Esto había llevado a Amnistía Internacional a declarar el pasado viernes tanto a Maradiaga como a otros nueve líderes opositores detenidos como desaparecidos forzosos.
La falta de noticias concluyó este martes cuando el régimen permitió visitar, por espacio de treinta minutos en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como el ‘Nuevo Chipote’, a Maradiaga y a otros precandidatos –Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro–, así como a otros líderes opositores –Dora María Téllez, Tamara Dávila, Violeta Granera…–, informa el ‘Confidencial’.
Según han declarado algunos de los familiares o personas que han tenido acceso a los detenidos, habrían perdido entre 10 y 12 kilos de peso durante estos tres meses de cautiverio. Maradiaga trasladó que si bien no había sido golpeado ni torturado físicamente después de su arresto inicial, sí habría sido «torturado psicológicamente» y «sometido a frecuentes y duros interrogatorios», según un comunicado emitido por Valle. «Durante el primer mes de su desaparición, estuvo recluido en confinamiento solitario». Tambien pidió a su familia que transmitiera su mensaje al mundo: «Soy fuerte, tengo fe y le rezo a Dios por Nicaragua».
En los últimos días, ante el final de la prisión provisional de 90 días dictados por la Fiscalía, el régimen ha imputado formalmente a varios de los precandidatos y líderes opositores, acusándoles de ‘conspiración’. Los últimos han sido los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza y la ex primera dama, María Fernanda Flores Lanza (mujer del expresidente Arnoldo Alemán, que en su día contribuyó a aupar en el poder a Ortega).
A puerta cerrada
En el comunicado emitido por Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, estas denunciaron la intención del régimen, según habían sido informadas, de celebrar mañana la audiencia preliminar sobre los cargos «de menoscabo a la integridad nacional y conspiración» a puerta cerrada, sin la presencia de la familia, y «no en un tribunal de justicia sino en la prisión de El Chipote». Según el abogado de ambos precandidatos, Jared Genser, se enfrentan «a entre 15 y 25 años de prisión por haber criticado repetidamente al régimen de Ortega y por haber sido abiertos defensores de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.»

