Giro histórico en Noruega: el plan para abrir su multimillonario fondo al sector nuclear

Noruega ha abierto un debate que afecta tanto a su política de seguridad como a la inversión responsable. Una comisión designada por el Gobierno ha recomendado modificar las normas éticas del fondo soberano noruego, cuyo patrimonio ronda los 2,3 billones de dólares, para permitir que vuelva a invertir en grandes empresas occidentales de defensa actualmente excluidas por su participación en la producción de armas nucleares o de componentes asociados.

La propuesta, presentada el 15 de octubre por una comisión presidida por Svein Gjedrem, antiguo gobernador del banco central noruego, no constituye todavía una decisión definitiva. El documento plantea una excepción para determinadas compañías establecidas en países reconocidos como potencias nucleares por el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y que, además, sean aliados de Noruega en la OTAN.

La modificación podría beneficiar a grupos como Airbus, Boeing, BAE Systems y Lockheed Martin, entre otros fabricantes con actividades civiles y militares. Estas empresas figuran entre las excluidas de la cartera por las actuales directrices, que consideran incompatible con los principios éticos del fondo su participación en la fabricación de armas nucleares o de componentes relacionados.

Al poseer aproximadamente el 1,5% de las acciones cotizadas del mundo e inversiones en más de 7.000 empresas, la dimensión de este fondo le permite influir en los mercados internacionales y convertir sus decisiones en un referente para otros grandes inversores institucionales. Por esta razón, la revisión actual no debe entenderse como una simple modificación técnica de la cartera. Al contrario, supone reconsiderar cómo un Estado que se ha distinguido por promover la paz, el desarme y la inversión responsable puede gestionar sus recursos cuando su propia seguridad depende de una alianza que mantiene la disuasión nuclear como uno de sus pilares fundamentales.

El cambio planteado no significa que el fondo vaya a comprar bombas atómicas, financiar directamente la construcción de ojivas o abandonar todas sus restricciones sobre armas de destrucción masiva. Lo que se propone es levantar una exclusión que afecta a empresas occidentales por su participación en determinadas actividades relacionadas con armas nucleares, aunque también fabriquen aviones, sistemas electrónicos, equipos de defensa y otros productos.

En la práctica, una compañía puede desarrollar tecnología civil y, al mismo tiempo, suministrar componentes o servicios vinculados a programas militares estratégicos. Bajo las reglas actuales, esa relación puede bastar para que el fondo excluya a la empresa de su cartera. La nueva excepción permitiría reconsiderar el veto cuando se cumplan los criterios relativos al país de origen y a su condición de aliado de Noruega.

Eso no equivale a afirmar que toda inversión sería automáticamente autorizada. Las compañías continuarían sujetas a las demás normas éticas aplicables, y la propuesta no elimina la posibilidad de excluirlas por otros motivos. Las prohibiciones relacionadas con armas químicas y biológicas, minas antipersona y bombas de racimo se mantendrían, al igual que las restricciones previstas para sectores como el carbón y el tabaco.

Jens Stoltenberg y la paradoja de la seguridad europea

El ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg, antiguo secretario general de la OTAN, ha defendido la necesidad de adaptar las reglas a un entorno internacional más peligroso. Su argumento parte de una contradicción: el fondo no puede invertir en algunas compañías que podrían contribuir a la seguridad del país, aunque Noruega depende de la protección colectiva de la Alianza Atlántica, incluida su capacidad de disuasión nuclear.

La invasión rusa de Ucrania, las amenazas nucleares de Moscú y el crecimiento del arsenal chino han alterado los cálculos de seguridad europeos. Noruega comparte una frontera terrestre con Rusia en el extremo norte y forma parte de una alianza que considera esencial para proteger su territorio. Desde esta perspectiva, la industria de defensa occidental ya no se percibe únicamente como un sector comercial controvertido, sino también como parte de la infraestructura estratégica de la que depende la seguridad nacional.

La lógica del Gobierno consiste en evitar que las normas de inversión del fondo entren en contradicción con la política de defensa del Estado. Si Noruega considera legítimo depender de la disuasión nuclear de la OTAN, sostienen quienes respaldan la reforma, debe examinar si resulta razonable excluir automáticamente a las empresas que contribuyen a mantener las capacidades militares de los aliados.

Sin embargo, esta posición contiene una tensión difícil de resolver. La disuasión nuclear se fundamenta en la amenaza creíble de utilizar armas capaces de causar una destrucción masiva. Aceptar su función estratégica no elimina las consecuencias humanitarias de su posible empleo ni las obligaciones internacionales relacionadas con el control de armamentos.

