Ni demócratas ni republicanos: Trump se queda solo defendiendo el diésel de Putin

Donald Trump ha abierto un nuevo frente político dentro de su propio partido al defender el acuerdo energético alcanzado con Vladímir Putin para facilitar la comercialización de diésel ruso. Lo que la Casa Blanca presenta como una medida de emergencia para aliviar los precios del combustible se ha convertido en una disputa sobre las sanciones contra Moscú, el apoyo estadounidense a Ucrania y los límites del poder presidencial para modificar una política aprobada por el Congreso.

La oposición ya no procede únicamente de los demócratas. El martes 13 de octubre, doce senadores —seis republicanos y seis demócratas— reclamaron formalmente a Trump que revoque la decisión. En su carta, sostienen que permitir a Rusia vender diésel con menos restricciones perjudica la seguridad estadounidense y beneficia económicamente a un Gobierno que continúa su ofensiva contra Ucrania.

«Este acuerdo es un regalo a nuestro adversario y una traición a nuestros aliados; debe ser revocado», escribieron los legisladores. La contundencia de la frase refleja la dimensión del conflicto: una decisión presentada como pragmática por el presidente está poniendo en cuestión la coherencia de la estrategia estadounidense frente a Moscú.

Entre los republicanos firmantes figuran Mitch McConnell, Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis, John Cornyn y Alan Armstrong. Varios ya habían cuestionado públicamente la iniciativa durante el fin de semana. Su pronunciamiento conjunto con los demócratas amplía una contestación poco habitual a una decisión de política exterior de Trump, especialmente en un partido que durante buena parte de su presidencia ha respaldado sus principales iniciativas.

El pacto se anunció después de una conversación entre Trump y el presidente ruso. El mandatario estadounidense defendió la operación como una forma de aumentar la oferta de combustible y reducir los precios, que se han disparado en un contexto de tensión energética internacional, incluida la guerra con Irán.

El Departamento del Tesoro publicó el 9 de octubre la licencia general 135, que autoriza determinadas operaciones relacionadas con la venta, entrega, descarga e importación de diésel de origen ruso. La medida abre una excepción temporal a las restricciones que afectan al comercio energético con Rusia. Según las cifras difundidas sobre el acuerdo, Moscú podría colocar en el mercado hasta 4,8 millones de toneladas de combustible, equivalentes a cerca de 36 millones de barriles, hasta mediados de abril.

La autorización permite que el diésel ruso vuelva a circular por canales comerciales antes restringidos, pero eso no significa necesariamente que todo ese volumen vaya a ser comprado directamente por Estados Unidos. Trump ha insistido en que el combustible se distribuirá en el mercado internacional, no exclusivamente en el estadounidense.

La diferencia importa porque el presidente presenta el pacto como una herramienta para aliviar el coste de la energía, mientras sus críticos sostienen que la flexibilización de las sanciones permite a Rusia obtener ingresos adicionales para la guerra. Aunque parte del combustible termine en otros mercados, el acceso a más compradores puede mejorar las posibilidades comerciales de los exportadores rusos y facilitar la entrada de divisas en su economía.

La cuestión es si esa ventaja económica para Moscú compensa el beneficio que Washington espera obtener para los consumidores. Para los senadores críticos, el cálculo no sale a cuenta: la contribución del acuerdo a una reducción de precios sería limitada, mientras que el alivio para las finanzas rusas llega en plena guerra.

La rebelión republicana y el problema de las sanciones

La controversia no se limita a la política exterior. También afecta al cumplimiento de la legislación estadounidense. El Congreso prohibió en 2022 las importaciones de energía rusa como respuesta a la invasión de Ucrania. Además, recientemente aprobó nuevas herramientas de presión económica contra Rusia y los países que contribuyen a sostener sus exportaciones energéticas.

Los senadores contrarios al pacto sostienen que la decisión de Trump contradice ese marco legal. Collins, Murkowski y Tillis, junto con el republicano John Curtis y los demócratas Jeanne Shaheen y Richard Blumenthal, ya habían reclamado el domingo que la Administración diera marcha atrás. Consideran que la Casa Blanca no ha explicado suficientemente el fundamento jurídico de la excepción ni ha consultado al Congreso como, según ellos, exige la legislación aplicable.

El Ejecutivo dispone de mecanismos legales para autorizar determinadas operaciones mediante licencias, pero la discusión reside en si la medida concreta se ajusta a las normas vigentes y a las condiciones que el Congreso estableció. Por ahora, la oposición parlamentaria expresa una objeción jurídica y política; no equivale por sí sola a una sentencia judicial que declare ilegal el acuerdo.

