Miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe para expresar su apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a los militares salvadoreños desplegados en el país caribeño para combatir a las pandillas. La movilización refleja hasta qué punto la población ha depositado expectativas en una intervención extranjera ante la incapacidad de las instituciones haitianas para recuperar el control de amplias zonas del territorio. Los manifestantes exhibieron pancartas con mensajes como «Gracias, Bukele», «Viva Bukele» y «Haití te necesita», mientras reclamaban que las fuerzas salvadoreñas no abandonen la operación.
La marcha se produce en un momento especialmente delicado. El despliegue comenzó después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieran durante un ataque ocurrido el 18 de octubre, cuando participaban en una operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas. Desde entonces, la misión ha adquirido una dimensión mayor: además de localizar a los desaparecidos, los militares salvadoreños han participado en acciones contra las estructuras criminales que dominan los sectores de la capital.
El respaldo popular tiene como principal explicación el deterioro de la seguridad. Las pandillas controlan amplias zonas de Puerto Príncipe, condicionan la movilidad, extorsionan a comerciantes y residentes y mantienen enfrentamientos con las fuerzas estatales. Según las estimaciones citadas por NBC News, los grupos armados controlan alrededor del 70 % de la capital haitiana.
La dimensión de la violencia también aparece en los datos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que, durante los diez primeros meses de 2026, se habían documentado 4.595 muertos y 2.050 heridos como consecuencia de la violencia armada. Otras estimaciones recogidas por medios estadounidenses sitúan en más de 20.000 las personas asesinadas durante los últimos cinco años.
En ese contexto, la figura de Bukele se ha convertido para algunos manifestantes en una referencia de autoridad y capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales. De hecho, los carteles reclamaban que el mandatario salvadoreño mantuviera la presión sobre las pandillas e incluso que proporcionara más recursos tecnológicos, tales como drones y perros robóticos. Ante esto, la reacción del presidente salvadoreño fue inmediata, ya que a través de una publicación en X escrita en criollo haitiano respondió: «Nunca esperé algo así. Los oigo muy claro, muy fuerte. Yo también los quiero. Triunfaremos. Dios nos dará la Victoria».
Más de 2.000 soldados salvadoreños y una operación que va más allá del rescate
El presidente salvadoreño desplegó a finales de octubre más de 2.000 militares en Haití. Las informaciones difundidas sitúan el contingente en torno a 2.500 efectivos, enviados después de que cuatro técnicos de aviación desaparecieran durante una operación de seguridad.
Bukele defendió la presencia de sus tropas y negó que se tratara de una invasión o de un intento de controlar el país. «Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití», afirmó el 29 de octubre, asegurando además que El Salvador no tenía interés en dominar a la población ni en apropiarse de sus recursos. Asimismo, el mandatario explicó que el objetivo inicial era recuperar a los cuatro desaparecidos y combatir a las organizaciones que mantienen sometida a parte de la población. «Lo único que queremos es que nuestros cuatro técnicos de aviación regresen a casa», señaló, antes de advertir que las pandillas debían afrontar las consecuencias de sus ataques.
No obstante, las actuaciones posteriores muestran que el despliegue ha adquirido un alcance operativo más amplio. El 10 de noviembre, Bukele aseguró que sus fuerzas habían destruido el «cuartel general» de una de las principales pandillas haitianas. Posteriormente, los militares salvadoreños participaron, junto con la Policía Nacional de Haití, en la recuperación de un estadio de fútbol de Puerto Príncipe que llevaba más de dos años bajo control de grupos armados.
La recuperación de ese recinto tiene también una dimensión simbólica: su ocupación había impedido que la selección haitiana disputara en casa sus partidos de clasificación para el Mundial. Sin embargo, recuperar instalaciones concretas no equivale necesariamente a desarticular las redes criminales ni a garantizar que las autoridades puedan mantener el control una vez que las tropas extranjeras se retiren.
Aunque la movilización estuvo marcada por los mensajes de apoyo a Bukele, la jornada no concluyó sin incidentes. Durante la tarde la Policía utilizó gases lacrimógenos y dispersó a parte de la multitud cuando se dirigía hacia el estadio recientemente recuperado por las fuerzas haitianas y extranjeras.
El episodio muestra la complejidad del escenario: mientras una parte de la población reclama más intervención contra las pandillas, las autoridades deben gestionar también las concentraciones públicas y la seguridad de los espacios recuperados.
La recepción del despliegue salvadoreño por parte de las autoridades haitianas ha sido favorable, especialmente porque Puerto Príncipe lleva tiempo reclamando refuerzos internacionales. Sin embargo, la presencia de distintos actores armados dificulta establecer una cadena de mando clara. En el terreno operan la Policía Nacional, el Ejército haitiano, la GSF respaldada por Naciones Unidas, grupos de vigilantes y la empresa privada de seguridad Vectus Global, fundada por Erik Prince. A ellos se han sumado ahora los militares salvadoreños.
Naciones Unidas tiene dudas sobre los riesgos para la población civil
El respaldo popular a la operación convive con las advertencias de diversos organismos internacionales. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a todas las fuerzas de seguridad que actúan en Haití que sitúen la protección de la población civil en el centro de sus operaciones y recurran a la fuerza letal únicamente como último recurso. Esta preocupación está estrechamente relacionada con el incremento de las operaciones armadas y el uso de tecnologías como los drones explosivos. De hecho, según los datos citados en las informaciones disponibles, al menos 87 civiles, entre ellos 21 niños, murieron a causa de ataques con drones entre julio de 2025 y septiembre de 2026.
Por su parte, el International Crisis Group también ha advertido de que las operaciones militares, por sí solas, no garantizan una modificación duradera del equilibrio de poder. La organización señala que el uso de drones y otros medios de ataque no ha producido cambios significativos en el control territorial de las pandillas, mientras aumenta la preocupación por las víctimas civiles.
El problema no se limita al armamento. Un informe de la organización advierte de la falta de una estrategia nacional que coordine a las distintas fuerzas, identifique amenazas y establezca objetivos comunes. También señala debilidades en la Policía Nacional: el año pasado contaba con no más de 8.000 agentes activos para una población cercana a los 12 millones, según fuentes citadas por la organización. Los bajos salarios, la formación insuficiente y los problemas en los ascensos agravan las dificultades institucionales.
La cooperación bilateral sigue rodeada de interrogantes. Al respecto, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, confirmó que el acuerdo entre ambos países no sería publicado y, cuando fue preguntado por las garantías de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, respondió que existía una agenda para criticar la operación. Mientras tanto, el ministro de Justicia haitiano, Patrick Pélissier, viajó a El Salvador para participar en una conferencia internacional con la previsión de reunirse con responsables salvadoreños. Por su parte, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, sostuvo que las tropas regresarían en cuanto fueran encontrados los cuatro técnicos desaparecidos.
La incógnita es qué sucederá después. International Crisis Group considera que Haití carece de un plan sólido para mantener la seguridad cuando los contingentes extranjeros abandonen el territorio. La creación de un Consejo Nacional de Seguridad, planteada dos años atrás para elaborar una estrategia de largo plazo, nunca llegó a materializarse.
La emergencia, además, desborda el terreno policial: Naciones Unidas y organismos internacionales advierten de que 5,8 millones de haitianos afrontan inseguridad alimentaria aguda y alrededor de 1,5 millones han sido desplazados. @mundiario
