Israel afronta una controversia política e institucional de enorme alcance tras las informaciones difundidas por el programa de investigación Uvda, de Canal 12, sobre un supuesto intento de interferir en las elecciones desde el entorno del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu. La investigación trata de determinar si funcionarios de su oficina trasladaron deliberadamente a la Policía información no contrastada sobre una presunta compra de votos en la comunidad árabe para provocar detenciones y alimentar después las acusaciones de fraude electoral contra los partidos árabes.
La sospecha es especialmente delicada porque los arrestos se produjeron el mismo día de la votación, cuando tres hombres vinculados al partido Ra’am fueron detenidos en el sur del país. Posteriormente quedaron en libertad sin cargos. Según las informaciones publicadas, las actuaciones policiales no aportaron pruebas suficientes para sostener las acusaciones iniciales. Ahora, las autoridades investigan si aquella operación respondió a una denuncia legítima o si pudo formar parte de una maniobra para cuestionar la legitimidad de unos resultados desfavorables para Netanyahu.
Por el momento, no está demostrado que el primer ministro ordenara fabricar pruebas ni que existiera una operación coordinada desde su despacho, siendo esa precisamente una de las cuestiones que deberán esclarecer las investigaciones abiertas. Según el reportaje de Uvda, Ido Norden, jefe de gabinete de Netanyahu, habría trasladado a la oficina del comisario de la Policía, Daniel Levy, una denuncia sobre una supuesta operación de activistas de Ra’am para pagar a votantes árabes con el objetivo de aumentar la participación electoral, una comunicación que se habría producido un día antes de las elecciones, celebradas el 27 de octubre.
Norden habría puesto a los responsables policiales en contacto con una persona que podía proporcionar información adicional. De acuerdo con el programa, esa fuente había trabajado hasta fechas recientes en la Oficina del Primer Ministro, aunque su identidad no fue revelada.
Horas antes de la apertura de los colegios electorales, alrededor de 14 agentes participaron en registros en las viviendas de tres hombres beduinos del sur de Israel. La operación terminó con sus detenciones. La Policía comunicó entonces que había encontrado sobres con decenas de miles de séqueles en efectivo en algunas de las viviendas, una circunstancia que presentó como posible indicio de compra de votos.
Sin embargo, uno de los registros, realizado en Rahat en el domicilio del médico Saef Abu Reash, no permitió encontrar dinero ni otros elementos que respaldaran la sospecha, por lo que Abu Reash permaneció detenido durante seis días hasta que un tribunal de primera instancia de Beersheba ordenó su liberación incondicional y cuestionó la actuación de los investigadores. Por su parte, los otros dos arrestados, Hussein al-Masoudin e Ibrahim al-Garibi, también quedaron en libertad días después sin cargos ni medidas restrictivas, tras negar haber participado en una operación de compra de votos y sostener que el dinero hallado estaba destinado a actividades benéficas.
Abu Reash calificó su detención de persecución política y describió el traslado esposado a dependencias policiales como uno de los momentos más humillantes de su vida. Las imágenes difundidas por Canal 12 muestran también a su esposa embarazada preguntando a los agentes por qué se llevaban a su marido y si disponían de una orden judicial.
¿Se utilizó a la Policía para desacreditar el voto árabe?
La cuestión central de la investigación no se limita a determinar si existieron irregularidades electorales, sino que busca esclarecer cómo se originó la información que desencadenó los registros, qué comprobaciones se realizaron antes de actuar y si algún responsable político intervino para orientar las pesquisas. Según Uvda, la fiscal general, Gali Baharav-Miara, y la División de Investigaciones e Inteligencia de la Policía están examinando si la oficina de Netanyahu pudo utilizar los mecanismos del Estado para debilitar la legitimidad de los resultados, al tiempo que la propia Policía anunció una revisión interna de los procedimientos, las decisiones adoptadas y la cadena de transmisión de la información.
