Alemania ha dado uno de los pasos más delicados de su política exterior y migratoria desde la llegada de los talibanes al poder en Afganistán en agosto de 2021. El Ejecutivo de Friedrich Merz, con el ministro del Interior Alexander Dobrindt al frente de la estrategia migratoria, ha alcanzado un acuerdo técnico con las autoridades de facto afganas para acelerar la expulsión de ciudadanos afganos condenados por delitos graves.
La decisión supone una ruptura con la doctrina de aislamiento político mantenida hasta ahora por Berlín y refleja hasta qué punto la gestión migratoria se ha convertido en una prioridad de seguridad y de política interna.
La paradoja es evidente. Alemania no reconoce al régimen talibán como Gobierno legítimo de Afganistán, pero ha terminado estableciendo canales de comunicación permanentes para garantizar que Kabul acepte la repatriación de los deportados. Se trata de una cooperación limitada y cuidadosamente definida como “técnica”, pero que representa un giro pragmático con profundas implicaciones.
Según las informaciones publicadas por Bild, Berlín y las autoridades afganas han cerrado un mecanismo que permitirá realizar hasta tres vuelos chárter mensuales para repatriar a delincuentes condenados, además de mantener abiertas las deportaciones individuales mediante vuelos comerciales.
Alexander Dobrindt defendió la medida con un mensaje que resume la filosofía del Gobierno alemán en esta cuestión: “Las deportaciones de delincuentes a Afganistán se realizan de forma regular y fiable. Quien abusa de nuestra protección y comete aquí delitos graves tiene que buscarse una perspectiva en su país de origen”.
El ministro añadió: “Nuestra sociedad tiene un interés legítimo en que los delincuentes abandonen nuestro país. Esto se aplica de forma consecuente”. Actualmente existirían alrededor de cien ciudadanos afganos condenados por delitos graves pendientes de expulsión. Entre los casos más recientes figuran personas condenadas por asesinato, violación, abusos sexuales a menores, narcotráfico o extorsión.
La intención del Ministerio del Interior es consolidar un auténtico “puente aéreo de deportaciones” permanente, un concepto que hasta hace pocos años hubiera parecido políticamente imposible debido al vacío diplomático existente con Kabul.
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Del aislamiento absoluto a la cooperación técnica
Durante años, Berlín trató de evitar cualquier contacto directo con los talibanes. Las primeras deportaciones se realizaron mediante mediadores como Qatar, que ejerció de intermediario diplomático y logístico. Sin embargo, la necesidad de convertir esas operaciones en un mecanismo estable obligó a Alemania a abandonar la política de “cero contacto”. Las negociaciones pasaron a desarrollarse directamente con funcionarios afganos, aunque siempre bajo la denominación de contactos técnicos y sin reconocimiento político.
La fórmula permite a Berlín mantener oficialmente su rechazo al régimen islamista mientras garantiza un mínimo de cooperación administrativa imprescindible para emitir documentos y aceptar el regreso de los deportados. En la práctica, Alemania ha terminado aplicando una lógica de realpolitik: separar la legitimidad política del régimen de las necesidades operativas derivadas de la gestión migratoria.
La decisión no puede entenderse sin observar el contexto político alemán. Varios ataques cometidos por ciudadanos extranjeros durante los últimos años intensificaron la presión social sobre el Gobierno y endurecieron el discurso de prácticamente todos los partidos sobre inmigración y seguridad.
La coalición gubernamental ha tratado de responder a la creciente preocupación de una parte de la opinión pública y al avance electoral de Alternativa para Alemania (AfD), que ha convertido las deportaciones y el control migratorio en uno de sus principales ejes políticos. En este contexto, las expulsiones de delincuentes condenados se presentan como una respuesta destinada a demostrar que el sistema de asilo no puede ser utilizado por personas que hayan cometido delitos graves en territorio alemán.
El dilema jurídico y los riesgos humanitarios
La decisión, sin embargo, ha generado una intensa contestación por parte de organizaciones humanitarias y defensores de los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que el acuerdo supone una peligrosa normalización de un régimen acusado de violaciones sistemáticas de derechos fundamentales y denuncia que las deportaciones hacia Afganistán podrían vulnerar el principio internacional de no devolución.
La organización sostiene que “esta prisa de la UE y sus Estados miembros por devolver forzosamente a personas a Afganistán a cualquier precio es ilegal y ajena a la realidad”. Añade además que la política europea “ignora las razones por las que estas personas huyeron y los graves peligros que corren si son devueltas”.
El Consejo de Europa también ha advertido sobre los riesgos asociados a la creciente externalización de las políticas migratorias, alertando sobre posibles vulneraciones del derecho de apelación y el envío de personas a países considerados inseguros. La situación resulta especialmente sensible en el caso de las mujeres y niñas afganas, sometidas bajo el régimen talibán a severas restricciones que Naciones Unidas ha llegado a describir como un “apartheid de género”.
La Comisión Europea ha comenzado igualmente a explorar fórmulas de diálogo con representantes talibanes. Bruselas ha organizado reuniones técnicas y prepara contactos con delegaciones afganas con el objetivo de facilitar las devoluciones de inmigrantes irregulares.
Varios países europeos, entre ellos Alemania, Suecia, Bélgica, Austria, Italia, Países Bajos o Polonia, han solicitado mecanismos más ágiles para gestionar los retornos. Otros socios, como España, no se sumaron a esa petición.
La UE se encuentra así ante una contradicción semejante a la alemana: mantener la negativa a reconocer oficialmente al régimen talibán mientras se abren canales de cooperación que permitan gestionar la política migratoria.
Alemania continúa sosteniendo que los talibanes no constituyen un Gobierno legítimo. Sin embargo, la necesidad de ejecutar deportaciones, responder a la presión interna y controlar la inmigración irregular ha terminado imponiendo una cooperación funcional con Kabul.
La paradoja es que el país que durante años defendió una línea de firmeza frente al régimen afgano ha terminado aceptando un modelo de coexistencia pragmática. @mundiario
