobado este jueves no son vinculantes y no requieren la firma presidencial, su significado ha copado los titulares de prensa estadounidenses. Constituye una censura institucional a la forma en que la Casa Blanca ha gestionado la denominada Operación Furia Épica y un recordatorio de que el Congreso sigue con descontento la discreción con la que Trump ordena operaciones militares en el extranjero, y especialmente los demócratas reivindican su papel constitucional en la decisión de llevar al país a una guerra.

Una guerra cada vez más incómoda para Washington

Cuando Trump ordenó el inicio de la campaña militar contra Irán, la Administración defendió que se trataba de una operación limitada, destinada a cumplir objetivos concretos y rápidos. Sin embargo, el conflicto se ha prolongado mucho más de lo inicialmente previsto y no solo no ha conseguido sus objetivos declarados, sino que ha dado paso a que Teherán ponga el riesgo el mercado energético mundial al cerrar el estrecho de Ormuz.

La Ley de Poderes de Guerra establece que el presidente no puede mantener tropas estadounidenses en hostilidades activas durante más de 60 días sin autorización del Congreso. Precisamente por ello resulta especialmente significativa la decisión de los inspectores generales del Pentágono, del Departamento de Estado y de USAID de iniciar una revisión conjunta de la campaña militar. El mero hecho de que los organismos de control hayan activado este procedimiento implica que consideran que la operación supera los límites temporales previstos por la legislación federal y merece un examen específico sobre su legalidad y supervisión institucional.

La Administración Trump ha defendido una interpretación diferente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo recientemente que el cómputo de los 60 días se reinició tras el alto el fuego anunciado en abril. Sin embargo, numerosos legisladores de ambos partidos consideran que esa interpretación es jurídicamente discutible.

Los cuatro republicanos que rompieron filas

La importancia de la votación radica menos en el texto aprobado que en quiénes decidieron respaldarlo. Los cuatro republicanos proceden de sensibilidades ideológicas distintas en las derechas, lo que demuestra que el malestar no se limita a una única corriente interna del partido.

En el caso de Warren Davidson (Ohio) y Thomas Massie (Kentucky), su posición responde a una larga tradición libertaria que considera que las intervenciones militares en el exterior deben estar estrictamente sometidas al control del Congreso. Ambos han mantenido históricamente posiciones críticas respecto a la expansión de los poderes presidenciales en materia de seguridad nacional.

Por su parte, Brian Fitzpatrick (Pensilvania) y Tom Barrett (Míchigan) representan distritos electorales más competitivos, donde el apoyo a una guerra prolongada podría convertirse en un coste político significativo de cara a futuras elecciones. Las motivaciones son diferentes, pero la conclusión es común: el presidente no debería tener libertad ilimitada para prolongar el conflicto sin supervisión legislativa.

El argumento de la Casa Blanca

La votación sobre Irán no aparece aislada. Durante las últimas semanas han surgido diversos episodios que muestran una relación cada vez más compleja entre Trump y parte del Partido Republicano. El Senado ha protagonizado una rebelión contra un controvertido fondo de 1.800 millones de dólares impulsado por el presidente para compensar a simpatizantes que alegan haber sido perseguidos políticamente tras los acontecimientos del 6 de enero de 2021.

Además, los republicanos del Senado eliminaron recientemente partidas presupuestarias vinculadas a prioridades impulsadas por la Casa Blanca después de que los órganos técnicos de la Cámara Alta cuestionaran su encaje legal. Son derrotas parciales, pero reveladoras. Durante meses, Trump había logrado imponer una disciplina casi absoluta dentro del partido. Sin embargo, la prolongación de la guerra, el desgaste político acumulado y la cercanía de futuros procesos electorales parecen estar reduciendo ese margen de control.

Frente a las críticas, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió con firmeza la posición de la Administración. Johnson argumentó que restringir ahora la capacidad de maniobra del presidente podría debilitar la posición negociadora estadounidense y perjudicar las conversaciones destinadas a consolidar un eventual acuerdo de paz.

Según esta visión, el conflicto se encuentra en una fase de transición diplomática y limitar las competencias presidenciales enviaría señales de debilidad tanto a Irán como a otros actores internacionales. La Casa Blanca sostiene además que los objetivos militares iniciales ya se han cumplido y que el presidente necesita flexibilidad para cerrar el proceso. Sin embargo, los críticos replican que precisamente en situaciones de guerra prolongada es cuando resulta más necesario reforzar los mecanismos de supervisión democrática. @mundiario