Alejandro Betancourt ha pasado de estar bajo la lupa de varias investigaciones internacionales a convertirse en una figura cada vez más relevante para la estrategia de Estados Unidos en Venezuela. El empresario venezolano, investigado en España por presunto blanqueo de capitales, se encuentra ahora en una posición de enorme influencia en el sector petrolero del país gracias al respaldo de la Administración de Donald Trump.
El problema para la justicia española es que una pieza fundamental de la investigación permanece bloqueada. La Audiencia Nacional lleva meses esperando que Estados Unidos responda a una comisión rogatoria que permitiría interrogar a cinco testigos considerados importantes para esclarecer el origen de determinadas operaciones relacionadas con Betancourt. Sin esa colaboración, el procedimiento puede terminar archivado.
Mientras los tribunales españoles intentan avanzar en una investigación sobre el empresario, Washington ha convertido a Betancourt en un interlocutor privilegiado para la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. Betancourt está vinculado a North American Blue Energy Partners (NABEP), la compañía que participa en el nuevo esquema diseñado para recuperar la producción de crudo de Venezuela. El acuerdo contempla la explotación de numerosos yacimientos y cuenta con una participación del 35% del Pentágono en la empresa, según explicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
La elección resulta especialmente llamativa por el historial judicial del empresario. España y Suiza mantienen investigaciones relacionadas con presunto blanqueo de capitales y posibles desvíos vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Betancourt, sin embargo, no ha sido condenado y niega cualquier actuación ilícita.
Rubio ha defendido públicamente su elección. El secretario de Estado aseguró que Betancourt no tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos y presentó a NABEP como una empresa con capacidad para contribuir a la recuperación de la industria petrolera venezolana.
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La justicia española espera una respuesta que no llega
La Audiencia Nacional investiga operaciones relacionadas con el empresario y necesita obtener información de Estados Unidos para avanzar en el procedimiento. Entre las diligencias pendientes está la declaración de cinco personas que fueron condenadas en territorio estadounidense por delitos relacionados con la corrupción en PDVSA.
La ausencia de respuesta estadounidense ha dejado prácticamente congelada una parte esencial del procedimiento. El juez Santiago Pedraz ha advertido de que, si Washington no contesta antes de diciembre, podría verse obligado a cerrar la investigación.
El riesgo es evidente: el caso podría quedar archivado no porque se hayan despejado todas las dudas sobre las operaciones investigadas, sino porque una de las principales fuentes de información solicitadas por la justicia española no ha llegado.
La sombra de los miles de millones de PDVSA
Las investigaciones internacionales han examinado operaciones en las que se habrían movido grandes cantidades de dinero procedentes de negocios vinculados a PDVSA. En el caso de Betancourt, las pesquisas españolas buscan determinar si parte de esos fondos pudieron terminar siendo blanqueados a través de operaciones y estructuras financieras en España.
El empresario aparece relacionado con una investigación mucho más amplia sobre el movimiento de fondos procedentes de Venezuela. Algunas pesquisas internacionales han situado el volumen de dinero presuntamente desviado en cifras multimillonarias.
Pero hay una distinción fundamental: estar investigado no equivale a haber sido declarado culpable. Betancourt no ha sido condenado por estos hechos y su defensa sostiene que no ha cometido ninguna irregularidad.
Venezuela convierte a Betancourt en una pieza clave
La Administración Trump pretende reconstruir la industria petrolera venezolana y recuperar rápidamente una producción que se ha desplomado durante años de crisis económica, falta de inversión y deterioro de las infraestructuras. En ese escenario, contar con alguien que conozca profundamente el funcionamiento del sector y mantenga contactos dentro de Venezuela tiene un valor estratégico.
El problema es que la elección de Betancourt también introduce dudas sobre transparencia, controles y seguridad jurídica. El nuevo esquema petrolero ya ha sido cuestionado por sus condiciones y por el protagonismo concedido a empresas vinculadas al empresario.
Por eso, la decisión de Washington no solo tiene consecuencias económicas. También coloca a la justicia española ante una situación especialmente delicada.
La investigación española tiene ahora un horizonte concreto. Si Estados Unidos continúa sin responder a la solicitud judicial, el procedimiento podría quedar abocado al archivo.
Mientras tanto, Betancourt sigue ganando influencia en Venezuela y se consolida como una de las figuras imprescindibles para entender el nuevo negocio petrolero impulsado por Washington. @mundiario
