«Al menos algunas de las reuniones en cuestión representan un incumplimiento grave no solo de los altos estándares que se esperan de quienes trabajan en el seno del Gobierno, sino también de los estándares que se esperaban de toda la población británica en ese momento», es una de las conclusiones del informe, que Gray le entregó al Ejecutivo por la mañana. Pese a que la funcionaria critica la cultura de las dependencias oficiales que permitió que se celebraran reuniones sociales «difíciles de justificar», no señala específicamente a Johnson, pero puntualiza que «hubo fallos de liderazgo y juicio por parte de diferentes partes dentro del Número 10 y de la Oficina del Gabinete en diferentes momentos» ya que «no se debería haber permitido que se llevaran a cabo algunos de los eventos» ni que «otros se desarrollaran como lo hicieron».
Con respecto al silencio que permitió que todo esta polémica saltara a la luz pública meses después, Gray asegura que «algunos miembros del personal querían plantear inquietudes sobre los comportamientos que presenciaron en el trabajo, pero a veces se sentían incapaces de hacerlo» y asevera que «ningún miembro del personal debe sentirse incapaz de denunciar o cuestionar una mala conducta cuando sea testigo de ella».
