Perú vuelve a votar con una sensación que se ha convertido en habitual: la incertidumbre. La segunda vuelta presidencial enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en unas elecciones que llegan tras una década de inestabilidad permanente, presidentes destituidos, investigaciones judiciales, enfrentamientos entre poderes del Estado y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones. El próximo presidente asumirá el cargo el 28 de julio, pero el verdadero desafío comenzará al día siguiente: gobernar un país que parece haber normalizado la crisis.
La jornada electoral tiene un componente simbólico especialmente fuerte. Más de 27,3 millones de peruanos están llamados a votar obligatoriamente —salvo los mayores de 70 años— en un proceso que, lejos de despertar entusiasmo, ha estado dominado por el voto pragmático y resignado. Muchos ciudadanos admiten acudir a las urnas sin convicción, impulsados más por el rechazo al rival que por la adhesión a un proyecto político concreto.
El enfrentamiento electoral reproduce un patrón ya conocido en Perú: una competición entre proyectos ideológicos muy alejados y electorados profundamente fragmentados. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, afronta su cuarto intento de alcanzar la presidencia. Su candidatura sigue vinculada inevitablemente al legado de Alberto Fujimori: para sus seguidores representa orden y experiencia; para sus detractores, revive el recuerdo del autoritarismo y los casos de corrupción que marcaron aquella etapa.
Frente a ella aparece Roberto Sánchez, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo y dirigente de Juntos por el Perú. Su ascenso en campaña ha sido una de las sorpresas electorales, aunque llega acompañado de una acusación penal por parte de la Fiscalía y del peso político que supone haber formado parte del entorno del expresidente encarcelado tras su intento fallido de autogolpe.
El dato que mejor explica la debilidad estructural del escenario político peruano es que ambos candidatos sumaron conjuntamente menos del 30% del apoyo electoral en primera vuelta. Es decir, cualquiera que gane lo hará con un mandato condicionado desde el inicio.
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La verdadera crisis peruana no está solo en la presidencia, sino en la gobernabilidad
La elección presidencial suele acaparar toda la atención, pero la experiencia reciente demuestra que el poder en Perú ya no reside únicamente en Palacio de Gobierno. El Congreso se ha convertido en el principal árbitro político del país, acumulando una capacidad de presión institucional que ha provocado la caída sucesiva de presidentes y la paralización de reformas.
El futuro mandatario tendrá que construir acuerdos parlamentarios en un contexto especialmente complejo. El fujimorismo parte con ventaja relativa por representación legislativa, pero carece de mayoría suficiente. Sánchez tampoco dispone de un bloque capaz de garantizar estabilidad por sí solo. Esto obliga a pensar en coaliciones, pactos transversales y negociaciones permanentes.
La recuperación del Senado añade otra variable. Sus defensores creen que puede servir para introducir contrapesos institucionales y limitar el uso excesivo de figuras como la vacancia presidencial, utilizada repetidamente durante los últimos años. Sus críticos, en cambio, ven otra capa adicional de complejidad en un sistema ya saturado.
Uno de los aspectos más llamativos del caso peruano es cómo la economía y la sociedad han aprendido a convivir con la inestabilidad política. Con una economía informal que supera el 70%, millones de ciudadanos organizan su vida cotidiana asumiendo que el Estado ofrece respuestas limitadas o imprevisibles.
Esta desconexión entre política institucional y supervivencia diaria ha generado un electorado profundamente pragmático. Muchos peruanos no esperan grandes transformaciones; buscan simplemente evitar un deterioro mayor. Esa lógica explica por qué abundan expresiones como votar “tapándose la nariz”, una fórmula que refleja resignación más que participación entusiasta.
La paradoja peruana consiste precisamente en eso: mientras las instituciones atraviesan ciclos continuos de crisis, buena parte de la sociedad ha desarrollado mecanismos propios para seguir funcionando.
¿Por qué no hay un favorito claro en la segunda vuelta peruana?
La ausencia de un favorito responde a varios factores simultáneos. Primero, el elevado número de indecisos que llega a la jornada electoral sin una preferencia definida. Segundo, el fuerte rechazo que generan ambos aspirantes fuera de sus núcleos duros de apoyo. Y tercero, la volatilidad política de un país donde las campañas finales suelen alterar rápidamente las tendencias.
También pesa el desgaste acumulado. Después de casi nueve presidentes en diez años, la población parece menos dispuesta a depositar expectativas elevadas en cualquier liderazgo. Esa fatiga política convierte cada elección en un ejercicio de administración del desencanto.
La elección de este domingo trasciende la alternancia tradicional entre izquierda y derecha. Lo que está en juego es la capacidad del sistema político peruano para reconstruir cierta previsibilidad institucional.
Sea cual sea el vencedor, heredará un país con crecimiento desigual, instituciones debilitadas, fragmentación parlamentaria y una ciudadanía cansada de vivir en emergencia política permanente. El desafío ya no consiste únicamente en ganar unas elecciones, sino en romper la sensación instalada de que ningún gobierno consigue durar lo suficiente como para gobernar realmente. @mundiario
