La entrada masiva de miles de migrantes marroquíes a Ceuta a través del espigón de El Tarajal ha desatado un choque diplomático directo entre España e Italia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto a sus ministros Antonio Tajani y Matteo Salvini, propuso formalmente suspender el Tratado de Schengen con España, argumentando que la falta de control fronterizo representa un peligro para su seguridad nacional.
Esta postura provocó una reacción inmediata en Madrid, donde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano tras calificar las declaraciones de Roma como «impropias». Mientras el presidente español, Pedro Sánchez, coordina con Marruecos devoluciones rápidas para contener la crisis, el Gobierno de Ceuta ha solicitado la declaración de emergencia nacional ante el colapso de sus servicios.
El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, defendió públicamente el cierre del espacio Schengen con España, en plena coordinación con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi. A través de una declaración formal en la red social X, Tajani calificó la inmigración irregular como un peligro para la seguridad nacional italiana. El jefe de la diplomacia transalpina vinculó de forma directa la crisis del espigón con la política migratoria de Madrid.
En su acusación, Tajani afirmó erróneamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó la ciudadanía española y europea a más de 500.000 inmigrantes irregulares. Desde Madrid se rechaza tajantemente este argumento, aclarando que el ministro italiano confundió el proceso de regularización extraordinaria de residencia y trabajo con una concesión masiva de la nacionalidad.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, elevó posteriormente el tono del conflicto. Tras reunirse con el ministro Piantedosi, aseguró que Italia estaba preparada para adoptar “instrumentos extraordinarios” para proteger sus fronteras y citó entre esas opciones la suspensión del espacio Schengen con España. Para Roma, el episodio de Ceuta no sería únicamente un problema bilateral, sino un ejemplo de una supuesta falta de control en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
La réplica del Gobierno de España no se hizo esperar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó formalmente la postura de Roma como «palabras inapropiadas», exigiendo a la administración de Giorgia Meloni «solidaridad europea y no demagogia partidista». Albares defendió que la contención de la crisis migratoria en Ceuta es un asunto de corresponsabilidad comunitaria, desligándolo por completo del debate sobre las regularizaciones de residencia en España. En una contundente acción diplomática, el Ministerio de Exteriores español convocó formalmente al embajador de Italia en Madrid para exigir explicaciones urgentes ante lo que consideran un ataque unilateral directo que pone en riesgo el funcionamiento del Tratado de Schengen.
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¿Qué es exactamente suspender el espacio Schengen?
El espacio Schengen es uno de los pilares de la integración europea. Permite la libre circulación de personas entre los países participantes eliminando los controles fronterizos internos y trasladando la vigilancia principal a las fronteras exteriores comunes.
Sin embargo, Schengen no significa que los países hayan renunciado completamente al control de sus fronteras. La normativa permite reintroducir controles internos de manera temporal cuando existen amenazas graves para la seguridad, situaciones excepcionales o presiones migratorias concretas. Italia ya ha aplicado controles temporales en algunas fronteras, como ocurrió con Eslovenia por motivos relacionados con seguridad y migración irregular.
Jurídicamente, la propuesta de Roma no contempla la «expulsión» de España del espacio Schengen —un mecanismo de exclusión unilateral inexistente en el derecho comunitario—, sino la activación de las cláusulas de salvaguarda contempladas en los artículos 25 a 28 del Código de Fronteras Schengen. Este procedimiento técnico faculta a un Estado miembro a restablecer temporalmente los controles policiales en sus fronteras interiores ante una «amenaza grave para el orden público o la seguridad interior».
Al tratarse de una prerrogativa nacional extraordinaria, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni no necesita la aprobación previa de la Comisión Europea para una suspensión exprés por motivos de urgencia, pero está obligado por el marco normativo de la Unión Europea a notificar de inmediato la medida a Bruselas y al resto de los países socios, justificando de forma estricta la proporcionalidad y la duración temporal de la restricción respecto a los flujos procedentes de territorio español.
El movimiento de Roma tiene también una dimensión política. La inmigración es uno de los asuntos centrales del Gobierno de Meloni, que desde su llegada al poder ha defendido una política más restrictiva frente a las entradas irregulares y ha reclamado una mayor implicación europea en el control de las fronteras exteriores.
El Gobierno italiano de Giorgia Meloni sostiene que los países de primera entrada del Mediterráneo —pertenecientes al grupo MED5— soportan una carga desproporcionada que exige un reparto obligatorio de cuotas de asilo. Roma condiciona la gestión fronteriza a la plena aplicación de los mecanismos de solidaridad obligatoria del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, además de implementar su propia estrategia de externalización mediante centros de retención en terceros países.
Por el contrario, el Ejecutivo español de Pedro Sánchez rechaza los traslados automáticos forzosos y prioriza la dimensión exterior de la migración. La postura de Madrid se centra en canalizar fondos comunitarios para sellar acuerdos bilaterales de seguridad y cooperación económica con estados emisores y de tránsito clave, como Marruecos, Mauritania, Gambia y Senegal, con el objetivo de contener los flujos directamente en origen..
¿Puede Italia cerrar Schengen con España?
Jurídicamente, Italia carece de competencias para suspender de forma unilateral o definitiva el espacio Schengen con España, ya que la exclusión de un Estado miembro no está contemplada en el derecho comunitario. No obstante, el Gobierno de Roma puede invocar el artículo 25 del Código de Fronteras Schengen para reintroducir controles policiales en sus fronteras interiores por un plazo inicial máximo de 30 días en caso de emergencias imprevistas, o de hasta 6 meses ante amenazas previsibles.
De persistir el riesgo, la normativa europea permite prorrogar de forma justificada estos controles hasta un tope máximo de dos años, ampliable excepcionalmente a tres. Cualquier restricción que aplique el Ejecutivo italiano debe justificarse bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, y ser formalmente notificada a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros, demostrando que la crisis migratoria constituye una amenaza real, grave y directa para su seguridad interior.
La propuesta italiana abre, por tanto, más un conflicto político que una ruptura inmediata del sistema europeo de libre circulación. Su impacto dependería de si Roma transforma sus declaraciones en una petición formal y de cómo responden las instituciones comunitarias. @mundiario
