Ha sido publicada una de las listas más famosas y temidas en la región centroamericana. Se trata del Artículo 353, sobre el informe sobre actores corruptos y antidemocráticos , que es mejor conocido como la ‘Lista Engel’. El informe, que se remite al Congreso de los Estados Unidos y que es firmado por miembros tanto del partido Demócrata como del Republicano, notifica sobre personas extranjeras que, «a sabiendas, han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas , corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala , Honduras y Nicaragua», de acuerdo con la descripción que hace el documento. El informe identifica a las personas extranjeras que según el gobierno de Estados Unidos , han participado en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos, en actos de corrupción significativa ó en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, en estos países centroamericanos. Condena al sector justicia guatemalteco Diez personas han sido incluidas en el capítulo guatemalteco del informe. Todos los señalados son miembros cercanos al gobierno de turno del presidente Alejandro Giammattei. Empresarios cercanos a su círculo de poder, exfuncionarios y funcionarios de su gobierno y, sobre todo, operadores de justicia de tribunales y fiscalías que han demostrado una actuación en línea con los intereses de Giammattei. Dentro de los señalados destacan jueces y fiscales del actual Ministerio Público. Tal es el caso de Fredy Orellana Letona, el juez del Juzgado Séptimo Penal, que ha estado en el ojo público por la actual persecución de su juzgado contra el partido Semilla, que busca llevar al candidato Bernardo Arévalo a la presidencia el 20 de agosto. Según Estados Unidos, el juez Orellana «socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca». Noticia Relacionada estandar No La Justicia de Guatemala condena al fundador de ‘elPeriódico’, crítico con el Gobierno, a seis años de prisión por «lavado de dinero» Juan Diego Godoy José Ruben Zamora, tras conocer la sentencia, ha asegurado que el caso por el que le acusan es «espurio y político» y que ha sido armado por sus enemigos y los del galardonado diario que fundó hace más de dos décadas Un caso parecido es el del juez Jimmi Bremer, también señalado en esta lista. Estados Unidos señala que el juez «socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca». Bremer fue quien autorizó que una fiscalía investigara a reporteros del diario elPeriódico, por haber escrito reportajes y artículos sobre la persecución del gobierno en contra de su fundador y presidente, el galardonado periodista José Ruben Zamora. De igual forma, la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Cinthia Monterroso también ha sido incluida. Monterroso ha sido la artífice de las principales peticiones de la fiscalía para clausurar medios de comunicación críticos y perseguir a periodistas y opositores del gobierno. Dos expresidentes de El Salvador El capítulo salvadoreño incluye a seis personas. Tres exfuncionarios del Banco Hipotecario (Carlos Alberto Ortiz, Carlos Enrique Cruz Arana, Jolman Alexander Ayala), dos expresidentes de la Nación (Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sanchez Ceren) y finalmente, a Jose Miguel «Mecafe» Antonio Menendez Avelar, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones. Destacan los dos expresidentes. De acuerdo con EE.UU, Funes Cartagena, se involucró en una importante trama de corrupción «al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del Estado». De igual manera, señala a Sánchez Cerén, de «lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de $1.3 millones en fondos públicos a cambio», y participar en «un plan para desviar $183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente». El Partido Liberal hondureño, en la mira El informe estadounidense, en su capítulo hondureño, ha incluido a diez personas, entre las que destacan tres miembros de uno de los partidos de oposición, el Partido Liberal de Honduras. Figuran en la lista los diputados liberales Samuel García, Alexander López y Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, una de las inclusiones más relevantes, pues es el actual presidente del Partido Liberal de Honduras y uno de los líderes de oposición al gobierno de Xiomara Castro. Rosenthal «socavó los procesos o instituciones democráticos al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político», de acuerdo con Estados Unidos, que señala que también usó su influencia con los funcionarios del gobierno para «eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable de propiedad familiar». Con la vista en la Asamblea Nacional nicaragüense El listado nicaragüense es el que más personas alberga; 13 miembros. Tal como el caso guatemalteco, todos los señalados pertenecen no solo a los círculos cercanos del dictador Daniel Ortega, pero también a su gobierno. Destacan cuatro perfiles de la Asamblea Nacional, entre ellos los de Arling Patricia Alonso Gómez, la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Gladis de los Ángeles Báez, la actual segunda vicepresidenta; Loria Raquel Dixon Brautigam, la actual primera secretaria; y Alejandro Mejía Ferreti, el actual tercer secretario de la Asamblea Nacional. La Lista Engel señala que los cuatro socavaron «procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo». También ha sido señalada la Fiscal General, Wendy Carolina Morales Urbina, quien de acuerdo con Estados Unidos, «socavó los procesos o las instituciones democráticas al utilizar la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal». El gobierno estadounidense también la señala de incautar «propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación». Efectos Engel en Centroamérica En EE.UU, las personas que figuran en esta lista no son elegibles para visas y admisión al país. El Informe señala que de ser señalado en este listado y contar con un visado vigente, ésta «será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada» será «cancelada». Sin embargo, la Lista Engel en los países de origen de los señalados no tiene un efecto judicial directo, pero sí tiene un efecto político y social. Sobre todo por la influencia que ejerce Estados Unidos en la región centroamericana, de la que es su principal socio político y comercial. Ser parte de la Lista Engel es también una condena moral y ética generalizada. Una condena cuestioable, claro, pero real. La Lista Engel se hace pública desde hace tres años. En 2021 vio la luz y desde entonces, es esperada con ansias por la prensa, sociedad civil y los mismos gobiernos. De hecho, el de Guatemala ha publicado un comunicado apenas unas horas después de publicada la lista y ha condenado enérgicamente este informe. El comunicado, compartido vía redes sociales, señala que esta publicación «viola el principio universal de presunción de inocencia» y considera que es «una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país (Guatemala)» y que de esa manera EE.UU busca «imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, perjudicando los derechos humanos de los señalados y quebrantando su presunción de inocencia y derecho al debido proceso». Mientras que, al cierre de esta nota, aún no había pronunciamientos de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
