Costa Rica ha iniciado una nueva etapa política marcada por la continuidad, pero también por una ambición de cambio estructural sin precedentes recientes en su historia democrática. Laura Fernández Delgado, convertida ya en la presidenta número 50 del país centroamericano, asumió el cargo con un discurso que combina tres grandes ejes, la defensa del legado de Rodrigo Chaves, la promesa de una ofensiva contundente contra el crimen organizado y la idea de construir una “Tercera República” que redefina el funcionamiento institucional del Estado.
La investidura de Fernández no representa un simple relevo presidencial. Más bien simboliza la consolidación de un proyecto político que comenzó en 2022 con la irrupción de Chaves y que ahora busca afianzarse con una mayoría calificada, un gabinete prácticamente continuista y una narrativa política orientada contra las élites tradicionales, los partidos históricos y parte de las instituciones públicas.
El resultado es un escenario político nuevo para Costa Rica, un país tradicionalmente identificado con la estabilidad democrática, el equilibrio institucional y los consensos moderados, pero que ahora entra en una fase de polarización política más intensa y de reformas de gran alcance.
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Una presidencia bajo la sombra de Rodrigo Chaves
La figura de Chaves continúa siendo el eje central del oficialismo costarricense. Aunque dejó formalmente la presidencia, su nombramiento como ministro de Finanzas y titular de la Presidencia lo sitúa en el corazón del nuevo Ejecutivo. La oposición y numerosos analistas interpretan este movimiento como una fórmula de cogobierno inédita en la política reciente del país.
Fernández no ha tratado de distanciarse de esa influencia. Al contrario, la reivindicó abiertamente durante su discurso de investidura. “Mi promesa no es solo administrar la herencia, sino multiplicarla”, afirmó ante miles de simpatizantes congregados en el Estadio Nacional de San José.
La nueva mandataria, de 39 años, construyó buena parte de su trayectoria política dentro de la Administración. Su ascenso desde cargos técnicos en la burocracia estatal hasta posiciones ministeriales consolidó una relación de confianza con el presidente saliente, que ahora se traduce en un modelo de continuidad casi total.
Esa continuidad también queda reflejada en el gabinete. La mayoría de los ministros permanecen en sus cargos y el oficialismo conserva además una posición dominante en la Asamblea Legislativa tras la victoria electoral de Partido Pueblo Soberano (PPS), formación conservadora que obtuvo 30 de los 57 escaños.
La “Tercera República”: reforma o ruptura institucional
El concepto más llamativo del discurso presidencial fue, sin duda, la promesa de construir una “Tercera República”. Aunque Fernández no detalló un calendario concreto ni explicó todas las reformas previstas, sí dejó claro que su objetivo es impulsar cambios profundos en la estructura institucional costarricense, una de las dos democracias latinoamericanas más sólidas.
La expresión tiene una fuerte carga simbólica. Supone cuestionar el modelo político surgido tras la guerra civil de 1948 y la posterior consolidación del sistema democrático costarricense, considerado durante décadas uno de los más estables del mundo.
Para el oficialismo, el actual sistema institucional se ha vuelto excesivamente burocrático, lento e incapaz de responder a las demandas ciudadanas en materias como seguridad, crecimiento económico o gestión pública. Fernández insistió en que el Estado necesita una modernización profunda y criticó el elevado número de instituciones públicas existentes.
Sin embargo, los sectores opositores interpretan estas propuestas con preocupación. Temen que bajo el argumento de la eficiencia se debiliten mecanismos de control democrático, se concentre poder en el Ejecutivo y se intensifique la confrontación con otros poderes del Estado, especialmente el Judicial.
El tono empleado por el oficialismo hacia jueces y magistrados durante los últimos años alimenta esas inquietudes. La nueva presidenta insistió en que el Poder Judicial ha sido incapaz de responder al avance del crimen organizado y sugirió reformas para endurecer las políticas de seguridad y limitar lo que considera excesivas garantías para los delincuentes.
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Seguridad y narcotráfico
La inseguridad se ha convertido en el principal motor político del nuevo Gobierno. Costa Rica atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente en materia de violencia, con un crecimiento sostenido de homicidios, expansión del narcotráfico y mayor presencia de organizaciones criminales internacionales.
Fernández ha decidido convertir ese problema en la piedra angular de su mandato. Durante su discurso prometió medidas de “mano dura”, anunció la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño y defendió un endurecimiento del sistema penal.
La referencia implícita al modelo de Nayib Bukele no es casual. Aunque el presidente salvadoreño no asistió a la ceremonia, la sintonía política entre ambos gobiernos es evidente. El oficialismo costarricense considera que parte del respaldo popular obtenido por Bukele se explica por su capacidad para ofrecer respuestas rápidas frente al crimen, aunque esas políticas hayan sido criticadas por organismos internacionales de derechos humanos.
La gran incógnita será hasta qué punto Costa Rica está dispuesta a asumir un modelo de seguridad más agresivo y menos garantista. La tradición política costarricense ha estado históricamente ligada al respeto institucional y a la defensa de libertades civiles. El nuevo Gobierno apuesta, en cambio, por un discurso más duro y confrontativo. @mundiario
