El cruce de acusaciones por la guerra híbrida en Europa se recrudece tras señalar Berlín directamente al Kremlin por el fallido atentado con un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle. Mientras el presidente Vladímir Putin rechaza las represalias diplomáticas alemanas —que incluyeron el cierre del consulado ruso en Bonn— y la portavoz María Zajárova califica la investigación de «historia inventada», la retórica de Moscú ha dejado de ser puramente defensiva.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, justificó abiertamente la hostilidad al afirmar que, dadas las políticas del Gobierno alemán, un acto de sabotaje contra sus infraestructuras sería «el castigo más leve por sus crímenes». Esta agresiva admisión descoloca la tradicional estrategia de negación del Kremlin y eleva la tensión con el bloque de la OTAN.
El origen de la crisis está en el aeropuerto de Leipzig/Halle. El 4 de agosto fue localizado en una zona restringida un dron equipado con explosivos, cerca de aeronaves de carga ucranianas. El artefacto no llegó a provocar una tragedia y fue neutralizado por los especialistas alemanes. El incidente obligó a interrumpir parcialmente las operaciones aeroportuarias y provocó desvíos de vuelos. Posteriormente aparecieron otros drones relacionados con la investigación.
Durante varias semanas, las autoridades alemanas evitaron atribuir públicamente la responsabilidad a un Estado concreto. El cambio llegó el 1 de septiembre, cuando el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, y el titular de Exteriores, Johann Wadephul, afirmaron que las investigaciones y la información aportada por socios europeos apuntaban a Rusia.
Dobrindt sostuvo que la configuración de los drones, los explosivos y la tecnología de detonación coincidían con patrones observados en anteriores operaciones híbridas atribuidas a Moscú. El Gobierno alemán concluyó oficialmente que Rusia era responsable del ataque híbrido.
Además, investigaciones de NDR, WDR y Süddeutsche Zeitung apuntan a que las autoridades alemanas habrían identificado a varios sospechosos, entre ellos un ciudadano bielorruso con vínculos con Rusia. Estos datos refuerzan la investigación alemana, aunque no convierten automáticamente la atribución política en una resolución judicial definitiva.
Ese matiz es esencial. Una investigación de inteligencia puede alcanzar conclusiones firmes sin que todas las pruebas puedan hacerse públicas, especialmente cuando se trata de operaciones clandestinas. Pero, desde el punto de vista periodístico, sigue siendo necesario distinguir entre indicios, conclusiones gubernamentales y hechos demostrados ante un tribunal.
-
¿Rusia o ecoterroristas? Un doble ataque que pone en jaque la red eléctrica de Alemania
-
Leipzig cambia la guerra híbrida: Kallas habla de “terrorismo patrocinado por un Estado”
-
Rusia se enfrenta a nuevas sanciones tras el ataque frustrado con drones en Alemania
Putin responde: “¿Dónde están las pruebas?”
Putin ha elegido el camino contrario. El presidente ruso asegura que Berlín ha fabricado o “plantado” las pruebas para justificar su política contra Moscú y atribuye las acusaciones a la debilidad política del canciller Friedrich Merz.
Su argumento tiene dos vertientes. La primera es negar la participación rusa. La segunda consiste en trasladar el foco desde Leipzig hasta la política interna alemana: según Putin, Merz estaría utilizando la amenaza rusa para ocultar problemas económicos, pérdida de competitividad y dificultades políticas.
Es una estrategia conocida en la comunicación del Kremlin: no discutir exclusivamente el hecho denunciado, sino cuestionar la legitimidad de quien formula la denuncia. El problema para Berlín es que también existe una dimensión política real. El supuesto ataque llega poco antes de elecciones regionales importantes y en un momento en que Alternativa para Alemania (AfD), partidaria de un cambio profundo en la relación con Moscú, mantiene una posición fuerte en determinadas regiones. El Gobierno alemán debe, por tanto, demostrar que sus acusaciones descansan en evidencias y no únicamente en el clima de confrontación creado por la guerra de Ucrania.
