El proceso en la Haya puede tardar años, pero Kiev quiere que se recurra a una fórmula exprés (‘fast track’) que conduzca, en su caso, a la creación de un tribunal penal internacional específico para crímenes de guerra supuestamente cometidos contra la población civil ucraniana. En la mente de todos está el que se constituyó para la antigua Yugoslavia, que en 2001 permitió la detención y encarcelamiento del líder serbio Milósevic. Antes de que concluyera el juicio, Milósevic fue encontrado muerto en 2006 en su celda de La Haya.
Los representantes legales de Rusia no acudieron hoy a la audiencia inaugural de la CIJ, hecho que lamentó la Corte y fue aprovechado por los delegados ucranianos. «El hecho de que sus asientos estén vacíos es elocuente; los rusos están ocupados bombardeando las ciudades ucranianas y no tienen tiempo para venir a este tribunal de justicia», comentó ante las cámaras el enviado ucraniano, Anton Korynevych, según recoge Reuters.
El tratado para la prevención del genocidio, firmado en 1948 por muchos países, entre ellos Rusia y Ucrania, establece que este tipo de acusaciones deben dirimirse en la Corte Internacional de Justicia. El máximo tribunal también puede establecer con carácter de urgencia medidas cautelares para evitar que las situaciones de genocidio se agraven, entre ellas la detención y envío a La Haya de los responsables. Si bien el Kremlin parece haber asumido las sanciones económicas dictadas por Occidente desde que lanzó el ataque contra Ucrania, la apertura del frente judicial por presuntos ‘crímenes de guerra’ contra Putin y su camarilla abriría una dimensión distinta.
Una circunstancia casi anecdótica vincula aún más el caso de la guerra en Ucrania con el de la antigua Yugoslavia en los años 80. Poco antes de ser encontrado muerto en su celda, en 2006, Slobodan Milósevic escribió una carta al Kremlin pidiendo ayuda porque creía que había «una conspiración para asesinarle». La misiva fue dirigida a Serguei Lavrov, entonces -y todavía hoy- ministro de Exteriores ruso.
