Juez declara en rebeldía a “La Torita” por caso de presunta difamación contra Faride Raful

Santo Domingo- El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, declaró en rebeldía a Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida popularmente como “La Torita”, quien enfrenta acusaciones por presunta difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La información fue ofrecida por el abogado de la funcionaria, Miguel Valerio, quien explicó que el tribunal también emitió una orden de conducencia contra Jorge Pérez, luego de que esta no compareciera a la audiencia pautada para el conocimiento del juicio preliminar.

“Se le puso una rebeldía a la señora Ingrid Jorge y el día 1 de julio se va a ejecutar el contrato de fianza. Nosotros dijimos que siempre hemos estado abiertos a una solución alterna al conflicto, pero ante la no presencia de ella en tres audiencias, el juez declaró la rebeldía”, manifestó Valerio.

De acuerdo con el Ministerio Público, la comunicadora habría incurrido en difamación e injurias públicas de manera sistemática mediante medios electrónicos, con el alegado propósito de desacreditar públicamente y afectar la honra personal y familiar de la ministra Raful.

Entre los hechos señalados en la solicitud de medida de coerción figura la difusión de declaraciones realizadas en un programa matutino y posteriormente publicadas en Instagram, donde, según el expediente, Jorge Pérez atribuyó a la funcionaria supuestos vínculos con delitos graves sin presentar pruebas que sustentaran dichas afirmaciones.

Durante el proceso investigativo, el Ministerio Público indicó que recopiló diversas evidencias para sustentar la denuncia, entre ellas un informe técnico pericial y un análisis audiovisual de video.

El caso recibió una calificación jurídica provisional por presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, normativa que sanciona la difamación e injuria pública a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales.

Asimismo, las autoridades señalaron una presunta violación al artículo 367 del Código Penal Dominicano, relacionado con los delitos de difamación e injuria pública.