Milei recula ante la presión social y retira dos medidas clave de su reforma

El proyecto impulsado por el Ejecutivo argentino ha terminado llegando al Senado muy lejos de su planteamiento inicial. La conocida como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada perdió por el camino dos de los apartados que habían generado mayor rechazo: la modificación de las restricciones para adquirir tierras rurales y la reforma del régimen de protección de las zonas quemadas.

La primera propuesta pretendía ampliar considerablemente las posibilidades de adquisición de terrenos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. El límite actual establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras a escala nacional, provincial y municipal, además de existir restricciones específicas en determinadas áreas agrícolas.

El Ejecutivo había planteado elevar ese porcentaje hasta el 25% y eliminar también algunas limitaciones relacionadas con terrenos situados junto a grandes masas de agua permanentes. Sin embargo, la falta de apoyos suficientes hizo que el Gobierno retirase esta parte del proyecto antes de la votación definitiva.

La decisión no logró frenar las protestas. Para numerosos sectores sociales y organizaciones ecologistas, el debate iba mucho más allá de una cuestión económica: estaba en juego el control sobre recursos estratégicos y territorios considerados especialmente sensibles.

El fuego, los bosques y el temor a perder protección ambiental

La segunda gran batalla se centraba en la normativa sobre terrenos afectados por incendios. La legislación vigente contempla periodos durante los cuales las superficies quemadas no pueden cambiar fácilmente de uso, una protección concebida para impedir que un incendio termine convirtiéndose en la puerta de entrada a nuevas explotaciones agrícolas, ganaderas o inmobiliarias.

La reforma planteaba eliminar varias de esas salvaguardas. Entre ellas figuraba la protección durante décadas de bosques, humedales y áreas naturales afectadas por el fuego, además de restricciones para desarrollar proyectos inmobiliarios o actividades agropecuarias sobre determinados terrenos incendiados.

El asunto adquirió una dimensión especial en la Patagonia, donde los incendios y la gestión de grandes extensiones de territorio llevan años provocando enfrentamientos políticos y sociales. El rechazo se vio además reforzado por la preocupación existente en torno a otras reformas ambientales promovidas por Milei.

Entre ellas destaca el cambio en la legislación sobre glaciares, que ha generado críticas por el papel otorgado a las provincias a la hora de determinar las zonas que deben quedar bajo protección. Para sus detractores, el conjunto de reformas puede reducir los mecanismos de defensa de algunos de los principales recursos naturales del país.

Milei salva el núcleo de su proyecto sobre la propiedad

Aunque el Gobierno tuvo que renunciar a dos de sus capítulos más conflictivos, la iniciativa no quedó vacía. El Senado argentino aprobó, tras una sesión de 13 horas, una versión recortada del proyecto por 37 votos frente a 33.

Entre las medidas que sí avanzaron figura una modificación del procedimiento frente a las ocupaciones ilegales. Los desalojos podrán tramitarse mediante un procedimiento judicial más rápido, con el objetivo de acortar los plazos para recuperar inmuebles ocupados.

También se introducen límites adicionales a la capacidad del Estado para expropiar propiedades. La Administración deberá justificar con mayor precisión la existencia de una utilidad pública y garantizar al propietario una indemnización que contemple tanto el valor del bien como el lucro cesante.

El desenlace parlamentario deja así una lectura política clara: Milei ha conseguido sacar adelante parte de su agenda, pero ha tenido que retirar dos medidas especialmente sensibles ante la combinación de presión social y falta de votos. Las protestas, marcadas por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y una docena de detenidos, han demostrado que la reforma de la propiedad se ha convertido en uno de los nuevos focos de tensión entre el Gobierno argentino y una parte de la sociedad. @mundiario