Malí al borde: la ofensiva coordinada entre rebeldes pone en jaque a la Junta militar

La crisis de seguridad en Mali se encuentra en una fase crítica tras una de las ofensivas insurgentes más amplias de los últimos años, marcada por un golpe de alto impacto político: el asesinato del ministro de Defensa, Sadio Camara.

El ataque, atribuido a un grupo vinculado a Al Qaeda, no solo elimina a una de las figuras clave de la junta militar, sino que también simboliza la vulnerabilidad del aparato estatal frente a una insurgencia cada vez más coordinada y extendida por todo el territorio nacional.

La muerte de Camara, presuntamente causada por un coche bomba en las inmediaciones de su residencia en Kati —epicentro militar cercano a la capital, Bamako—, se produce en paralelo a ataques simultáneos en múltiples regiones del país. Desde el norte, con la estratégica ciudad de Kidal dominada, hasta el centro y las cercanías de la capital, los combates reflejan una ofensiva multifrente que desafía directamente la narrativa oficial de control territorial por parte del Ejército.

Este episodio no puede entenderse como un hecho aislado. La operación insurgente combina la acción de grupos yihadistas, como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), con rebeldes tuareg, en una alianza táctica que recuerda a la ofensiva de 2012. Entonces, esa convergencia permitió el colapso del control estatal en el norte del país. Hoy, el patrón se repite, pero con un elemento adicional: la proyección de la violencia hacia el corazón político y militar de Mali.

El impacto de esta ofensiva reside tanto en su dimensión militar como simbólica. Por un lado, los ataques coordinados —incluyendo asaltos a instalaciones militares, al aeropuerto de Bamako y a posiciones estratégicas en regiones como Mopti, Gao o Sévaré— evidencian una capacidad operativa sofisticada.

Por otro, la muerte del ministro de Defensa supone un golpe directo a la estructura de poder de la junta liderada por Assimi Goïta, que había construido su legitimidad precisamente sobre la promesa de restaurar la seguridad.

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La figura de Sadio Camara era central en ese proyecto. Arquitecto de la estrategia militar tras los golpes de Estado de 2020 y 2021, había impulsado una reconfiguración del sistema de defensa, incluyendo la ruptura con Francia y el acercamiento a Rusia. Bajo su liderazgo, Mali apostó por el apoyo de Rusia y mercenarios —primero del grupo Wagner y luego del llamado Africa Corps— para reforzar sus capacidades frente a los grupos armados.

Su muerte deja un vacío estratégico en un momento crítico, especialmente cuando su operación de “reconquista del territorio” parecía estar en una fase decisiva.

Sin embargo, la ofensiva insurgente también pone en cuestión la eficacia de ese giro geopolítico. A pesar del respaldo externo, los ataques recientes muestran que el Estado maliense no ha logrado contener la expansión de los grupos armados. De hecho, la aparente retirada de fuerzas rusas de ciertas posiciones en el norte, tras acuerdos con insurgentes y necesidad de ir al frente en Ucrania, sugiere una dinámica más compleja sobre el terreno.

El contexto histórico refuerza esta lectura. Desde la independencia en 1960, Mali ha atravesado ciclos recurrentes de inestabilidad, con el norte —la región del Azawad— como epicentro de tensiones entre el poder central y las aspiraciones autonomistas tuareg. La irrupción del yihadismo en la última década transformó ese conflicto en una amenaza híbrida, donde convergen reivindicaciones territoriales, agendas ideológicas y redes transnacionales.

 

El objetivo fundamental es la creación de un Estado independiente o la obtención de una amplia autonomía en Azawad. Los tuaregs consideran que esta región, que representa cerca del 60 % del país, les pertenece históricamente; asimismo, denuncian una marginación sistemática por parte del Gobierno de Bamako en cuanto a desarrollo, infraestructuras y representación política.

La ruptura del acuerdo de paz de 2015 y la salida de fuerzas occidentales han contribuido a reconfigurar el tablero. En ese vacío, los grupos armados han ganado margen de maniobra, extendiendo su presencia hacia el centro y el sur del país. La ofensiva actual parece confirmar esa tendencia: ya no se trata solo de controlar territorios periféricos, sino de desafiar directamente al Estado en sus centros neurálgicos.

A nivel político, la situación deja a la junta en una posición delicada. La imposición de un toque de queda en Bamako y las declaraciones oficiales sobre la “neutralización” de centenares de atacantes contrastan con la percepción de inseguridad creciente. La falta de una respuesta pública inmediata del líder militar refuerza la sensación de incertidumbre en un momento en que la legitimidad del régimen depende, en gran medida, de su capacidad para garantizar estabilidad.

En paralelo, la reacción internacional —condenas de la ONU, la Unión Europea y otros actores— subraya la preocupación por una posible escalada regional. Mali forma parte de un Sahel cada vez más volátil, donde la convergencia de crisis políticas, económicas y de seguridad genera un entorno propicio para la expansión de grupos armados y el desplazamiento forzado de la población civil. @mundiario

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