El frágil armisticio en el Golfo Pérsico ha saltado por los aires apenas unas semanas después de que Washington y Teherán pactaran una tregua provisional. El estallido de nuevos incidentes en el Estrecho de Ormuz y el despliegue de activos militares reactivan el fantasma de una escalada regional abierta, dinamitando la incipiente mesa de negociación que buscaba un pacto de no agresión permanente entre la Casa Blanca y el régimen de los ayatolás.
La ofensiva estadounidense contra más de ochenta objetivos iraníes y la posterior respuesta de Teherán mediante ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait reflejan hasta qué punto el conflicto continúa atrapado en una dinámica de acción y represalia que amenaza con hacer descarrilar cualquier avance diplomático.
La nueva escalada comenzó tras los ataques sufridos por tres buques comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta y por donde transita una parte fundamental del comercio mundial de petróleo y gas. Washington responsabilizó a Irán de las agresiones y respondió con una operación militar de gran envergadura dirigida contra sistemas de defensa aérea, radares, infraestructuras de mando, posiciones de misiles antibuque y decenas de embarcaciones rápidas pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desplegadas en torno al estrecho.
El CENTCOM justificó la operación asegurando que “las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completaron una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán el 7 de julio, alcanzando más de 80 objetivos con municiones de precisión como respuesta inmediata a los últimos ataques de Irán contra buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz”.
Asimismo, el mando estadounidense sostuvo que “esta agresión injustificada por parte de las fuerzas iraníes constituye una clara y peligrosa violación del alto el fuego y socava la libertad de navegación”, añadiendo que “las fuerzas del CENTCOM permanecen en posición de alerta y preparadas para exigir responsabilidades a Irán cuando no se cumpla o se acate el acuerdo”.
En respuesta, la Guardia Revolucionaria anunció una operación conjunta con misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Bahréin y Kuwait, entre ellas instalaciones vinculadas a la Quinta Flota estadounidense y la base aérea Ali Al Salem. Las sirenas antiaéreas se activaron en ambos países mientras sus sistemas de defensa intentaban interceptar los proyectiles lanzados. Aunque las autoridades no confirmaron daños significativos, el episodio volvió a demostrar la capacidad iraní para responder rápidamente a operaciones militares estadounidenses en la región.
Desde Teherán, las autoridades justificaron la ofensiva alegando que Washington había violado el alto el fuego alcanzado previamente y había incumplido el memorando de entendimiento que debía servir como base para una futura negociación. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, resumió esa posición con un mensaje contundente en la red social X: “La era del acoso y la extorsión ha terminado. No conduce a ninguna parte. No nos doblegamos”.
Irán sostiene que el acuerdo provisional le otorgaba, junto con Omán, un papel central en la gestión de las rutas marítimas y en la normalización progresiva del tráfico comercial. Estados Unidos y varios países del Golfo, por el contrario, rechazan que Teherán pueda imponer corredores obligatorios o cobrar tasas por el paso de embarcaciones internacionales, al considerar que ello alteraría uno de los principios fundamentales de la libertad de navegación.
Teherán sostiene que el fin de las hostilidades directas le dio el derecho exclusivo de gestionar el acceso. Ha creado la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) para forzar a los buques a registrarse y obtener una “Garantía de Paso Seguro”. El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió firmemente que Washington no aceptará la monetización del estrecho bajo ningún concepto (sea llamado “tasa”, “peaje” o hasta “donación”), al considerarlo una violación directa del derecho internacional del mar.
Al fracasar las negociaciones indirectas en Doha sobre la seguridad marítima, el choque de interpretaciones ha devuelto la inestabilidad al agua. El resultado es que cada incidente marítimo termina alimentando nuevas acusaciones de incumplimiento y provoca respuestas militares que erosionan todavía más la confianza entre ambas partes.
A esa tensión se suma la decisión estadounidense de revocar la licencia temporal que permitía a Irán vender petróleo legalmente en los mercados internacionales, una de las principales concesiones económicas contempladas en el acuerdo provisional. La medida supone un importante golpe para la economía iraní y devuelve las sanciones al centro de la confrontación bilateral. Como consecuencia inmediata, los mercados energéticos reaccionaron con preocupación ante el riesgo de nuevas interrupciones del suministro procedente del Golfo Pérsico.
Mientras tanto, Qatar responsabilizó directamente a Teherán del ataque contra el gasero Al Rekayyat, calificándolo de “ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional”. Arabia Saudí también atribuyó a Irán los daños sufridos por uno de los petroleros que navegaba bajo su bandera, reforzando la percepción de que la seguridad marítima vuelve a situarse en el centro de la crisis regional.
Todo ello ocurre cuando las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y la normalización del estrecho de Ormuz permanecen prácticamente paralizadas. El memorando firmado por ambas partes preveía un periodo de conversaciones para abordar las cuestiones más sensibles, pero la sucesión de ataques, represalias militares y sanciones económicas ha reducido considerablemente el margen político para lograr avances. @mundiario
