El canciller venezolano, Félix Plasencia, comunicó que el país notificó a Naciones Unidas su intención de denunciar el Estatuto de Roma siguiendo el artículo 127 del tratado. Sin embargo, la salida no se produce de forma automática: el proceso requiere un plazo de un año desde la recepción oficial de la notificación.
Durante ese periodo, Venezuela continúa vinculada a las obligaciones derivadas de su pertenencia a la CPI. Esto significa que la investigación sobre posibles violaciones graves de derechos humanos no desaparece por el anuncio del Gobierno.
La Corte Penal Internacional abrió formalmente el caso Venezuela I en 2021, después de las denuncias presentadas por varios países latinoamericanos y tras las protestas de 2017, en las que organizaciones de derechos humanos documentaron muertes, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos atribuidos a fuerzas estatales.
Por ello, la salida del tribunal no supone el cierre automático del expediente. Expertos en justicia internacional recuerdan que otros países han abandonado el Estatuto de Roma sin que eso haya paralizado procesos ya iniciados.
Caracas acusa persecución, pero la decisión genera críticas
El Gobierno venezolano justifica su retirada alegando que la CPI actúa con un supuesto sesgo contra países del llamado Sur Global y que el organismo habría sido utilizado con fines políticos. Según la narrativa oficial, La Haya no estaría aplicando una justicia equilibrada, sino promoviendo una persecución contra Venezuela.
La otra cara de la decisión es que organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas consideran que el abandono de la CPI puede interpretarse como un intento de limitar los controles externos sobre el Estado venezolano.
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La Corte Penal Internacional funciona precisamente como un tribunal de última instancia: interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no investigan de manera efectiva delitos considerados de extrema gravedad. En el caso venezolano, la apertura del proceso respondió a la evaluación de que no existían avances suficientes en las investigaciones internas.
Para las víctimas que han aportado testimonios durante años, la permanencia del caso en La Haya representa una vía internacional para buscar justicia ante la falta de resultados dentro del país.
El movimiento cambia el tablero diplomático de Venezuela
La decisión también tiene una dimensión geopolítica. Caracas se distancia de una institución creada para combatir la impunidad internacional y se suma a una tendencia de cuestionamiento hacia organismos multilaterales que algunos gobiernos consideran contrarios a sus intereses.
El impacto principal no será inmediato, pero sí puede afectar la imagen internacional de Venezuela y aumentar la tensión con países y organizaciones que defienden el papel de la CPI como mecanismo de protección de derechos humanos.
El Gobierno de Delcy Rodríguez busca presentar la retirada como una recuperación de soberanía, mientras sus críticos advierten que puede reducir los espacios de vigilancia internacional sobre posibles abusos cometidos por autoridades venezolanas.
La salida del Estatuto de Roma no borra las acusaciones ni detiene automáticamente las investigaciones, pero sí representa un mensaje político claro: Caracas apuesta por romper uno de los principales canales internacionales de escrutinio sobre su situación interna. @mundiario