Si las palabras de Putin pretenden cerrar el caso por falta de pruebas, las de Medvédev lo complican considerablemente.
El antiguo presidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ha afirmado que, dadas las políticas alemanas hacia Rusia, un acto de sabotaje sería “el castigo más leve”. Además, ha insinuado que los dirigentes europeos que viajan a Kiev pueden convertirse en objetivos, al sostener que “Todo terrorismo tiene patrocinadores” y mencionar expresamente los desplazamientos de dirigentes occidentales.
Esto no demuestra que el Kremlin haya ordenado el incidente de Leipzig. Pero sí demuestra que dentro del poder ruso existen dirigentes dispuestos a presentar el sabotaje contra países europeos como una forma legítima de represalia. Una amenaza política no constituye una prueba de autoría. Pero tampoco puede analizarse como una simple frase aislada cuando procede de una figura situada en el núcleo del poder ruso.
La guerra híbrida llega al corazón de Europa
El caso de Leipzig encaja, además, en un contexto más amplio. Alemania y otros países europeos han registrado en los últimos años incendios sospechosos, operaciones de espionaje, ciberataques, interferencias y presencia de drones en instalaciones sensibles. Berlín sostiene que Rusia está desarrollando una estrategia de presión híbrida destinada a explotar las vulnerabilidades de los países que apoyan a Ucrania.
El concepto de guerra híbrida resulta precisamente útil porque describe acciones que permanecen por debajo del umbral de una guerra convencional. No hace falta lanzar misiles contra Berlín para crear costes. Basta con interferir en un aeropuerto, provocar una interrupción eléctrica, atacar una infraestructura crítica o introducir incertidumbre en la población.
El desafío para Alemania es responder sin convertir cada incidente en una escalada militar. Por eso las primeras medidas anunciadas por Berlín son significativas. Alemania ha decidido cerrar el consulado ruso en Bonn y el centro cultural ruso conocido como Russian House en Berlín, además de reforzar controles y promover nuevas sanciones europeas. Berlín ha insistido, al mismo tiempo, en que no considera estar en guerra con Rusia.
La fórmula resume el dilema europeo: considerar que existe una campaña hostil sin cruzar el umbral que transforme esa campaña en una guerra abierta.
La desconfianza del Gobierno alemán hacia los desmentidos de Moscú tiene un sólido sustento histórico. Rusia ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de espionaje que luego resultaron estar directamente planificadas por sus estructuras estatales. El precedente más demoledor es el asesinato de Zelimkhan Khangoshvili, excomandante checheno ejecutado a plena luz del día el 23 de agosto de 2019 en el parque Kleiner Tiergarten de Berlín. En 2021, la justicia alemana condenó a cadena perpetua al sicario ruso Vadim Krasikov, sentenciando que el crimen fue una «orden estatal» de Moscú.
Toda narrativa de inocencia del Kremlin colapsó en el histórico intercambio de prisioneros de agosto de 2024 en Ankara: tras presionar personalmente para su excarcelación, Vladímir Putin recibió a Krasikov a pie de pista con un abrazo en Moscú, mientras el portavoz Dmitri Peskov confirmaba de forma oficial que el asesino era, en realidad, un agente encubierto de la fuerza de élite Alfa del FSB.
Moscú no puede convertir la ausencia de pruebas públicas en una demostración automática de inocencia. Berlín tampoco puede esperar que la mera existencia de antecedentes convierta una acusación concreta en un hecho probado.
La cuestión ya no es solamente quién colocó un dron con explosivos. El problema estratégico consiste en determinar hasta dónde puede extenderse una confrontación en la que las operaciones encubiertas, los sabotajes, las amenazas y las represalias diplomáticas sustituyen parcialmente a las armas convencionales. @mundiario