El caso se ha complicado por las informaciones sobre una segunda actuación relacionada con los partidos árabes, pues Canal 12 informó de que el jefe del Shin Bet, David Zini, habría solicitado intervenir las comunicaciones de cinco diputados árabes durante la jornada electoral en el marco de sospechas de una posible interferencia extranjera en los comicios. Aunque la Fiscalía General rechazó la petición por considerar que no existían fundamentos suficientes, dos días después de las elecciones Zini presentó información sobre una posible injerencia extranjera ante el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, quien le pidió investigar las denuncias.
En una reunión posterior con Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu y líder del partido Yashar, el jefe del Shin Bet habría presentado un expediente de inteligencia y sostenido que los partidos árabes llevaban años manipulando las elecciones. Según la reconstrucción de Canal 12, Zini afirmó que esa situación se habría producido desde 2018 y que anteriores responsables del servicio de seguridad no habían actuado.
Sin embargo, las investigaciones sobre una posible interferencia extranjera también parecen haber perdido fuerza. Informaciones publicadas por The Times of Israel y otros medios señalan que los investigadores encontraron escasas pruebas que respaldaran las sospechas iniciales. La Fiscalía, según los reportes, también habría frenado algunas de las medidas de vigilancia solicitadas.
El trasfondo electoral explica la sensibilidad del asunto. La participación de los ciudadanos árabes israelíes alcanzó cerca del 80%, un nivel récord. En las elecciones de 2022 había sido del 53% y en las de 2021 del 44,6%, de acuerdo con datos del Instituto de Política y Estrategia de la Universidad Reichman. Las dos principales formaciones árabes consiguieron conjuntamente 19 escaños de los 120 de la Knéset.
Netanyahu niega las acusaciones y la oposición habla de intento de golpe
La oficina del primer ministro rechazó el reportaje de Canal 12 y defendió la actuación de Norden, asegurando en un comunicado que el jefe de gabinete recibió información de un ciudadano y cumplió con su obligación al ponerlo en contacto con la Policía, además de negar que hubiera hablado con responsables de inteligencia policial o con otros funcionarios implicados en la investigación. Por su parte, el Likud calificó las informaciones de falsas y acusó a la oposición de utilizar el caso para alimentar una campaña política, manteniendo sus denuncias sobre posibles irregularidades electorales mientras prepara un recurso contra los resultados basado también en acusaciones sobre el supuesto seguimiento electrónico de votantes por parte de partidos árabes.
La oposición, por el contrario, considera que las revelaciones exigen una investigación independiente. Eisenkot ha anunciado que impulsará una comisión para examinar la posible intervención de la Oficina del Primer Ministro y la actuación de los organismos de seguridad durante la jornada electoral. También ha calificado la conducta del entorno de Netanyahu como una amenaza para la legitimidad democrática.
El líder de la Lista Conjunta, Yousef Jabareen, denunció un supuesto intento de golpe y pidió investigar al primer ministro y a sus colaboradores. Yair Lapid y Yair Golan también reclamaron explicaciones, mientras el presidente del Colegio de Abogados de Israel, Amit Becher, solicitó a la fiscal general una investigación amplia sobre la posible utilización de los organismos estatales con fines políticos.
La controversia ya había llegado a la Comisión Electoral Central. Likud y sus aliados intentaron impedir la certificación de los resultados alegando las detenciones y la investigación sobre una posible injerencia extranjera. La iniciativa fracasó: el juez Noam Sohlberg presentó oficialmente los resultados al presidente Isaac Herzog el 4 de noviembre.
Sohlberg advirtió de que cuestionar sin fundamento la legitimidad de las elecciones suponía un riesgo para la democracia israelí. También señaló que, incluso si se demostraran algunas de las irregularidades denunciadas, su alcance no sería suficiente para modificar el resultado general. La fiscal general, por su parte, afirmó que las investigaciones conocidas no mostraban indicios capaces de alterar ni remotamente el desenlace electoral.
Netanyahu todavía dispone, según el calendario legal, hasta el 18 de noviembre para presentar un recurso contra los resultados. Mientras tanto, Eisenkot recibió el encargo de intentar formar una coalición, aunque ninguno de los bloques dispone por sí solo de los 61 escaños necesarios para gobernar. @mundiario
