¿Es posible un pacto migratorio en EE UU? Las piezas que mueven ahora los demócratas

La política migratoria se ha convertido en uno de los principales frentes de negociación entre Donald Trump y los demócratas después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La oposición ha encontrado en el retroceso republicano, especialmente entre los votantes latinos, una oportunidad para recuperar la iniciativa y llevar al Capitolio una reforma migratoria que facilite la regularización de millones de personas que viven y trabajan en Estados Unidos sin autorización legal.

El escenario tiene un elemento significativo: el propio presidente ha reconocido que su política de deportaciones fue demasiado dura. En una entrevista concedida al programa 60 Minutes de CBS, Trump admitió que las expulsiones de inmigrantes sin antecedentes penales, algunos con décadas de residencia, empleo estable y contribuciones fiscales, habían perjudicado electoralmente a su partido. «Creo que fue demasiado agresiva», afirmó.

La declaración supone una admisión política relevante, pero todavía no representa un cambio de política. De hecho, sus posteriores rectificaciones y el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete apuntan a que la Casa Blanca continúa dividida entre la necesidad de recuperar apoyos electorales y la voluntad de mantener el núcleo de su estrategia migratoria.

Representantes demócratas de Texas y Arizona —entre ellos Rubén Gallego, Joaquín Castro, Verónica Escobar, Sylvia García y Henry Cuellar— se concentraron frente al Capitolio para reclamar una reforma migratoria, acto al que se sumaron nuevos congresistas elegidos el 3 de noviembre, como JoAnna Mendoza, Bobby Pulido y Leticia Gutiérrez, quienes asumirán sus escaños en enero. Durante la jornada, el mensaje de los legisladores fue directo: las redadas, las detenciones y las deportaciones han provocado un desgaste que ya no se limita a las organizaciones defensoras de los inmigrantes, sino que afecta también a familias estadounidenses, empresas y comunidades donde conviven ciudadanos, residentes legales y personas sin documentación.

El cambio resulta especialmente significativo porque una parte del voto hispano había respaldado al republicano en 2024. La política de deportaciones, las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los casos de muertes bajo custodia o durante operativos han contribuido a modificar esa relación electoral.

Según los datos citados por Associated Press, aproximadamente seis de cada diez votantes consideraron que las medidas de control migratorio de la Administración habían ido demasiado lejos. Una encuesta de Reuters/Ipsos, realizada entre el 6 y el 9 de noviembre, reflejó también que el 48% de los estadounidenses quería que el nuevo Congreso dedicara mucha o bastante atención a la reforma migratoria durante sus primeros cien días.

¿En qué consiste la reforma que proponen los demócratas?

La iniciativa que los legisladores quieren colocar en el centro del debate no se limita a frenar las deportaciones. Su objetivo es abrir una vía legal para personas indocumentadas que llevan años residiendo en Estados Unidos, tienen empleo, pagan impuestos y carecen de antecedentes penales relevantes.

La propuesta exigiría negociar criterios de elegibilidad, tiempo mínimo de residencia, antecedentes, obligaciones fiscales y posibles sanciones económicas. También podría abordar la situación de quienes llegaron siendo menores de edad, especialmente los beneficiarios potenciales del programa DACA, que protege frente a la deportación a determinados inmigrantes conocidos como dreamers.

Todavía no existe un texto legislativo definitivo respaldado por todas las partes, pues aunque los demócratas hablan de aprovechar la nueva composición del Congreso para impulsar una solución, necesitarán negociar con una Casa Blanca republicana y superar las diferencias internas de ambos partidos. En este contexto, una de las referencias que ha surgido en la discusión es la Ley de Dignidad —defendida por la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar—, iniciativa que plantea conceder un estatus legal a quienes hayan residido continuamente en el país desde 2020, siempre que cumplan determinadas condiciones, carezcan de antecedentes penales y satisfagan sus obligaciones fiscales y económicas.

Salazar celebró las declaraciones iniciales de Trump en CBS al considerar que abrían una vía para discutir una solución. Su posición demuestra que la regularización no es exclusivamente una reivindicación demócrata: también existen sectores republicanos que reconocen la necesidad de ordenar la situación de trabajadores asentados desde hace años.

El presidente reconoció que las deportaciones de personas sin antecedentes —algunas con diez, quince o incluso más años de residencia— habían generado problemas. Durante su participación en el programa 60 Minutes, distinguió entre delincuentes violentos, narcotraficantes y otros inmigrantes que trabajan en sectores como la jardinería, la hostelería o los servicios, llegando incluso a expresar su disposición a negociar con los demócratas. Sin embargo, apenas un día después descartó una regularización masiva, afirmó que no habría amnistía e insistió en que su política no había cambiado y en que las deportaciones continuarían.

La reacción de su entorno ayuda a explicar esa rectificación. Sectores del movimiento MAGA interpretaron cualquier apertura hacia la regularización como una renuncia a una de las principales promesas electorales de Trump. El vicepresidente J.D. Vance y distintos comentaristas conservadores expresaron su rechazo a una posible «amnistía».

La designación de Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política de deportaciones, como jefe de gabinete refuerza esa contradicción. Su nombramiento transmite que la Casa Blanca no pretende abandonar la estrategia de control migratorio que ha definido buena parte del segundo mandato presidencial.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reconoció que había recibido llamadas de legisladores demócratas interesados en explorar alternativas. Según explicó, Trump le pidió comenzar a trabajar con ellos y buscar un punto intermedio. Pero Mullin también dejó claro que se oponía a una amnistía.

El factor económico: la falta de trabajadores también presiona a Washington

La reforma migratoria tiene, además, una dimensión económica que puede facilitar acuerdos. Mario Guerrero, presidente de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, participó en la concentración frente al Capitolio y denunció que las detenciones del ICE están agravando la falta de mano de obra en sectores como la construcción.

Guerrero, que había votado tres veces por Trump antes de apoyar a los demócratas, reclamó resultados concretos y advirtió a la oposición que no desaprovechara la oportunidad. Su intervención refleja una realidad que trasciende las diferencias partidistas: determinadas actividades económicas dependen de trabajadores inmigrantes y sufren las consecuencias de las detenciones y la incertidumbre jurídica.

La nueva mayoría demócrata en el Congreso tendrá capacidad para impulsar iniciativas, organizar investigaciones y someter la actuación de la Administración a un mayor escrutinio. Sin embargo, eso no garantiza que pueda aprobar una reforma migratoria sin el respaldo necesario en el Senado y sin negociar con el presidente.

Trump afronta un dilema. Mantener intacta la política de deportaciones puede satisfacer a su base más fiel, pero también prolongar el desgaste entre los votantes latinos y otros sectores que rechazaron los excesos de los operativos. Aceptar una regularización limitada podría ofrecerle una salida política, aunque abriría un conflicto con los sectores más duros del movimiento MAGA. @mundiario