La tragedia de las madres buscadoras en México: más de 132.000 desaparecidos y un Estado desbordado

En México, la desaparición no es solo un delito. Es una maquinaria que devora familias enteras y convierte la vida cotidiana en una espera interminable. En apenas 72 horas, el país ha asistido a un retrato brutal de su propia herida abierta: Cecilia García Ramblas, buscadora en Guanajuato, fue secuestrada y hallada muerta; Cecilia Patricia Flores, en Sonora, logró finalmente enterrar los restos de uno de sus hijos tras siete años de búsqueda; y el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada elevó el caso mexicano a la Asamblea General por indicios de crímenes de lesa humanidad.

La cifra estremece por sí sola. Más de 132.000 personas desaparecidas en dos décadas. Pero el verdadero impacto no está en el número, sino en lo que implica: miles de hogares suspendidos en el limbo, sin duelo, sin justicia y sin certezas.

 

Las buscadoras como último eslabón del Estado

Lo más inquietante de esta crisis es que la búsqueda recae, en gran parte, sobre las propias familias. Madres, hermanas y padres que, con palas y manos desnudas, rastrean campos, carreteras y ranchos donde puede haber fosas clandestinas. Es un fenómeno que debería avergonzar a cualquier democracia. Si el Estado no puede garantizar el derecho básico a saber dónde está una persona desaparecida, entonces el contrato social queda reducido a papel mojado.

En Guanajuato, uno de los estados más violentos desde 2019, las desapariciones se han multiplicado y la situación es tan generalizada que prácticamente no hay municipio sin denuncias. La consecuencia es evidente: buscar se convierte en un acto de alto riesgo. Según organizaciones como Artículo 19, ya son al menos 35 las personas buscadoras asesinadas. No se mata solo por silenciar, se mata también para sembrar miedo y desmovilizar a quienes siguen escarbando en la verdad.

La advertencia de la ONU y el intento de maquillar cifras

La ONU ha sido clara al señalar indicios fundados de desapariciones forzadas con posible participación o aquiescencia de autoridades. Esta acusación es gravísima porque rompe la coartada de que todo es obra exclusiva del crimen organizado. Cuando un Estado mira hacia otro lado, o cuando sus instituciones son infiltradas, la desaparición deja de ser un hecho aislado y se convierte en un sistema.

La respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido rechazar el informe por “tendencioso”, subrayando que se centra en periodos anteriores. Sin embargo, el problema no es solo histórico, es presente. Y lo empeora la reciente “reinterpretación” del registro nacional, que en la práctica reduce a 43.128 los casos considerados plenamente confirmados. El resto queda en categorías burocráticas que, para una madre que busca a su hijo, suenan a excusas. El dato más alarmante es otro: apenas se abrieron investigaciones en 3.869 casos de esos 43.128.

Las cifras no son neutrales. Contar menos también es una forma de desaparecer.

El país que se acostumbra al horror

México vive una crisis forense paralela: miles de cuerpos sin identificar, acumulados como si fueran paquetes olvidados. En ese escenario, las madres buscadoras son una metáfora dolorosa del país entero, caminando sobre tierra removida, intentando rescatar nombres de un cementerio sin lápidas.

La solución no pasa por discursos defensivos ni por mover números de una columna a otra. Hace falta protección real para colectivos de búsqueda, fiscalías con recursos, bases de datos fiables, coordinación nacional efectiva y voluntad política para investigar también las complicidades institucionales. Porque mientras buscar a un desaparecido siga siendo más peligroso que desaparecerlo, la impunidad seguirá mandando.

México no necesita más estadísticas pulidas. Necesita verdad, justicia y un Estado que no obligue a las madres a convertirse en detectives y sepultureras de sus propios hijos. @mundiario