La situación de los venezolanos acogidos al TPS vuelve a estar en el centro del pulso entre la Casa Blanca y los tribunales estadounidenses. El Gobierno de Donald Trump ha llevado el conflicto hasta el Tribunal Supremo con una petición de urgencia: quiere que los magistrados bloqueen la decisión judicial que ordena restablecer la protección migratoria antes de que entre en vigor este 20 de noviembre.
La Administración considera que permitir la recuperación del programa tendría consecuencias inmediatas para sus operaciones migratorias. En concreto, advierte de que tendría que poner en libertad a unos 1.800 venezolanos que permanecen bajo custodia y cuyos procesos de expulsión están en marcha.
Sin embargo, detrás de esta discusión jurídica existe un problema de mayor alcance. Una decisión del Supremo podría determinar si cientos de miles de personas conservan la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos o vuelven a quedar expuestas a los procedimientos de deportación.
Una decisión judicial que puede cambiar la situación de miles de familias
El conflicto tiene su origen en la decisión de la Administración Trump de retirar el TPS a los venezolanos, una medida que dejó sin protección a cientos de miles de personas. La controversia llegó a los tribunales y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ordenó recuperar el programa.
Ahora, el Gobierno intenta impedir que esa resolución se aplique. El fiscal general, John Sauer, sostiene que obligar a las autoridades a liberar a los detenidos dificultaría su posterior localización y podría complicar los procedimientos de expulsión.
La advertencia también incluye un problema administrativo: la activación y suspensión de miles de autorizaciones de trabajo en función de cómo avance el litigio.
El argumento del Ejecutivo refleja la dificultad de aplicar cambios migratorios cuando existen decisiones judiciales enfrentadas. No obstante, también deja a los beneficiarios en una situación de incertidumbre permanente, en la que su estabilidad depende de resoluciones que pueden modificarse en cuestión de días.
El Supremo vuelve a ser decisivo en la política migratoria de Trump
El precedente no resulta especialmente favorable para los defensores del TPS. El Tribunal Supremo ya permitió el pasado junio que la Administración eliminara las protecciones para ciudadanos de Haití y Siria, una decisión que afectó a más de 350.000 personas.
Aquella resolución mostró que la mayoría conservadora de la Corte está dispuesta a respaldar determinadas decisiones migratorias del Gobierno, incluso cuando existen recursos judiciales pendientes.
Si vuelve a pronunciarse a favor de Trump, el Ejecutivo podría avanzar en su estrategia de reducir el alcance de estos programas. Si, por el contrario, permite que se aplique la resolución del tribunal de apelaciones, los venezolanos recuperarían una protección que perdieron durante los últimos 19 meses.
Ninguno de los dos escenarios resolvería necesariamente el conflicto de fondo, pero sí marcaría el margen de actuación de la Casa Blanca frente a las decisiones de los tribunales.
La incertidumbre migratoria puede extenderse a otros países
El impacto de este caso tampoco termina en Venezuela. El TPS nació en 1990 para ofrecer protección temporal a ciudadanos de países afectados por guerras, catástrofes naturales y otras circunstancias extraordinarias. Con el paso de los años, se convirtió en una vía de estabilidad para personas que llevan largos periodos viviendo en Estados Unidos.
La Administración Trump ha impulsado la cancelación de estas protecciones para 13 países. Entre los afectados también figuran ciudadanos de Afganistán, Nicaragua y Honduras.
El caso de El Salvador demuestra la dimensión del problema. Unos 170.000 beneficiarios permanecen pendientes de una decisión sobre la continuidad de su protección, después de que el programa no se renovara en septiembre.
Por tanto, el desenlace de la disputa venezolana puede convertirse en una referencia para futuros litigios. Si el Supremo respalda nuevamente al Ejecutivo, otros colectivos podrían encontrar más dificultades para defender la continuidad de sus permisos.
La cuestión ya no consiste únicamente en determinar qué ocurrirá con los 1.800 detenidos. También está en juego hasta dónde puede llegar el Gobierno para modificar el estatus migratorio de comunidades enteras y qué margen tendrán los tribunales para frenar esas decisiones. @mundiario
