La campaña de la segunda vuelta presidencial en Perú ha llegado a su desenlace con dos mensajes claramente diferenciados que buscan conquistar a un electorado fragmentado, desconfiado de la clase política y cansado de una década de inestabilidad institucional. En sus actos finales antes de la votación decisiva, la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez mostraron no solo sus prioridades de gobierno, sino también las estrategias con las que intentan atraer a los votantes indecisos en una elección que las encuestas describen como extraordinariamente ajustada.
La líder de Fuerza Popular cerró su campaña en Lima apelando a una idea que ha cobrado protagonismo en las últimas semanas: la “reconciliación” nacional. Después de años en los que el fujimorismo ha generado adhesiones intensas y rechazos igualmente contundentes, Fujimori trató de proyectar una imagen más moderada y dialogante, insistiendo en la necesidad de superar las divisiones políticas que han condicionado la vida pública peruana durante décadas.
Su mensaje giró en torno a la estabilidad institucional, la recuperación del orden público y la construcción de consensos. En un país que ha tenido ocho presidentes en apenas 10 años, la candidata conservadora buscó presentarse como una figura capaz de ofrecer previsibilidad y gobernabilidad. El énfasis en un eventual Gobierno tecnocrático y en la incorporación de perfiles especializados pretende transmitir seguridad a los sectores económicos y a una ciudadanía preocupada por la inseguridad, la inflación y la fragilidad institucional.
Sin embargo, el principal desafío de Fujimori continúa siendo el denominado antifujimorismo. La figura de su padre, Alberto Fujimori, sigue condicionando el debate político nacional más de tres décadas después de su llegada al poder. Para una parte importante del electorado, el apellido Fujimori continúa asociado tanto a la derrota del terrorismo y la estabilización económica de los años noventa como a las vulneraciones de derechos humanos, los casos de corrupción y el autoritarismo que marcaron aquel periodo.
Consciente de esa realidad, la candidata ha intentado desplazar el foco hacia cuestiones prácticas relacionadas con la seguridad ciudadana, los servicios públicos y la inversión privada. La promesa de combatir la delincuencia y la extorsión se ha convertido en uno de los pilares centrales de su campaña, en un contexto donde la criminalidad aparece sistemáticamente entre las principales preocupaciones de los peruanos.
Sánchez se entrega al legado de Castillo
Frente a ella se encuentra Sánchez, protagonista de uno de los ascensos políticos más inesperados del actual proceso electoral. Hace apenas unos meses figuraba entre los candidatos con menores opciones de alcanzar la segunda vuelta. Sin embargo, logró canalizar el malestar de amplios sectores sociales que consideran que las instituciones tradicionales han sido incapaces de responder a las demandas de las regiones más alejadas de Lima.
El candidato de izquierda construyó buena parte de su discurso sobre una condena frontal al fujimorismo. Durante su cierre de campaña presentó la elección como una confrontación entre dos modelos irreconciliables: uno que identifica con las élites tradicionales y otro que pretende representar a los sectores históricamente marginados del país. Sánchez se ha mostrado como un candidato outsider, aunque él mismo es diputado actual en el Congreso por el partido Juntos por el Perú y ha sido varias veces ministro.
La promesa de terminar con el “caos”, la corrupción y la impunidad se convirtió en el eje central de su intervención. Sánchez vinculó la inseguridad, las desigualdades económicas y las tensiones institucionales a decisiones políticas acumuladas durante años y defendió la necesidad de una transformación profunda del Estado.
Al mismo tiempo, el candidato ha intentado suavizar algunos de los aspectos de su programa que habían generado preocupación entre sectores empresariales y moderados. En las últimas semanas introdujo matices en cuestiones sensibles como la política económica, la relación con la inversión privada y el papel del Banco Central de Reserva. Este giro busca ampliar su atractivo electoral más allá de su núcleo tradicional de apoyo.
No obstante, esa estrategia también ha generado cuestionamientos. Sus adversarios sostienen que las modificaciones programáticas reflejan contradicciones ideológicas y dificultades para definir con claridad su proyecto político. La cercanía que mantiene con el expresidente Pedro Castillo, quien intentó un autogolpe de Estado para evitar ser vacado por el Parlamento, sigue siendo otro de los elementos más controvertidos de su candidatura y uno de los principales argumentos utilizados por sus opositores. Pero Sánchez parece ser el candidato de los convencidos de que los políticos tradicionales derribaron a Castillo.
La campaña ha dejado al descubierto una fractura territorial y social cada vez más ancha. Mientras Fujimori conserva una posición especialmente fuerte en Lima y en buena parte de las grandes ciudades, Sánchez encuentra sus principales apoyos en numerosas regiones del interior del país, donde el sentimiento de abandono estatal sigue siendo un factor determinante en el comportamiento electoral.

