Miles de hogares australianos se han despertado con un router inservible. La Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC) ha desactivado de forma remota los dispositivos SamKnows que utilizaba para medir la velocidad de la banda ancha, tras finalizar el programa ‘Measuring Broadband Australia’ (MBA). Los equipos, que llevaban cinco años funcionando sin incidencias, se convirtieron en chatarra electrónica de la noche a la mañana, sin previo aviso ni posibilidad de reutilización.
Claves de la operación
- El programa MBA reclutó a miles de voluntarios en 2020. Los participantes recibieron routers whitebox de SamKnows para monitorizar el rendimiento de las conexiones fijas de la Red Nacional de Banda Ancha (NBN) australiana.
- La ACCC ordenó el fin del proyecto y la desactivación remota. El pasado 30 de junio, los routers se quedaron inservibles tras una actualización que bloqueó el firmware, sin que la agencia ofreciera alternativa de reciclaje o donación.
- El caso aviva el debate sobre la obsolescencia programada regulada. Miles de dispositivos funcionales acabaron en la basura por una decisión administrativa que el regulador defiende como necesaria para proteger la integridad de los datos, aunque los expertos cuestionan el coste ambiental y la falta de transparencia.
Una desactivación sin notificación que dejó sin internet a voluntarios
El programa MBA, impulsado en 2020 por la ACCC, buscaba medir la velocidad real de internet en los hogares australianos para contrastar la publicidad de las teleoperadoras. SamKnows, empresa británica especializada en monitorización de redes, suministró los routers y gestionaba los servidores de pruebas alojados en Australia. Los voluntarios accedieron a instalar los equipos a cambio de informes personalizados sobre su conexión.
La finalización del programa estaba prevista para este año, pero la forma de ejecutarla ha provocado una oleada de quejas en foros comunitarios. Los usuarios afectados denuncian que no había plazo para devolver los dispositivos ni instrucciones para seguir utilizándolos. La ACCC, por su parte, los califica de “equipos propiedad del programa” y sostiene que su desactivación estaba contemplada en los términos de uso. Sin embargo, muchos participantes aseguran no recordar cláusula alguna al respecto.
SamKnows pierde su mayor escaparate en el país
Para SamKnows, el fin del MBA supone un golpe a su visibilidad en Australia. La compañía había conseguido colocar miles de unidades en uno de los proyectos de medición independiente más ambiciosos del hemisferio sur. Fuentes del sector señalan que el fabricante negociaba la posibilidad de liberar los equipos para otros usos, pero el regulador optó por una desactivación total, blindando el código de los routers y eliminando cualquier funcionalidad.
El episodio recuerda a las críticas que en su día sufrió la FCC estadounidense por programas similares, aunque en aquel caso se permitió a los usuarios conservar los dispositivos. La decisión australiana ha sido calificada por asociaciones de consumidores como un despilfarro evitable, que contradice los propios esfuerzos gubernamentales por reducir los residuos electrónicos.
El regulador, entre la protección de datos y el impacto ambiental
La ACCC argumenta que la desactivación respondía a motivos de seguridad. Los routers almacenaban patrones de tráfico y métricas de rendimiento que, en manos inadecuadas, podrían revelar hábitos de navegación de los hogares. Sin embargo, desde el sector medioambiental se cuestiona que no se explorara una solución de borrado seguro que mantuviese los equipos operativos, máxime cuando los propios informes del Gobierno cifran en 539.000 toneladas los residuos electrónicos generados anualmente en Australia.
Nos encontramos ante una paradoja regulatoria: un organismo creado para defender al consumidor acaba dejándole sin un dispositivo que podría seguir dando servicio, por una aplicación estricta de las condiciones contractuales. El caso abre un debate incómodo sobre hasta dónde deben llegar los reguladores cuando sus propios programas generan externalidades negativas. Y pone sobre la mesa la necesidad de diseñar, desde el primer momento, planes de desmantelamiento que no se limiten al bloqueo remoto.
La ACCC sacrifica la reutilización en nombre de la seguridad, pero el coste lo pagan los hogares y el planeta.
De cara al futuro, sería razonable que cualquier iniciativa pública que distribuya equipos informáticos incluya un protocolo de clausura transparente y sostenible. Mientras tanto, los routers seguirán apagados, recordándonos que incluso las mejores intenciones pueden acabar convirtiendo la tecnología en basura.
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