Durante décadas, los países europeos han distinguido con relativa claridad entre la paz y un conflicto militar. Esa separación resulta cada vez más difícil de mantener. Los gobiernos europeos y la OTAN están elevando la vigilancia ante una sucesión de incidentes atribuidos a Rusia que se desarrollan por debajo del umbral de una guerra abierta.
El caso del aeropuerto de Leipzig, en Alemania, se ha convertido en uno de los episodios que explican esta preocupación. La OTAN calificó el incidente como un ataque híbrido ruso y mostró su respaldo a Berlín.
La llamada guerra híbrida combina métodos muy distintos. Puede incluir sabotajes, ataques informáticos, incendios provocados, interferencias de comunicaciones, drones o acciones contra infraestructuras estratégicas. Su principal dificultad para los gobiernos europeos está en determinar cuándo un incidente aislado deja de ser una operación encubierta y pasa a convertirse en una amenaza que exige una respuesta coordinada.
Ese límite preocupa especialmente porque una acción contra un aeropuerto, una red eléctrica, un sistema de comunicaciones o una instalación militar puede tener consecuencias mucho mayores de las previstas inicialmente.
La OTAN mantiene consultas entre aliados cuando la seguridad de uno de sus miembros está amenazada, pero la respuesta concreta depende de las características de cada incidente. Al mismo tiempo, varios gobiernos europeos están reforzando sus propias capacidades para detectar y contener este tipo de acciones.
Bruselas prepara una nueva respuesta
La Unión Europea también ha comenzado a modificar su estrategia. Ursula von der Leyen anunció el 16 de septiembre una nueva estrategia europea de seguridad y defendió la creación de un mecanismo común para responder a incidentes que no lleguen a constituir una agresión armada, pero que sí afecten a la seguridad de un Estado miembro.
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La propuesta contempla un protocolo de emergencia que permitiría reunir a los países de la UE y coordinar medidas cuando se produzca una amenaza de este tipo. Bruselas también plantea reforzar la cooperación con la OTAN y mejorar las capacidades europeas en ámbitos como la defensa aérea, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras.
El cambio responde a una realidad que afecta directamente a la población. Un ataque híbrido no necesita destruir una ciudad para causar problemas. Una interrupción prolongada del suministro eléctrico, una caída de las comunicaciones o un ataque informático contra hospitales y transportes puede alterar durante días el funcionamiento normal de un país.
España también prepara nuevas medidas
España forma parte de este proceso de adaptación. El Gobierno aprobó en marzo el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, destinado a reforzar la seguridad de servicios considerados esenciales, entre ellos la energía, el agua, la sanidad y el transporte. La norma también amplía el ámbito de protección a otros sectores estratégicos.
La tendencia se repite en otros países europeos, que están aumentando sus inversiones en defensa aérea, protección de infraestructuras y preparación civil.
El objetivo ya no consiste únicamente en impedir un ataque convencional. Europa intenta aumentar su capacidad para resistir acciones que pueden situarse durante horas o días en una zona difícil de definir jurídicamente y políticamente.
El debate, por tanto, ha cambiado. La cuestión ya no es únicamente cómo reaccionar ante una guerra convencional, sino cómo responder cuando la presión llega mediante operaciones que buscan generar daños, incertidumbre o interrupciones sin cruzar de forma evidente el umbral de un conflicto militar abierto. @mundiario
