La decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con Irán supone uno de los movimientos de política exterior más contundentes del recién estrenado Gobierno de Keiko Fujimori. Lima acusa a Teherán de contribuir a la escalada de violencia en Oriente Próximo, obstaculizar la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), deteriorar las libertades democráticas y alterar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Pero el anuncio tiene una segunda lectura inevitable: llega después de que Fujimori haya situado el acercamiento a Donald Trump entre las prioridades de su política internacional.
La ruptura no significa, sin embargo, el cierre completo de todos los canales entre ambos países. La Cancillería peruana ha precisado que las relaciones consulares se mantienen, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La decisión diplomática fue comunicada a Irán mediante una nota entregada a través de su embajada en Ecuador, que ejerce como misión concurrente ante Perú.
El comunicado peruano construye una acusación que combina tres dimensiones: seguridad internacional, cuestión nuclear y derechos políticos. Lima afirma observar “con creciente consternación el deterioro” de la democracia iraní, señalando la represión de manifestaciones pacíficas, las restricciones a la libertad de prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y la persecución de opositores políticos.
A ello suma una preocupación de carácter estrictamente estratégico: el programa nuclear iraní y las dificultades para que los inspectores internacionales puedan verificar las instalaciones. Perú denuncia “su obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica, a cuyos inspectores ha negado en diferentes ocasiones el acceso a instalaciones nucleares, dificultando la verificación necesaria para evitar la producción de armas nucleares”.
El tercer elemento es el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta. Según Lima, las restricciones impuestas desde marzo de 2026 violan el derecho internacional y afectan a la libertad de navegación y al comercio, con consecuencias potenciales sobre los precios de la energía y las cadenas globales de suministro. El tráfico marítimo por la zona se ha reducido notablemente en medio de la confrontación entre Irán y Estados Unidos.
Por eso, el Gobierno peruano afirma que “rechaza igualmente de manera enérgica que Irán incite a la violencia y a la escalada de conflictos en Oriente Próximo”. La formulación es políticamente significativa porque Lima responsabiliza directamente a Teherán, aunque el comunicado evita mencionar expresamente a Estados Unidos al referirse al intercambio de ataques que ha reavivado el conflicto regional.
-
Trump redobla la apuesta militar: EE UU regresa a los ataques con nuevos bombardeos contra Irán
-
Rusia, China e India toman partido por Irán y dejan una señal sobre Ucrania
-
De la guerra con Irán a las purgas internas: ¿por qué colapsa la cúpula del Pentágono de EE UU?
Keiko Fujimori acelera su acercamiento a Washington
Conviene distinguir entre romper relaciones diplomáticas y romper relaciones consulares. La primera medida implica retirar o terminar los canales diplomáticos ordinarios entre gobiernos; la segunda afecta a la protección y asistencia de los ciudadanos de cada país.
Perú ha optado por la primera vía, pero no por la segunda. Esto permite mantener mecanismos para atender a ciudadanos peruanos en Irán y a iraníes en territorio peruano. La diferencia es relevante porque demuestra que Lima pretende enviar una señal política contundente sin eliminar por completo los instrumentos mínimos de relación bilateral.
La medida también coloca a Perú dentro de una posición particularmente definida ante la crisis de Oriente Próximo. No se trata simplemente de una condena retórica: el Gobierno de Fujimori ha elegido una de las herramientas diplomáticas más severas disponibles antes de llegar a medidas económicas o de seguridad más amplias.
El anuncio adquiere mayor relevancia cuando se observa el conjunto de la política exterior de Keiko Fujimori. Desde antes de asumir la Presidencia, la mandataria había definido a Estados Unidos como un aliado estratégico y había expresado su interés en incorporar a Perú al denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump para combatir el crimen organizado transnacional.
Fujimori ha defendido públicamente que “Al Perú nos conviene participar” en esa estructura, mientras su canciller, Carlos Espá, ha anunciado avances para la incorporación peruana.
El perfil de Espá también resulta revelador. El nuevo canciller trabajó durante quince años, entre 2008 y 2023, como director de comunicaciones en el área de prensa y cultura de la Embajada de Estados Unidos en Lima. Su designación fue interpretada como una señal del giro de la política exterior peruana hacia Washington en un momento de creciente competencia entre Estados Unidos y China en América Latina.
La aproximación no es exclusivamente ideológica. Washington y Lima tienen intereses concretos en seguridad, lucha contra el narcotráfico, control fronterizo, cooperación policial, inversión y comercio. Estados Unidos anunció tras la llegada de Fujimori una ampliación de la cooperación bilateral, incluida asistencia para reforzar controles fronterizos y penitenciarios, detección de explosivos y unidades especializadas de la Policía peruana.
El problema de Fujimori: acercarse a Trump sin perder a China
La estrategia de Keiko Fujimori tiene, sin embargo, un límite evidente. China es uno de los principales socios comerciales de Perú y una fuente fundamental de inversión, mientras que Estados Unidos constituye el socio estratégico que Lima pretende reforzar en seguridad y geopolítica. El puerto de Chancay simboliza precisamente la dimensión económica de la relación peruano-china.
Por eso, el desafío para Fujimori no consiste simplemente en escoger entre Washington y Pekín. Consiste en aproximarse a Trump sin poner en peligro una relación económica que Perú necesita mantener. El propio canciller Espá ha señalado la importancia de conservar el dinamismo de los vínculos con China, descrita como “nuestro principal socio comercial e importante fuente de inversiones”.
Ahí aparece la verdadera dificultad de la política exterior peruana. La ruptura con Irán puede reforzar la imagen de Perú como socio confiable de Washington, especialmente en un momento en que Trump está utilizando alianzas de seguridad para ampliar su influencia hemisférica. Pero la diplomacia peruana tendrá que demostrar que ese alineamiento no convierte cada decisión internacional en una extensión automática de la estrategia estadounidense.
Sin embargo, la relación con el gobierno de Donald Trump no se mide únicamente por gestos políticos. Tras la ajustada victoria electoral de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, Washington expresó oficialmente su disposición para trabajar estrechamente con la nueva mandataria. En un claro respaldo diplomático, el vicesecretario de Estado de EE UU, Christopher Landau, encabezó la delegación oficial que acudió a Lima para representarlo durante los actos de transición e investidura presidencial del pasado 28 de julio de 2026.
En ese contexto, la histórica decisión de romper relaciones diplomáticas con Irán representa tanto una postura firme sobre la crisis en Oriente Próximo como una declaración sobre el lugar que la presidenta Keiko Fujimori busca ocupar en el nuevo mapa geopolítico global. Se trata de un acercamiento que a las administraciones peruanas anteriores se les había dificultado concretar debido a la inestabilidad interna, pero que ahora sienta las bases para consolidar la inclusión del país andino en los planes promovidos por la Casa Blanca. @mundiario
