El Senado filipino se convirtió este miércoles en escenario de una situación inédita: un senador atrincherado para evitar ser detenido por una orden vinculada al Tribunal Penal Internacional (TPI), un operativo policial rodeado de incertidumbre y disparos dentro de uno de los edificios institucionales más importantes del país.
El protagonista es Ronald “Bato” dela Rosa, antiguo jefe de la Policía Nacional filipina y uno de los hombres más cercanos al expresidente Rodrigo Duterte. El TPI lo considera una figura clave en la denominada “guerra contra las drogas”, la campaña lanzada durante el mandato de Duterte que dejó miles de muertos y que continúa siendo objeto de investigaciones internacionales por posibles crímenes contra la humanidad.
La tensión comenzó cuando se hizo pública una orden de arresto contra Dela Rosa. El exsenador está acusado de haber participado como “coautor indirecto” de los crímenes cometidos durante la ofensiva antidrogas del Gobierno de Duterte, una campaña que oficialmente dejó más de 6.000 fallecidos, aunque las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a decenas de miles.
La CPI sostiene que Dela Rosa no solo dirigió operativos policiales, sino que también contribuyó políticamente a legitimar y promover las ejecuciones extrajudiciales. Según la investigación internacional, sus declaraciones públicas y directrices habrían favorecido una estructura de violencia sistemática contra presuntos consumidores y traficantes.
Para el senador filipino, sin embargo, el tribunal carece de jurisdicción. Filipinas abandonó oficialmente el Estatuto de Roma en 2019 por decisión de Duterte, aunque la CPI mantiene que sí puede investigar delitos cometidos mientras el país seguía siendo miembro del organismo internacional.
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El atrincheramiento en el Senado
Tras conocerse el riesgo de arresto, Dela Rosa se refugió en el edificio del Senado filipino, donde pasó la noche protegido en las oficinas de sus aliados políticos tras el encierro. El presidente del Senado, Alan Peter Cayetano —cercano al entorno de Duterte—, llegó a otorgarle una especie de “custodia protectora” dentro del recinto legislativo.
La estrategia tenía un fuerte componente político y simbólico. El entorno del senador argumentaba que ninguna fuerza de seguridad podía ejecutar una detención dentro del Senado sin autorizaciones específicas emitidas por tribunales filipinos.
Mientras tanto, el propio Dela Rosa intensificó la presión pública mediante mensajes difundidos en redes sociales. Desde su despacho pidió apoyo a sus simpatizantes y aseguró que su arresto era inminente. “No permitan que otro filipino sea llevado a La Haya”, afirmó en un vídeo grabado desde el Senado.
La frase tenía un destinatario evidente: Rodrigo Duterte, quien permanece detenido en La Haya a la espera de juicio y podría convertirse en el primer exjefe de Estado asiático procesado formalmente por la CPI.
Un tiroteo dentro del Senado
El momento más crítico llegó cuando se desplegó un operativo de seguridad en torno al edificio legislativo. Testigos y periodistas presentes en el Senado comenzaron a reportar movimientos de personal armado, algunos portando rifles de asalto y equipo táctico.
Poco después se escucharon múltiples disparos dentro del complejo parlamentario. Las escenas de caos se propagaron rápidamente por los medios locales y redes sociales. Trabajadores, periodistas y funcionarios fueron evacuados apresuradamente mientras los accesos al Senado quedaban bloqueados por fuerzas de seguridad.
Lo más llamativo fue la enorme confusión posterior sobre el origen de los disparos. El Gobierno filipino negó que los tiros provinieran de fuerzas estatales. El presidente Ferdinand Marcos Jr. aseguró públicamente que ni militares ni agentes gubernamentales habían participado en el incidente armado.
“No sabemos quién está detrás de esto”, declaró posteriormente el ministro del Interior, Jonvic Remulla. La ausencia de una versión clara ha disparado las especulaciones sobre posibles provocaciones, infiltraciones o intentos deliberados de generar inestabilidad política en pleno enfrentamiento institucional.
La crisis demuestra hasta qué punto la figura de Rodrigo Duterte continúa condicionando la vida política filipina incluso después de abandonar el poder.
Durante su presidencia, Duterte construyó una política de seguridad basada en la confrontación directa contra el narcotráfico. Su discurso prometía eliminar criminales y traficantes mediante métodos expeditivos, una narrativa que le otorgó enorme popularidad entre sectores de la población cansados de la violencia y la corrupción.
Sin embargo, esa misma política abrió una de las mayores controversias internacionales sobre derechos humanos en Asia durante la última década.
Dela Rosa fue una pieza central de aquel aparato de seguridad. Como jefe policial, dirigió operaciones de la campaña conocida como “Project Double Barrel”, una ofensiva nacional que, según organismos internacionales y ONG, estuvo marcada por asesinatos sistemáticos, encubrimientos y ejecuciones sin juicio.
Las autoridades filipinas siempre han defendido que los fallecidos murieron durante enfrentamientos legítimos con la Policía. @mundiario
