EE UU amenaza con desmontar el Tribunal Penal Internacional después del Nobel a Navi Pillay

La Administración de Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) pocas horas después de que su antigua jueza Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz por su defensa del derecho internacional. Washington pretende cortar al tribunal de buena parte del sistema financiero estadounidense y amenaza con seguir debilitándolo hasta “desmontarlo ladrillo a ladrillo”, mientras La Haya denuncia un ataque al Estado de derecho.

El nuevo paquete de medidas eleva la presión de Washington sobre el tribunal con sede en La Haya. Las sanciones buscan impedir que el TPI pueda utilizar servicios financieros estadounidenses, operar en dólares o recurrir a determinadas empresas y proveedores estadounidenses. Las entidades y personas que mantengan relaciones con el tribunal dispondrán de un periodo de seis meses para poner fin a esas operaciones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha presentado la decisión como una defensa de la soberanía de EE UU. La Administración Trump sostiene que el TPI no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y ha rechazado especialmente las actuaciones del tribunal relacionadas con Israel. Rubio ha advertido de que, si la corte no pone fin a lo que Washington considera amenazas contra Washington, su Gobierno continuará su campaña para acabar con ella “ladrillo a ladrillo”.

La ofensiva no se limita, por tanto, a individuos concretos vinculados al tribunal. Estados Unidos ya había sancionado a jueces y fiscales del TPI y, con la decisión de este viernes, dirige las medidas contra la propia institución. El tribunal cuenta con 125 Estados parte y tiene el mandato de investigar y perseguir genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

La reacción de La Haya ha sido inmediata. El TPI ha calificado las sanciones de “ataque al Estado de derecho” y a los fundamentos del orden jurídico internacional. Su presidenta, Tomoko Akane, ha asegurado que el tribunal continuará ejerciendo su mandato con independencia e imparcialidad y ha reclamado a los Estados que lo crearon que adopten medidas concretas para garantizar su funcionamiento.

El TPI denuncia un “ataque al Estado de derecho”

El tribunal considera que las nuevas medidas buscan no solo dificultar sus operaciones, sino también intimidar a quienes trabajan para él o colaboran con sus investigaciones. Su argumento central es que el Estatuto de Roma, que dio origen al TPI, representa un compromiso colectivo para evitar que los crímenes internacionales más graves queden impunes.

La disputa tiene una dimensión que trasciende el enfrentamiento entre Washington y La Haya. El TPI fue creado en 2002 precisamente para juzgar los crímenes que los sistemas nacionales no pueden o no quieren perseguir adecuadamente. Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado históricamente que la corte pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses sin consentimiento de Washington.

La Administración Trump considera, además, que el tribunal ha traspasado una línea roja al emitir órdenes de detención contra altos cargos israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu. El Gobierno estadounidense ha defendido que esas actuaciones amenazan la soberanía de Estados Unidos y de sus aliados. El primer ministro de Israel, por su parte, ha celebrado las nuevas sanciones y ha acusado al TPI de actuar como “un organismo político que representa una amenaza mortal para las democracias que respetan la ley en todo el mundo”.

El Nobel a Pillay desata la ira de Washington

La elección de Navi Pillay como Nobel de la Paz ha servido como vehículo para esta nueva andanada del Departamento de Estado. A sus 85 años, la jurista sudafricana acumula una trayectoria que atraviesa algunas de las principales instituciones de justicia internacional: fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, magistrada del TPI, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y actualmente participa como jueza ad hoc en el Tribunal Internacional de Justicia en el procedimiento sobre el genocidio contra los rohinyás en Myanmar.

Su trabajo en el tribunal para Ruanda fue especialmente relevante. Pillay participó en una jurisprudencia que estableció que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir actos de genocidio y crímenes contra la humanidad. El Comité Noruego del Nobel ha situado precisamente su carrera en defensa de la persecución de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio como una de las razones para concederle el galardón.

La jurista también presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel, que el año pasado concluyó que el Estado israelí había cometido genocidio en Gaza. Tel Aviv rechazó esas conclusiones. La cuestión ha convertido a Pillay en una figura particularmente controvertida para el Gobierno israelí y sus aliados, aunque el Nobel ha reconocido su trayectoria más amplia en defensa del derecho internacional.

Pillay recibió la noticia del premio en Núremberg, donde se encontraba para participar en una conferencia jurídica. Desde allí vinculó el reconocimiento a la defensa de las instituciones internacionales y advirtió de que el derecho internacional y los derechos humanos atraviesan una etapa de fuerte presión política.

Europa respalda al tribunal

La decisión estadounidense también abre un nuevo frente con sus aliados europeos. Varios Gobiernos europeos han expresado su rechazo a las sanciones y han advertido de que las medidas pueden afectar al funcionamiento de una institución respaldada por buena parte de la comunidad internacional. La Unión Europea ha manifestado su intención de trabajar con el TPI para garantizar que pueda continuar desempeñando sus funciones.

La cuestión es ahora hasta dónde llegará la presión estadounidense. Las sanciones cuentan con un periodo de transición de seis meses, lo que deja abierta una ventana para la negociación diplomática, pero la retórica empleada por Rubio apunta a una estrategia de fondo en la que busca no solo castigar a responsables concretos, sino dificultar estructuralmente la actividad del tribunal.

“Prohibiremos las transacciones con este tribunal díscolo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad operativa”, explica el Departamento de Estado en un comunicado en el que se afirma que EE UU no “necesita” ni “quiere” que un tribunal extranjero pueda procesar a ciudadanos estadounidenses por crímenes de guerra.

“Pero a los expertos globalistas del otro lado del océano no les importa lo que piensen los ciudadanos estadounidenses. Quieren que el TPI haga más, incluido el procesamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden a su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que velan por nuestra seguridad nacional. Quieren más poder, y lo quieren a nuestra costa”, sentencia el comunicado, firmado por Rubio. @mundiario