Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de las últimas décadas. El presidente Rodrigo Paz ha advertido abiertamente de que la situación “está llegando al límite” después de casi un mes de protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos que han paralizado parcialmente el país y agravado una crisis económica que ya era considerada la más grave en cuarenta años.
El mandatario, que llegó al poder hace apenas seis meses con un discurso centrado en la estabilidad económica y la recuperación institucional, enfrenta ahora una creciente presión social y política que bebe del desgaste económico, el malestar popular y la polarización heredada de los últimos años. En ese contexto, Paz ha optado por lanzar llamamientos al diálogo y advertencias cada vez más contundentes sobre el posible uso de mecanismos constitucionales extraordinarios para restablecer el orden público.
La tensión se intensificó especialmente después de que el Congreso eliminara las restricciones legales que limitaban el alcance de los estados de excepción, una medida que abre la puerta a una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y que ha generado preocupación entre sectores políticos y organizaciones sociales.
Las movilizaciones que comenzaron exigiendo respuestas económicas se han transformado progresivamente en un cuestionamiento abierto contra la legitimidad del Gobierno de Paz, que ganó en el primer balotaje en la historia reciente del país. Campesinos, sindicatos, transportistas, maestros y organizaciones indígenas azuzados por el expresidente izquierdista, Evo Morales, coinciden en denunciar el deterioro del poder adquisitivo, la escasez de combustible y alimentos, así como el incremento constante del costo de vida.
Bolivia sufre desde 2023 una grave crisis financiera marcada por el agotamiento de reservas internacionales, dificultades para acceder a divisas y un aumento sostenido de la inflación. Aunque el país logró durante años mantener cierta estabilidad macroeconómica, el actual escenario ha puesto bajo presión el modelo económico boliviano y ha deteriorado la confianza ciudadana.
La Paz y El Alto, epicentro de la presión social
El propio Paz reconoció que las pérdidas derivadas de los bloqueos ya superan los 600 millones de dólares, una cifra que el Ejecutivo considera especialmente alarmante en un contexto de fragilidad económica estructural. El presidente incluso comparó el impacto de la actual crisis con los efectos de la pandemia de covid-19, reflejando así la gravedad con la que el Gobierno percibe el momento político y social. Sin embargo, los intentos del Ejecutivo por rebajar la tensión han tenido escaso impacto. El anuncio de la reducción voluntaria del salario presidencial fue interpretado por amplios sectores como un gesto simbólico insuficiente frente a problemas mucho más profundos relacionados con el paro, la inflación y el abastecimiento.
Las ciudades de La Paz y El Alto concentran gran parte de la tensión política. Las protestas diarias, los cortes de carreteras y las huelgas parciales del transporte han alterado el funcionamiento habitual de ambas urbes, generando problemas de suministro y aumentando el nerviosismo entre la población. Uno de los elementos más relevantes del actual conflicto es la amplitud de los sectores movilizados. Las marchas indígenas, encabezadas en muchos casos por mujeres campesinas, se han unido a protestas de transportistas, docentes y colectivos urbanos, reflejando un malestar transversal que trasciende las tradicionales divisiones políticas bolivianas.
A ello se suma el creciente desgaste institucional. La oposición acusa al Gobierno de incapacidad para gestionar la crisis económica, mientras que el oficialismo denuncia intentos de desestabilización y responsabiliza parcialmente al entorno del expresidente Morales de alimentar las protestas. La polarización política vuelve así a ocupar un lugar central en Bolivia, un país que arrastra desde hace años profundas fracturas internas derivadas de disputas sobre legitimidad institucional, modelo económico y representación política tras la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).
La polémica ley que amplía el margen del estado de excepción
Uno de los puntos más delicados de la crisis ha sido la aprobación de la Ley 1731, que elimina restricciones previamente existentes para la aplicación de estados de excepción y la participación militar en conflictos internos. La norma deroga una legislación aprobada tras la crisis política de 2019 y el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, precisamente con el objetivo de limitar posibles excesos en el uso de las Fuerzas Armadas frente a protestas sociales.
La nueva ley ha sido defendida por sectores oficialistas y parte de la oposición parlamentaria como una herramienta necesaria para recuperar el control institucional y garantizar el funcionamiento del país. Sus defensores sostienen que Bolivia enfrenta un intento de ruptura del orden democrático mediante bloqueos prolongados y acciones de presión social. Sin embargo, críticos de la medida advierten del riesgo de una escalada represiva y temen que la ampliación de poderes excepcionales pueda agravar aún más el conflicto social.
Hasta el momento, Paz no ha decretado formalmente un estado de excepción, pero sus declaraciones han dejado claro que el Gobierno contempla todas las herramientas constitucionales disponibles si la situación continúa deteriorándose.
El presidente boliviano insiste en que la salida debe ser negociada. “El país necesita orden”, afirmó durante un foro económico y social en La Paz, al tiempo que convocaba nuevamente a los sectores movilizados a sentarse en una mesa de diálogo. Sin embargo, los intentos de negociación han fracasado hasta ahora. Las convocatorias impulsadas por el Ejecutivo apenas han contado con participación parcial de actores institucionales, mientras muchos dirigentes sociales mantienen su exigencia de dimisión presidencial o cambios profundos en la política económica. @mundiario