El fondo soberano nació de los ingresos petroleros y gasísticos de Noruega y tiene como objetivo preservar riqueza para las generaciones futuras. Su mandato financiero se combina con criterios éticos que buscan impedir que el dinero público respalde determinadas actividades. La cuestión es si esos principios deben adaptarse a las nuevas circunstancias geopolíticas o si precisamente deben servir para limitar la influencia de los intereses militares sobre las decisiones económicas.

La propuesta de la comisión no se limita a las empresas armamentísticas, sino que también plantea modificar el funcionamiento del Consejo de Ética. Este organismo independiente evalúa la conducta de las compañías en las que invierte el fondo y formula recomendaciones al banco central, que es el encargado de gestionarlo. Hasta ahora, el consejo podía sugerir la exclusión de una empresa cuando consideraba que existía un riesgo de vulneración grave de los criterios éticos; unas evaluaciones que, históricamente, han contribuido a que Noruega publique los motivos de determinadas desinversiones y a que otros inversores internacionales examinen sus propias carteras.

La comisión propone que el organismo mantenga su función de análisis, pero deje de recomendar directamente qué medidas deben adoptarse. La decisión de excluir una compañía, así como la publicación de las conclusiones y el momento de hacerlo, recaería en el banco central. El informe también sugiere prestar especial atención al impacto financiero de las desinversiones en las empresas de mayor tamaño.

Aunque el cambio podría aumentar la flexibilidad de la gestión, también corre el riesgo de reducir la capacidad del Consejo de Ética para influir de manera directa y transparente en las decisiones. Si las evaluaciones dejan de publicarse íntegramente o se difunden con menor claridad, resultará cada vez más difícil determinar si las resoluciones responden a criterios éticos consistentes o a meras consideraciones financieras y diplomáticas. Este aspecto es especialmente sensible tras las tensiones surgidas en 2025 por la desinversión del fondo en la estadounidense Caterpillar —debido al uso de sus excavadoras en Gaza y Cisjordania ocupada—, una medida que provocó duras críticas desde el entorno político de Donald Trump y amenazas de posibles represalias económicas y diplomáticas.

El presidente de la comisión, Svein Gjedrem, sostiene que el tamaño del fondo y la fragmentación del escenario internacional lo hacen más vulnerable a presiones extranjeras. La cuestión de fondo es cómo preservar su independencia cuando sus decisiones pueden tener consecuencias financieras y políticas para grandes potencias.

Las críticas: ¿una rebaja de los estándares éticos?

La reforma propuesta ha sido cuestionada por organizaciones humanitarias y grupos defensores de la inversión responsable. Entre ellas, la Cruz Roja Noruega advirtió de que invertir en empresas vinculadas a armas nucleares puede transmitir la señal de que estos arsenales son aceptables, una normalización que, según su responsable Grete Herlofson, pone vidas en peligro. En una línea similar, Tale Hungnes, de la organización Future in Our Hands, criticó la posibilidad de debilitar el papel del Consejo de Ética y advirtió de que los derechos humanos y el derecho internacional no deberían perder peso frente a la rentabilidad de una empresa o la dificultad política de su exclusión.

Estas objeciones se apoyan en el peso internacional del fondo noruego. Sus decisiones no solo afectan a la distribución de su patrimonio: también pueden influir en las políticas de otros inversores que observan sus criterios para evaluar riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.

Si el fondo modifica sus reglas para distinguir entre empresas de países aliados y compañías de otros Estados, sus críticos temen que el principio ético termine subordinado a la conveniencia estratégica. La excepción podría crear un precedente para justificar inversiones controvertidas siempre que estén vinculadas a objetivos de seguridad nacional.

Los defensores de la reforma replican que la neutralidad aparente de las reglas puede resultar engañosa si impide invertir en compañías fundamentales para la defensa de Noruega. La decisión no enfrenta, por tanto, una postura que considere la seguridad con otra que la ignore, sino dos interpretaciones sobre cómo compatibilizar seguridad, responsabilidad y gestión del dinero público.

Las recomendaciones se someterán a consulta pública hasta el 15 de enero de 2027 y, posteriormente, el Gobierno presentará sus conclusiones al Parlamento noruego durante la primavera de ese mismo año. Hasta entonces, la propuesta no debe interpretarse como una autorización definitiva para que el fondo adquiera acciones de todas las empresas afectadas. El futuro debate parlamentario tendrá que resolver tanto el alcance de la excepción nuclear como las nuevas competencias del Consejo de Ética y sus condiciones de transparencia; una decisión que podría abrir la puerta a inversiones de decenas de miles de millones de dólares en grandes grupos de defensa, aunque el volumen efectivo dependerá de los criterios finales y de las decisiones de gestión.

El caso noruego refleja una transformación más amplia en Europa: la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en decisiones que hasta hace poco se presentaban principalmente como cuestiones de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. La guerra de Ucrania, el rearme europeo y la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con la OTAN están obligando a los gobiernos a revisar sus prioridades. @mundiario