El choque es especialmente significativo porque varios republicanos habían presionado durante meses para endurecer las medidas contra Moscú. El nuevo pacto parece invertir esa lógica: mientras el Congreso buscaba reducir los ingresos energéticos rusos, la Administración flexibiliza restricciones para aumentar la oferta comercial de combustible.

El senador John Barrasso, uno de los aliados de Trump, ha defendido que el presidente debe equilibrar dos objetivos: poner fin a la guerra y reducir los costes que afrontan las familias estadounidenses. Sin embargo, incluso entre los republicanos que respaldan esa explicación existe un problema político evidente: si las sanciones se presentan como una herramienta para obligar al Kremlin a cambiar de conducta, relajarlas sin una concesión rusa claramente identificada puede debilitar la presión negociadora.

El argumento central de Trump es económico y electoral. El encarecimiento del combustible supone un problema para su Administración porque repercute en el transporte, la agricultura, la logística y el coste de numerosos productos. El diésel tiene una importancia particular para los camioneros, los agricultores y las empresas que dependen del transporte de mercancías.

De cara a las elecciones legislativas de mitad de período programadas para el 3 de noviembre, las proyecciones de una estabilización en los precios de los energéticos representan un oxígeno político directo para la administración de Donald Trump y los candidatos republicanos que defienden distritos clave altamente competitivos. Sin embargo, el impacto macroeconómico y la verdadera efectividad del controvertido pacto firmado por la Casa Blanca, están bajo intenso debate tanto en el Congreso como entre expertos. Esta medida de emergencia responde directamente a la crisis energética provocada por el conflicto con Irán en el estrecho de Ormuz, que disparó el precio del diésel industrial por encima de los 6 dólares el galón.

En declaraciones al medio estadounidense The Hill, Alex Jacquez, actual Vicepresidente Sénior de Política, Defensa e Investigación del centro de estudios Groundwork Collaborative, advierte de que la medida implica un alto coste geopolítico. Sus análisis estiman que la reactivación de estos flujos comerciales inyectará cerca de 400 millones de dólares adicionales a la economía rusa, lo que representa un alivio financiero relevante para las arcas del Kremlin, aunque insuficiente por sí solo para reestructurar de forma drástica la capacidad militar rusa en el frente ucraniano. De manera paralela, Jacquez anticipa un escenario frustrante para el electorado norteamericano: dado que el volumen acordado equivale apenas a medio día de la demanda estadounidense, el efecto real de este acuerdo sobre el mercado local de combustibles será marginal, diluyendo la promesa de un alivio inflacionario inmediato antes de que se abran las urnas.

Ucrania, Putin y el coste estratégico del pacto

Para Kiev, el acuerdo supone un problema que va más allá del volumen concreto de diésel. La estrategia occidental de sanciones pretende reducir los recursos con los que Rusia financia la guerra y aumentar el coste económico de mantenerla. Si Washington permite nuevas operaciones comerciales sin obtener compromisos verificables de Moscú, la señal puede interpretarse como una reducción de la presión estadounidense.

Trump tampoco ha respondido directamente a la pregunta de si Rusia podría utilizar los ingresos obtenidos para comprar más armamento. Su argumento es que el combustible se distribuirá en el mercado mundial y no se destinará exclusivamente a Estados Unidos. Pero esa distinción comercial no elimina el efecto potencial sobre los ingresos rusos: el dinero obtenido por las exportaciones es fungible y contribuye a sostener la economía del país, aunque no pueda vincularse automáticamente cada venta con una compra militar específica.

El pacto también genera inquietud entre los aliados europeos, que han mantenido restricciones energéticas y apoyado a Ucrania con ayuda militar y financiera. Si Washington adopta una política más flexible con Moscú mientras exige a Kiev que limite sus ataques contra refinerías rusas, la relación entre los objetivos declarados de negociación y las condiciones impuestas a cada parte se vuelve más difícil de explicar.

No todos los republicanos comparten la misma visión de la guerra. Algunos consideran prioritario evitar una implicación estadounidense prolongada y reducir los costes energéticos. Otros mantienen una posición más dura frente a Putin, por razones de seguridad nacional, compromiso con los aliados y defensa de la política de sanciones aprobada por el propio Congreso.

La carta de los doce senadores demuestra que esa segunda corriente no ha desaparecido. También pone a prueba la capacidad de Trump para convertir la disciplina partidista en respaldo automático a sus decisiones. Cuando seis miembros de su propia formación reclaman que retire un acuerdo anunciado personalmente con Putin, la disputa deja de ser una crítica aislada y se transforma en un desafío político visible. @mundiario