Venezuela atraviesa una de esas tormentas en las que todo ocurre a la vez y nada parece casual. En un mismo tablero se cruzan una intervención militar de Estados Unidos, la captura de Nicolás Maduro y un juicio por corrupción que, hasta hace poco, parecía imposible. El país se ha convertido en un escenario donde la justicia, la soberanía y la supervivencia política chocan como placas tectónicas.
La intervención estadounidense ha sido presentada como una operación contra estructuras acusadas de narcotráfico y crimen organizado. Sin embargo, la cuestión clave no es solo qué se busca castigar, sino cómo se hace. Porque cuando una potencia actúa militarmente dentro de otro país sin consenso internacional claro, el mensaje es inquietante. Se abre una puerta peligrosa, una puerta que después cuesta cerrar, y que suele terminar golpeando a los de siempre, a la población civil.
Mientras tanto, dentro del país, se desarrolla un juicio que tiene nombre propio y también valor simbólico. El acusado es Tareck El Aissami, exvicepresidente y exministro de Petróleo, uno de los hombres más poderosos del chavismo durante años. Hoy aparece debilitado, en silla de ruedas, vestido como preso y denunciando torturas, extorsiones y abusos dentro del propio sistema judicial.
El caso El Aissami como espejo del poder
El juicio contra El Aissami no es un proceso menor. Se trata del caso de corrupción más grande abierto en Venezuela en décadas. Se investigan miles de millones de dólares perdidos en una trama vinculada a PDVSA y a operaciones con criptomonedas, supuestamente diseñadas para esquivar sanciones internacionales y mantener el flujo de ingresos petroleros.
Aquí conviene explicar algo esencial. Cuando un Estado usa mecanismos opacos para sobrevivir a sanciones, el riesgo es enorme. Se crean redes paralelas, intermediarios sin control, empresas fantasma y operaciones sin auditoría real. Ese tipo de arquitectura es como construir una casa con pasillos secretos. Al principio sirve para moverse sin ser visto, pero al final nadie sabe quién manda dentro.
El Aissami, además, ha señalado a fiscales, figuras cercanas al poder e incluso ha insinuado responsabilidades de altos dirigentes. Su estrategia es clara. No quiere caer solo. Quiere demostrar que él era una pieza de una maquinaria más grande.
-
Venezuela entre esperanza y desconfianza: la compleja realidad de una sociedad que quiere cambios
-
Venezuela confirma la muerte de Víctor Hugo Quero tras meses de silencio y denuncias
-
American Airlines reanuda los vuelos entre Miami y Caracas tras siete años de ruptura
-
Delcy Rodríguez aumenta el salario en Venezuela: un pequeño paso, pero el abismo persiste
-
EE UU autoriza a Venezuela a financiar la defensa de Maduro en el caso por narcotráfico
Opacidad judicial y castigo selectivo
Hay otro elemento que debería alarmar más allá del personaje. El juicio se celebra con restricciones, poca información pública y un expediente prácticamente inaccesible. Si de verdad se trata del mayor robo de la historia reciente del país, debería ser el proceso más transparente. Lo contrario alimenta sospechas: ¿se está juzgando corrupción real o se está ajustando cuentas internas?
Las denuncias de torturas y desaparición forzada tampoco pueden tomarse a la ligera. No porque El Aissami sea una víctima inocente, sino porque la tortura, si ocurre, es un delito que degrada a todo el Estado. Cuando un sistema judicial castiga con métodos ilegales, deja de ser justicia y se convierte en un mecanismo de miedo.
El ataque de EE UU y el futuro de Venezuela
La intervención militar estadounidense y la captura de Maduro abren un debate incómodo. Estados Unidos se presenta como garante de justicia internacional, pero su historial en América Latina demuestra que la fuerza rara vez trae estabilidad. Puede derribar una figura, pero no construye instituciones. Puede imponer un golpe, pero no crea democracia.
Y ahí está el verdadero problema. Venezuela no necesita un salvador armado ni un ajuste de cuentas entre élites. Necesita un Estado funcional, instituciones independientes y un sistema judicial que investigue sin obedecer órdenes políticas. Sin eso, el país seguirá atrapado entre dos fuegos: el autoritarismo interno y la presión externa.
La corrupción no nació con las sanciones, pero las sanciones han sido gasolina para negocios oscuros. Y la intervención militar no corrige ese daño, solo lo amplifica, porque convierte a Venezuela en un tablero geopolítico donde el ciudadano es el peón que siempre cae primero.
El caso El Aissami es una grieta por la que se asoma una verdad incómoda. El poder venezolano se ha sostenido durante años como un muro pintado, y ahora la pintura se cae. La pregunta no es si el muro caerá, sino si se reconstruirá con justicia o con más escombros sobre la gente. @mundiario
