La crisis diplomática abierta por Donald Trump alrededor de Groenlandia ha entrado en una nueva fase. Tras meses de amenazas públicas sobre una posible anexión de la isla y de presiones crecientes sobre Dinamarca, Washington y Copenhague mantienen negociaciones reservadas para ampliar significativamente la presencia militar estadounidense en el territorio ártico. El cambio no implica que Estados Unidos haya abandonado sus ambiciones sobre Groenlandia.
Más bien revela que la Administración Trump ha optado por una estrategia más gradual: consolidar presencia, infraestructura y capacidad de control bajo el paraguas de la seguridad atlántica.
Las conversaciones, que comenzaron en enero y ya acumulan al menos cinco reuniones de alto nivel, giran alrededor de un objetivo concreto del Pentágono: abrir tres nuevas bases militares en Groenlandia, especialmente en el sur de la isla, en puntos estratégicos como Kangerlussuaq y Narsarsuaq.
Oficialmente, Washington sostiene que busca reforzar la vigilancia marítima frente al incremento de actividad rusa y china en el Ártico y en el corredor marítimo GIUK —la franja entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido considerada esencial para el control naval del Atlántico Norte—. Pero detrás del discurso de seguridad emerge una disputa mucho más profunda sobre soberanía, influencia y control geopolítico.
El elemento más delicado de la negociación es precisamente el que amenaza con bloquear cualquier acuerdo: la exigencia estadounidense de que las futuras instalaciones militares sean consideradas territorio soberano de Estados Unidos. Esa petición va mucho más allá de un simple acuerdo de defensa o de arrendamiento militar.
En la práctica, supondría establecer enclaves bajo jurisdicción estadounidense permanente dentro de un territorio perteneciente formalmente al Reino de Dinamarca y con un creciente movimiento autonomista groenlandés.
La propuesta ha generado enorme incomodidad tanto en Copenhague como en Nuuk. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha dejado claro que su Gobierno está dispuesto a cooperar en materia de seguridad, pero insiste en una línea roja política: “Nuestra única exigencia es el respeto”. La frase resume la sensibilidad extrema que rodea el asunto en Groenlandia, donde la presión estadounidense ha reforzado tanto el nacionalismo local como la voluntad de diversificar alianzas hacia Europa.
La Administración Trump considera Groenlandia una pieza central en la nueva arquitectura estratégica del Ártico. La isla posee una ubicación clave para el control de rutas marítimas, defensa antimisiles y seguimiento submarino. Además, bajo su hielo existen enormes reservas potenciales de tierras raras, grafito, oro y minerales estratégicos fundamentales para la industria tecnológica y militar del siglo XXI. La competencia por esos recursos se ha acelerado a medida que el deshielo abre nuevas rutas comerciales y facilita futuras explotaciones mineras.
El interés estadounidense por Groenlandia no es nuevo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a operar hasta 17 instalaciones militares en la isla con unos 10.000 soldados desplegados. Hoy solo mantiene la base espacial de Pituffik, pieza esencial del sistema NORAD de alerta temprana. Sin embargo, el regreso de las tensiones globales entre grandes potencias ha devuelto al Ártico un valor estratégico que parecía haber perdido tras la caída de la Unión Soviética.
Lo que sí ha cambiado es el tono político empleado por Trump. Durante los primeros meses del año, el presidente estadounidense llegó a sugerir públicamente que Groenlandia podría incorporarse a Estados Unidos “por las buenas o por las malas”. Aquellas declaraciones provocaron una crisis diplomática dentro de la OTAN y obligaron a Dinamarca a endurecer su posición mientras buscaba apoyo europeo. Francia, Alemania, Reino Unido y varios aliados nórdicos reforzaron simbólicamente su presencia en Groenlandia para mostrar respaldo político a Copenhague frente a la presión de Washington.
Pero la tensión abierta ha dado paso a una negociación silenciosa. El encargado de pilotar el proceso por parte estadounidense es Michael Needham, alto funcionario del Departamento de Estado, que ha trabajado en construir una fórmula que permita a Trump exhibir avances sin obligar a Dinamarca a aceptar una cesión formal de soberanía. Las conversaciones se desarrollan bajo el marco del acuerdo bilateral de defensa firmado en 1951 y renovado en 2004, que ya concede amplias facilidades militares a Washington.
La cuestión de fondo es que Trump intenta convertir una relación militar tradicional en una presencia estructural mucho más profunda y difícil de revertir. Si Estados Unidos logra obtener algún tipo de estatus soberano sobre nuevas bases, incluso limitado, consolidaría un control estratégico de largo plazo sobre Groenlandia independientemente de la evolución futura del territorio, incluida una hipotética independencia groenlandesa o incluso cambios en la propia OTAN.
Para la Casa Blanca, el contexto internacional favorece esa presión. Rusia ha intensificado su actividad militar en el Ártico durante los últimos años y China se presenta cada vez más como una “potencia casi ártica”, invirtiendo en infraestructuras, investigación polar y posibles proyectos mineros. Washington teme quedar rezagado en una región que podría convertirse en uno de los grandes escenarios geopolíticos del siglo XXI.
Al mismo tiempo, Trump interpreta Groenlandia también como una demostración política interna de fuerza y expansión estratégica. Obtener nuevas bases o concesiones territoriales le permitiría presentar ante su electorado un éxito tangible de su política exterior transaccional y nacionalista. De hecho, varios analistas consideran que las amenazas iniciales de anexión nunca tuvieron como objetivo real una invasión, sino aumentar la presión negociadora para arrancar concesiones que en condiciones normales Dinamarca jamás habría discutido.
El problema para Washington es que Groenlandia no es únicamente un tablero militar. Sus apenas 57.000 habitantes mantienen una relación extremadamente sensible con el medio ambiente y con la explotación de recursos naturales. El propio Gobierno groenlandés insiste en que cualquier desarrollo económico deberá respetar estrictos estándares ecológicos. Esa posición limita el margen para proyectos mineros masivos y añade obstáculos a los planes estadounidenses de convertir rápidamente la isla en un gran polo estratégico-industrial.
Mientras tanto, Bruselas también intenta aumentar su influencia. La Unión Europea ha incrementado su apoyo financiero a Groenlandia y promueve proyectos estratégicos de minerales críticos para reducir la dependencia europea de China. En Nuuk crece la percepción de que una mayor relación con la UE puede servir como contrapeso frente a las presiones simultáneas de Washington y Pekín. @mundiario

